El inicio de las obras de la Torre Chapultepec, de 55 pisos, sobre Paseo de la Reforma, marca el relanzamiento de un conjunto de megaproyectos inmobiliarios aprobados por el gobierno del Distrito Federal durante el periodo salinista, cuando la ilusión del ``boom económico'' y el ``ingreso al primer mundo'', iban de la mano de una política oficial de modernización urbana a cualquier costo. La crisis de 1994 y su impacto posterior frenaron las inversiones, autorizadas para entonces; hoy, superado aparentemente lo peor de la recesión, resurgen.

Sobre Reforma, podrían construirse cuatro torres más de altura superior a 40 pisos: una en el terreno del viejo Cine Roble; otra sobre el Cine Diana; otra más en Reforma y Havre, y la Torre Aguila, conocida por todos. Según información oficial, pronto iniciará la construcción del Proyecto Alameda, pospuesto desde hace años. En otras partes de la ciudad se construyen o programan otros proyectos modernizadores: en Polanco, un conjunto inmobiliario en las instalaciones de la General Motors; sigue la construcción del Conjunto Santa Fe; está en puerta la ampliación del World Trade Center en la Nápoles; el proyecto Cuicuilco sigue su curso; y los promotores del Club de Golf de Santa Cecilia Tepetlapa, Xochimilco, presionan para obtener su permiso, pero ahora para un proyecto mucho mayor.

En casi todos estos casos, las licencias de construcción fueron otorgadas por gobiernos distritales anteriores, pero ello no obvia la necesidad de responder las interrogantes que planteamos muchos capitalinos, incluidos los vecinos de sus emplazamientos. Como fueron aprobados antes que la legislación correspondiente, estos megaproyectos no presentaron estudios de impacto urbano global, pero tendrán un gran efecto sobre las áreas próximas a su ubicación y sobre el conjunto de la ciudad: incremento puntual de la demanda de infraestructura y servicios urbanos de vialidad, estacionamiento público, agua potable, electricidad, telefonía, recolección de basura, etcétera, atendida mediante la inversión pública y, por tanto, por todos los contribuyentes; aún si los inversionistas cubren los costos inmediatos de adecuación, la ciudad tendrá que financiar los de atención de los sistemas en su conjunto, dando lugar a una socialización de los costos generales, cuando las ganancias son privadas, sin beneficios comparables para los vecinos y todos los capitalinos.

Estos proyectos traerán mayor concentración de flujos vehiculares públicos y privados, más estacionamiento de coches en las calles, saturación de la inadecuada vialidad, disminución de la velocidad del tránsito y mayor contaminación ambiental. Cambiarán también la estructura de las actividades socioeconómicas del área, generando desalojos directos e indirectos de población, por destrucción o cambio de usos de viviendas, o elevación de rentas e impuestos prediales y modificación de la naturaleza de las fuentes de empleo. Así, continuará el vaciamiento de población residente que transforma las zonas en hormigueros diurnos y desiertos nocturnos, lo que deteriora la habitabilidad. En estos grandes edificios, la actividad cotidiana se realiza internamente y la calle pierde su vitalidad; la vida colectiva se privatiza. Los centros de las ciudades norteamericanas son un ejemplo de la muerte de la vida urbana por la modernización, con fuerte impacto sobre la violencia y la degradación social de los vecindarios.

En Reforma y sus alrededores, la destrucción del patrimonio social urbano del porfiriato, parte sustancial de la identidad histórica, arquitectónica y cultural de la capital, sustento del turismo, llegará a su máximo nivel, sin retorno posible. Por toda la ciudad, la modernización inmobiliaria destruye indiscriminadamente las tramas y estructuras, inmuebles y objetos del pasado; a partir de decisiones e intereses individuales, por respetables que sean, se cambia radicalmente, pocas veces para mejorar, el espacio social urbano creado a lo largo de la historia.

Consideramos y urgente que se abra un debate amplio y a fondo, sistemático y democrático, con participación del Ejecutivo, el Legislativo y todos los sectores sociales, que lleve a la definición de regulaciones integrales, claras y precisas, con mecanismos eficaces de aplicación, tendientes a lograr un equilibrio socialmente adecuado entre preservación y modernización, en el marco de un proyecto urbano integral de largo plazo que garantice la reconstrucción de una ciudad para todos.