Arnaldo Córdova
Autonomías políticas

México siempre ha tenido buenos constitucionalistas y los sigue teniendo. Pero muchos de ellos tienen un pequeño problema: saben derecho, pero no saben ciencia política, y algunos ni siquiera son duchos en el estudio de la historia patria. Un ejemplo de ello son los galardonados con la Medalla al Mérito Constitucional por el Senado de la República, Juventino V. Castro y Castro, Ignacio Burgoa y Emilio O. Rabasa.

El primero dijo que las autonomías políticas son ``inadmisibles''; el segundo, que había que echar al Ejército federal contra los zapatistas y acabar así con el conflicto, y, el tercero, que la siguiente vez que venga Danielle Mitterrand habría que expulsarla del país.

En entrevista de Jesús Aranda (La Jornada, 11-II-98), Castro y Castro dice por qué le parecen inadmisibles las autonomías ``de tipo político''; éstas plantearían ``problemas de jurisdicción y competencia sumamente complicados''; ya con nuestro sistema federal, que contempla tres órbitas de poder, el asunto es muy complicado, dice el ministro de la Suprema Corte. Agregar una cuarta, la de las autonomías indígenas, representaría un problema inmanejable, pues ella ``sería muy difícil de colocar entre lo federal, lo estatal y lo municipal''. Pero va más allá: nos dice también que la autonomía indígena, ``que significa tener territorio, autoridades, leyes y sistema de aplicación de leyes, definitivamente es un Estado dentro del Estado''.

Mucho me temo que el presidente Zedillo, al expresar sus dudas sobre el alcance de las autonomías indígenas, le ha estado haciendo demasiado caso a nuestros constitucionalistas. Castro y Castro ve en ellas un elemento que va en contra de la unidad de México, cuando lo que ahora se necesita es una ``intervención política'' centralizada. Si se les quiere dar autonomía a los indios, concluye el jurista, que se limite ``a sus costumbres, su folclor, su música''. Con ese criterio, creo que abundamos en ``autonomías'', entre ellas la del famosísimo trío de ``Los Panchos''.

Castro y Castro (y, por lo que se ve a veces, también el Presidente) no sólo no sabe ciencia política, sino ni siquiera derecho constitucional. El federalismo es un tema central de esa rama del derecho y es una realidad política cada vez más extendida en el mundo. Su esencia lo son, precisamente, las autonomías locales,que no pueden ser más que políticas y a ningún buen constitucionalista en todo el mundo se le ha ocurrido pensar que las autonomías militan en contra de la unidad del Estado nacional. Todo lo contrario, a menudo son el verdadero cemento que da unidad a la enorme diversidad de la sociedad gobernada por el Estado. Justamente cuando no hay federalismo es cuando se presentan casos de ``balcanización''.

Pero el ministro Castro es también ignorante de los acuerdos de San Andrés. En ellos las autonomías se plantean como una estructura política que debe inscribirse en el sistema federal. No es una nueva ``órbita''. Es el instrumento que puede dar presencia real en el sistema político mexicano a los pueblos indígenas y, sobre todo, que puede coadyuvar a resolver los enormes problemas que ellos están padeciendo. Si leyera con atención los acuerdos, este constitucionalista reprobado en la materia, podría saber que no se planteó, de ninguna manera, que los pueblos indígenas tuvieran jueces propios, sino, simplemente, que el sistema de justicia se abriera al derecho consuetudinario de aquéllos.

La institución de las autonomías indígenas tiene otros problemas mucho más serios (que yo me permití apuntar en la época en que se firmaron los acuerdos de San Andrés en una serie de artículos que publiqué en Unomásuno), pero ninguno de ellos tiene que ver con su status constitucional. Ellas son perfectamente viables en los marcos de nuestro sistema federal, y serían de suma utilidad para promover la lucha de nuestros pueblos indios por su bienestar, su libertad y su cultura. Como rezan los mismos acuerdos de San Andrés, representarían un factor de unidad y no de dispersión o, peor aún, de disolución de los vínculos nacionales.

En los momentos en que el federalismo está siendo relanzado, proclamando mayor libertad y autosuficiencia para los estados federados y, sobre todo, para los municipios, como un capítulo mayor de la reforma del Estado, alegar que las autonomías indígenas (cuya variedad y diversidad, por lo demás, reconocen los mismos acuerdos de San Andrés) son un peligro para la unidad de la nación, es una necedad o una jugada dilatoria de la peor especie. Si el presidente Zedillo quiere hacer honor de verdad a su discurso de Kanasín, me permito sugerirle que deje de hacerle caso a nuestros constitucionalistas ignorantes de la política y de la historia.