La selva Lacandona ha sido territorio de formación de grandes fortunas a través de la explotación forestal desde el siglo pasado. Espacio de imbricación entre las selvas amazónica y neártica, presenta una variedad de climas y una capacidad generadora de rarezas biológicas única en América del Norte. Esto la ha convertido en una invaluable zona de estudio para el desarrollo tecnológico de frontera, además de generadora de rentas a través de la extracción o simple comercialización de sus riquezas.

Sus características naturales que la señalan como una de las zonas privilegiadas del planeta y de América del Norte, han conducido a empresarios y autoridades ambientales a realizar diagnósticos con propósitos productivos y a poner en práctica ambiciosos proyectos, como el del Grupo Pulsar de Alfonso Romo Garza.

En ambos casos, aunque con diferencias de enfoque, el centro de atención está puesto en Las Cañadas, región identificada desde 1994 como zona del conflicto.

Por lo menos ya en 1992 había una fuerte preocupación por el poblamiento de Las Cañadas, que se consideraba área de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, y se planeó la delimitación de seis corredores biológicos, identificando sus usos productivos entre los que se cuenta la extracción de maderas preciosas, el ecoturismo y la comercialización de especies. En cualquiera de sus variantes. Las Cañadas es señalado como territorio de gran potencial económico en vinculación con el mercado mundial pero subutilizado por sus pobladores. La Reserva de Montes Azules no puede ser conservada, a decir de especialistas, si no se preservan las áreas de amortiguamiento.

A pesar de que los diagnósticos señalan como los dos elementos de devastación más importantes, la actividad petrolera y la ganadera, las exploraciones de Pemex se intensifican y se presiona a las comunidades con escasas cabezas de ganado en lugar de detener a los grandes productores.

La búsqueda por ampliar la capitalización o utilización rentable de las riquezas naturales del lugar, coincidente con el incremento en el valor e importancia mundial de las mismas, llevan a impulsar proyectos modernizadores de la selva que jamás calcularon, porque tampoco les importó, la fuerza de la dignidad indígena y su profundo espíritu patriótico que los lleva a identificarse como ``los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad'' y a llamar a la lucha en contra de ``la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias''.

El levantamiento zapatista en la zona de Las Cañadas interrumpió los planes modernizadores que, a riesgo de provocar un desequilibrio ecológico mayor, y ante la evidencia de un desequilibrio social, privilegiaron el interés por la obtención de beneficios económicos sin mediar ninguna consideración acerca de la soberanía nacional y la pérdida de sus sustentos materiales.

La creación de municipios autónomos, que no son otra cosa que el reconocimiento de la pluriculturalidad, implica también el respeto por formas distintas de relacionarse con la naturaleza y de beneficiarse de sus riquezas. No se trata de una disputa de recursos valiosos entre iguales sino de dos proyectos civilizatorios distintos en los que uno privilegia la ganancia y el otro la vida.

Los Acuerdos de San Andrés que el gobierno de México se niega a reconocer, a pesar de haber participado en su elaboración y avalado con su firma la redacción definitiva, contienen un reiterado compromiso con la integridad nacional y con la facultad del pueblo de México para decidir los destinos de la Nación y sus recursos. Contienen la esperanza del pueblo de México --que participó en las discusiones o las acompañó--, en un futuro promisorio, que permita repensar y reconstruir nuestra identidad y nuestros destinos colectiva, respetuosa y democráticamente.

Elevar a rango constitucional los Acuerdos de San Andrés significa la ratificación del compromiso nacional sobre la base del reconocimiento de las diferencias, significa la preservación de la unidad territorial y la legitimación de nuestra capacidad para resolver las discrepancias y trazar el destino de México de manera soberana.