Hasta la fecha, el IFE no ha integrado la ``comisión de especialistas'' a la que se refiere el artículo octavo transitorio del Cofipe que, se supone, elaborará una propuesta de reglamentación al voto de los ciudadanos mexicanos radicados en el extranjero. Si esta omisión no ha sido una maniobra intencional, al menos sí ha sido una grave irresponsabilidad.
Esta es una de las preocupaciones de la delegación de mexicanos residentes de Estados Unidos que se reunirá con José Woldenberg. La delegación viene a solicitarle que integre de inmediato la ``comisión de especialistas'', y a proponerle especialistas en Estados Unidos que radiquen en ese país, que es desde donde votaría la inmensa mayoría de los ciudadanos mexicanos en el extranjero.
La delegación piensa que además de demógrafos, peritos en técnica legislativa y portavoces del IFE, debe incluir especialistas, que deben ser personas genuinamente interesadas en el voto de los mexicanos en el extranjero, más empeñadas en encontrar soluciones que en buscar problemas técnicos e interpretativos.
Nadie niega que la reglamentación del voto en el extranjero es un asunto complicado; ésta es otra de las razones por las cuales nadie se ha querido involucrar en el tema. Pero precisamente por esto, es urgente empezar a ordenar ideas y recibir propuestas de la ciudadania. Pero hay que hacerlo con la convicción de que es para votar en el 2000.
Hay personas que creen que las elecciones deberían de ser organizadas por los consulados. Esto sería un grave error. Primero, los consulados no tienen la capacidad ni la disposición de hacerlo. Segundo, sería retroceder en términos del control ciudadano de los procesos electorales.
Hay gente que piensa que los partidos deben ser los organizadores de las elecciones en Estados Unidos. Esto también sería retroceder en la ciudadanización de los procesos electorales mexicanos.
¿Cómo se deben organizar las elecciones en Estados Unidos?
Lo recomendable sería crear un organismo semejante al IFE en cuanto a su composición; es decir, integrado por ciudadanos en los que puedan depositar su confianza la sociedad y los partidos políticos.
Dentro de la estructura electoral de México, este nuevo organismo quedaría bajo la jurisdicción del IFE, y sus responsabilidades serían semejantes a las que el Cofipe le atribuye a las Juntas Locales Ejecutivas, que son las delegaciones del IFE que funcionan en cada estado de la república.
Esa especie de Junta Ejecutiva de Estados Unidos sería la encargada de organizar el proceso electoral en ese país. Se apoyaría en Consejos Distritales que, de acuerdo a criterios geográficos y de densidad poblacional, se formarían en Estados Unidos. Su función sería semejante a la que el Cofipe señala para los consejos que operan en cada uno de los distritos electorales federales de México.
Los Consejos Distritales, bajo la supervisión de la junta, integrarían las Mesas Directivas de Casilla, para recibir los votos el día de la elección, lo cual puede llevarse a cabo en todos las oficinas de los consulados que México tiene en Estados Unidos, aunque no tiene por qué limitarse sólo a ellos.
Para integrar el padrón electoral en Estados Unidos se propone que el Registro Nacional de Electores (RNE) forme delegaciones imitando la estructura electoral aquí descrita, aprovechando la infraestructura consular de México en Estados Unidos. Pero tanto la integración del padrón electoral como la expedición de credenciales de elector debe mantenerse como responsabilidad de las delegaciones del RNE, y no trasladarlas a los funcionarios consulares.
Si el IFE tiene buena disposición, debe integrar de inmediato la comisión de especialistas que fueran aceptables para todos los partidos. La comisión convocaría a consultas o foros para recoger las mejores ideas sobre cómo reglamentar el voto en el extranjero. El IFE debe presentar al Congreso una propuesta de reglamentación a más tardar el próximo periodo de sesiones. El tiempo que reste entre 1998 y todo 1999 se dedicaría a montar la estructura operativa para recibir el voto de los mexicanos en el extranjero. Y el primer domingo de julio del año 2000, la elección presidencial sería aún más democrática que la de 1994, porque habría levantado el embargo a los derechos políticos de una parte importante de los ciudadanos mexicanos.
* Director de asuntos mexicanos del Comité de Servicio de los Amigos Americanos en Chicago.