El despuntar del 98 se ha topado con una prometedora realidad del país. La energía de su tránsito a la democracia va procesando la actualidad con similar parsimonia y entereza con la que ha definido sus límites republicanos y avanzado en la formación de una activa sociedad. A la irrupción desaliñada del ex presidente Echeverría (LEA) y los vestigios del 68 los ha triturado.
Al caso Chiapas, con todo y sus complejas consecuencias humanas y políticas, le va desgranando uno a uno sus contenidos, desmantela las provocaciones y sitúa a los actores en la debida dimensión y perspectiva. Pero también enfrenta, dominando sus temores, el tinglado criminal montado a mansalva en Morelos.
La intentona de LEA por ocupar un asiento en el presente de México ha sido descartada con la violencia que la sociedad en movimiento le impone a la manipulación o a la impertinencia senil. Sus incoherentes ideas no penetraron más allá de los equipales de su residencia de retiro preparados ex profeso.
Nada de lo afirmado por él tiene cabida en el espacio público y se le abandona sin remordimientos en el pasado donde habita desde hace mucho. Su visión crítica, si alguna vez la tuvo, no pasa de la conocida mentira con la que vio al movimiento insepulto del 68. Lo que se busca no se encontrará interrogando a un actor irredento y gaseoso.
Lo que hizo o dejó pasar LEA pertenece al dominio casi público y los escasos archivos existentes sólo aportarán minucias adicionales. ¡Dejad que los muertos sepulten a sus líderes disecados!
El gobierno de Morelos, en cambio, se delata a sí mismo como un tumor del mismo sistema establecido y como un agresor perverso de la sociedad. Las salidas que se obtengan para ello marcarán muchos de los derroteros del país en su búsqueda de una civilizada vida en común. En ese estado sureño se dio cabida a un grupúsculo de malhechores que debe ser extirpado a la brevedad posible.
El gobernador Carrillo Olea no puede permanecer en su puesto por cualesquiera de las posibles razones: de ineptitud o complicidad, pues ambas han sido criminales. Si la sociedad, su organicidad y las razones de sus reclamos no logra deponer a tan torpe figura de gobernante, su fuerza deberá ser revisada. Si la opinión pública es una entidad activa, sus ecos y reflejos deberán cancelar las evidencias de ilegalidad de un gobierno que mal usó la potestad exclusiva de la fuerza.
Para el sistema priísta prevaleciente, la sola permanencia diaria de un gobernante de tal talante y sus resultados le conlleva acusaciones de encubrimiento que trocarán sus dubitaciones en votos de castigo. No puede seguir la contemplación con un señor que, como el famoso Catilina de los viejos romanos, abusa de la paciencia e inteligencia ciudadanas.
Chiapas, en cambio, es un ejemplo claro de cómo la sociedad va absorbiendo sus problemas más álgidos y ha obligado al gobierno federal a corregir sus posturas iniciales y no ceja en situar, con el rigor descarnado de la justicia buscada, todos y cada uno de los traspiés posteriores, pues van revestidos de repeticiones y lugares comunes ya descartados con anterioridad por ineficaces.
Las autoridades todavía no aciertan a diseñar una estrategia de nuevo cuño que rescate las ausencias y errores padecidos para dar paso a un proceso efectivo de negociación. Dejó, se espera que para siempre, los calificados ``propósitos'' de San Andrés para entenderlos como obligados puntos de referencia para futuros trámites y acuerdos. Sacó a la luz la temible existencia y patrocinio de los grupos paramilitares como concreciones de una política oficial de contención que tiene consecuencias genocidas.
No olvida la aparente nebulosa en que han quedado los asesinos de Acteal. Y no aceptará, impávida, la intentona de desviar la atención ciudadana con el guiño y la escandalera sobre los extranjeros perniciosos. Ha quedado al descampado la íntima creencia presidencial en la mala fe del EZLN y su supuesta negativa a seguir el camino de la negociación (NYT). Pero tampoco podrá conformarse con la tajante e inapelable postura del comandante Ezequiel del todo o nada.
Las mismas autonomías se enraízan en el debate público y en la práctica municipal aun en contra de los intereses de las ideologías privatizadoras a ultranza o de los megaproyectos estratégicos del grupo en el poder. Por asuntos como éstos, mirar a la transición mexicana como un proceso indetenible es requisito indispensable para apresar la actualidad, encontrarle sus sentidos y remendar la maltrecha confianza de la nación.