Se respeta el ``derecho al trabajo'' en el esquema de reordenamiento

Ricardo Olayo Ť El programa de reordenamiento del comercio en la vía pública del gobierno capitalino propone descentralizar la actividad de los ambulantes a las 16 delegaciones, apoyar a las mujeres que tienen hijos y ejercen esa actividad y dar atención a los grupos indígenas.

El subsecretario de Trabajo y Previsión Social del DF, Saúl Escobar Toledo, dijo durante la presentación que las cifras que dejó el gobierno pasado de 100 mil vendedores no son confiables, por lo que se realizará un nuevo censo; aseguró que según el contenido del programa se revisarán los alcances del bando que prohíbe el ambulantaje en el Centro Histórico.

Quien obtenga un permiso no podrá colgarse de los cables de luz, tendrá que usar de manera racional agua y drenaje y sólo se otorgará uno por persona, que serán temporales, revocables, ``personalisimos e intransferibles''. El gobierno del DF distingue dos tipos de giro, uno de subsistencia y otro comercial; el primero será considerado de utilidad social, pues al día sólo produce un salario mínimo o menos; en tanto, el otro produce más de un minisalario.

Los cobros que hará el gobierno --de 5 a 40 pesos por día-- serán utilizados en beneficio de los propios comerciantes o de las zonas vecinales donde realizan su actividad, según el texto del propio programa.

En lugar de los inspectores de vía pública se creará la figura de promotores, que actuarán en coordinación con las autoridades delegacionales y apoyarán las tareas de concertación para el reordenamiento de los diversas agrupaciones.

En conferencia de prensa, Escobar informó que en los siguientes 30 días cada delegado tendrá que diseñar un programa de su jurisdicción que respete los ``lineamientos generales'' del presentados. También ``se estudiará la posibilidad de crear una bolsa inmobiliaria con el objeto de desincorporar predios propiedad del gobierno y gestionar la compra de particulares para la construcción o adaptación de mercados, plazas o bazares'', indica el texto publicado en la Gaceta Oficial del DF.

Además, de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Económico, se hará un diagnóstico de la situación de las plazas, para revisar su normatividad y en su caso reorientar su perspectiva comercial, mientras que para las mujeres podría haber guarderías, se les capacitaría y para los indígenas se identificaría sus principales problemas en la relación con el resto de los ciudadanos y con sus usos y costumbres, además de capacitarlos en sus artes manuales.

Derecho al trabajo

El compromiso del nuevo gobierno es revisar la normatividad y elaborar una ley en la materia que permita conciliar intereses. Por lo pronto, establece que se respeta el derecho al trabajo que tienen los ambulantes y también el de no sufrir afectaciones en casas y comercios por la invasión de las calles.

Solamente se autorizarán puestos fijos de estructura de hasta dos metros cuadrados, pero se permitirá que los comerciantes puedan ocupar hasta cuatro metros, sin colocar puestos tubulares.

Los cobros por uso de vía pública serán de la siguiente manera: habrá tres zonas, según la afluencia comercial (alta, mediana y baja), de ahí el pago más bajo será de cinco pesos en la zona ``C'' por hasta dos metros, y la más elevada, de 40 pesos en la ``A'', en puestos fijos. El objetivo del programa, subrayó Escobar, es acabar ``con las relaciones pervertidas'' que se ha dado con las agrupaciones. Asimismo negó que la Canaco haya expresado al gobierno su negativa a apoyar el programa, entre otras cosas porque hasta ayer se hizo público.

El texto indica que los comerciantes callejeros son ciudadanos que merecen la atención de las autoridades y la protección de la ley, no para perpetuar sus condiciones de subempleo o marginación.

Daniela Pastrana y Ricardo Olayo Ť Mientras el líder local del PAN, Gonzalo Altamirano, exhortó al PRI para demostrar apertura a y tener una ``mentalidad abierta'' para la democratización de la ciudad, el comisionado del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD para la Reforma Política, Isaías Villa, afirmó que la definición del estado 32 podría lograrse antes del año 2000, ``si hay voluntad en los partidos''.

En su conferencia semanal, Altamirano consideró ``fructífera'' la reunión del lunes en la Secretaría de Gobierno y destacó que la reforma debe enmarcarse en la definición de la naturaleza jurídica del DF. En este sentido, insistió en que ``no se está diciendo si se quiere o no el estado 32, sino una democratización plena con la instauración de poderes''.

Por su parte, Villa dijo que para los perredistas es fundamental que la ciudad de México ``no sea un estado de excepción tutelado por la federación, con una serie de restricciones para sus órganos de gobierno'', por lo que mantendrán la postura de llevar la reforma hasta la conformación del nuevo estado.

``Si hay problemas ha sido sobre todo resistencia del PRI por cuidar de alguna manera las facultades del Presidente de la República, pero, bueno, en los estados, en las ciudades capitales, existe el poder municipal con el poder estatal respectivo y no pasa nada'', sostuvo el perredista en entrevista radiofónica.

Más tarde, en la reunión semanal del CEE, se informó a la dirigencia del resultado del encuentro del lunes en la Secretaría de Gobierno del DF y se acordó programar en breve una reunión de diputados locales, federales, dirigentes del partido y funcionarios.

También se discutió la restructuración del partido de los preparativos para que los delegados del DF lleven al Congreso Nacional una postura común. ``La idea es que pueda darse una restructuración consensuada que reconozca a las correlaciones de fuerzas en las delegaciones porque no hay posibilidades de que haya elecciones extraordinarias'', explicó Martí Batres, coordinador de la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa.

Propuesta: candidaturas independientes

En las mesas de discusión para la reforma política del DF, el gobierno de la ciudad tiene planeado proponer la incorporación de candidaturas independientes y comunes, la ciudadanización plena de los organismos electorales, y el acceso equitativo de los partidos a los medios de comunicación.

Además de la creación de mecanismos de fiscalización de los recursos públicos en las campañas políticas y sanciones a funcionarios que desvíen esfuerzos para favorecer a algún partido o candidato.

La agenda de la reforma podría definirse el próximo viernes por la mañana cuando se reúnan los dirigentes de los partidos y líderes de las fracciones representadas en la Asamblea Legislativa, con la secretaria de Gobierno, Rosario Robles.

Sin condicionar el inicio del diálogo a la inclusión de algún tema, el gobierno tiene planeado proponer la incorporación de coaliciones, que hasta ahora no están permitidas, según indicaron fuentes consultadas y documentos obtenidos sobre el tema de la convocatoria al diálogo.

Las modificaciones legales que se logren en materia electoral y política tendrán su primera aplicación en las elecciones del año 2000, en que serán electos el jefe de gobierno, los diputados locales y los delegados políticos o bien las figuras legales que se determinen crear en su lugar.

Hasta ahora, el gobierno de extracción perredista propone avanzar en la conformación del estado 32, que requiere una modificación constitucional, con la municipalización de las delegaciones.

Más allá de los temas electorales y de garantizar el derecho de libre afiliación, el cambio que legal y político en la ciudad requiere la creación de un nivel metropolitano de decisión para dar respuesta a los problemas comunes de 20 millones de personas.

Respecto de la participación ciudadana, se planteará legislar sobre la revocación del mandato, facultad que deberá quedar expresada en la ley para que los ciudadanos puedan decidir la remoción de un servidor público o alguna otra persona que sea producto del voto ciudadano.

La revocación se podría lograr, por ejemplo, con la presentación de documentos firmados por ciudadanos que pidan el cese por un hecho concreto, aunque se tendrían que reglamentar para el aporte de pruebas y dar oportunidad de defensa a quien sea impugnado.

Se afilian 9 mil al PAN

Por otra parte, Altamirano informó que durante la semana nacional de afiliación que se realizó en días pasados, alrededor de 9 mil ciudadanos se adhirieron a la estructura capitalina como miembros simpatizantes.

Hasta antes de esta campaña, el PAN del Distrito Federal tenía un padrón de 3 mil 400 militantes activos y poco más de 3 mil miembros adherentes o simpatizantes --afiliados con derecho a voz, pero no a voto, en la vida interna del partido--. Para que los miembros adherentes lleguen a tener derechos plenos dentro del partido necesitan una militancia mínima de seis meses y cumplir con las obligaciones partidistas establecidas en los estatutos.

El líder panista comentó que esta es la primera campaña organizada para captar simpatizantes y aseguró que continuará la ``política de apertura'' en el partido.

Daniela Pastrana Ť El grupo parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa se reunió ayer con diputados federales del DF para preparar la postura del tricolor en la visita que este lunes hará Cuauhtémoc Cárdenas a la Cámara de Diputados.

De acuerdo con versiones de dos asistentes, los diputados locales plantearon a los legisladores federales una serie de temas para cuestionar al jefe de Gobierno, entre los que destaca la seguridad pública --en particular las diferencias entre las cifras de índices delictivos dadas a conocer por el procurador de Justicia, Samuel del Villar, y el secretario de Seguridad Pública, Rodolfo Debernardi.

Los priístas también apuntarán a la ausencia de metas en el Presupuesto de Egresos aprobado en diciembre por la mayoría perredista en la ALDF y la posición de Cárdenas respecto del tiempo en que no habrá representación vecinal por el cambio de fecha para aprobar la ley de participación ciudadana.

La recomendación fundamental de los diputados locales a los federales habría sido ``plantear el escenario de la falta de gobernabilidad y buscar que Cárdenas defina su relación con los partidos políticos y con el PRI''.

La reunión fue en las oficinas de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados y fue encabezada por Enrique Jackson, secretario de la Comisión del DF, con la asistencia de 10 de los 11 diputados locales priístas y ocho federales por el DF.