En diversos momentos críticos de la historia reciente del país -por ejemplo, durante el movimiento estudiantil de 1986, el proceso electoral de 1988 , el levantamiento zapatista y el movimiento de reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas de 1994 hasta hoy- La Jornada ha dado voz, en la medida de sus posibilidades, a quienes no habían contado con las vías para expresar sus opiniones, propuestas y acciones y, al hacerlo, ha mantenido una postura ética, de rigor informativo y de ejercicio irrestricto de la libertad de expresión avalada por la Constitución de la República. Por mantener sus posturas y atender, antes que a nadie, a las demandas y exigencias de la sociedad, La Jornada ha enfrentado ataques, difamaciones y presiones de los sectores más intolerantes, regresivos y totalitarios del país. Ante ello, este medio se ha mantenido, y se mantendrá firme y no cejará en su afán de cubrir el acontecer noticioso nacional e internacional prestando especial atención a los movimientos y organizaciones sociales que, cabe señalar, constituyen los elementos más comprometidos con la construcción de un México más justo y democrático.

Hoy, La Jornada enfrenta una campaña difamatoria, de linchamiento moral y político con motivo de su cobertura del conflicto chiapaneco. Las calumnias surgen de la irritación de diversos sectores, entre ellos algunos medios informativos, que anteponen sus intereses políticos y económicos al ejercicio abierto, imparcial y ético. Es muy significativo que muchos de esos intereses, que se valen de sus canales de comunicación como un medio primordialmente de lucro, respondan de manera tan uniforme y mentirosa -situación que parece originarse por la cercanía con el poder- ante la libertad de expresión ejercida por esta casa editorial.

Lo más grave e inaceptable de estos hechos es que corporaciones empresariales y grupos intolerantes de poder pretendan aplastar, con ira evidente y actitud totalitaria, a una parte de la sociedad -las comunidades indígenas- que por la cerrazón gubernamental, la represión, el racismo y la falta de espacios para exigir y hacer cumplir sus derechos y el respeto de su cultura, optaron primero por la rebeldía, y desde hace más de cuatro años, por la búsqueda de la paz digna. Estas circunstancias dejan claro que la red de complicidades entre el poder público y los medios de comunicación, que parecía estar en vías de extinción para bien del país y del periodismo nacional, está viva y beligerante, situación que recuerda la vergonzosa actuación de la mayoría de la prensa durante el movimiento estudiantil de 1968.

La Jornada se apegará, en todo momento -sin que medien en ello consideraciones o presiones del poder político o económico-, al compromiso que le ha caracterizado y que constituye su fundamento y razón de existencia, de informar en forma amplia y veraz sobre la vida nacional. Así lo exige el compromiso de este diario con la verdad y con una ciudadanía cada vez más actuante y comprometida con la democracia, la justicia, los derechos humanos y la defensa de la soberanía.