En Chenalhó, autoridades protegieron a paramilitares, informa la cancillería a la CIDH

David Aponte Ť El gobierno de México aseguró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Ejército Mexicano no ha incrementado el número de efectivos en Chiapas. Las tropas desplazadas al estado realizan labores sociales, vigilancia del orden y la seguridad de la población, con especial atención a los desplazados, ``a quienes se protege y auxilia ante el riesgo de que sufran actos de violencia''.

En su tercera comunicación al organismo internacional con motivo del asesinato colectivo de Acteal, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoce que los cuerpos policiacos de Chiapas toleraron la creación de grupos paramilitares o armados en el municipio de Chenalhó, les brindaron protección y les permitieron participar en acciones policiacas.

La CIDH respondió a las autoridades mexicanas que tiene confianza en que las gestiones del organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ayuden a esclarecer la masacre de 45 indígenas, acontecimiento ocurrido el 22 de diciembre de 1997.

Paquete informativo

El gobierno mexicano envió el 9 de febrero un nuevo paquete de información al organismo de defensa de los derechos humanos con sede en Washington, fundamentalmente con el avance de las investigaciones y con el informe del procurador Jorge Madrazo Cuéllar a la Cámara de Diputados.

El 30 de diciembre del año pasado y el 5 de enero de 1998, las autoridades del país remitieron dos documentos con las ``medidas cautelares'' adoptadas para evitar otros hechos como el de Acteal, municipio de Chenalhó. La nueva comunicación, entregada a través de la cancillería, expone que la parte mexicana reafirma su interés en el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre todo en la protección de las garantías individuales. Por tal motivo, proporciona a la CIDH los elementos de juicio necesarios para el esclarecimiento del caso Acteal.

Explica que el nuevo reporte está relacionado con las pesquisas federales: ``Aunque el avance de las investigaciones es evidente, las autoridades competentes, en riguroso cumplimiento a las responsabilidades que la ley consigna, prosiguen con las indagatorias y la realización de actos de representación de la sociedad a efecto de que todas y cada una de las personas respecto de las que se acredite una presunta responsabilidad penal (...) sean sometidas a la acción de la justicia''.

La cancillería desglosa en la misiva las nuevas evidencias y acciones judiciales en contra de presuntos responsables de la masacre de Acteal. En primer lugar, da a conocer al organismo internacional que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a 12 grupos paramilitares en Chiapas.

Posteriormente, detalla que elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Chiapas destacamentados en la comunidad Miguel Utrilla, Los Chorros, municipio de Chenalhó, fueron consignados ante un juez federal por la comisión del delito de portación de arma exclusiva de las fuerzas armadas.

El comandante de la policía en la localidad, Felipe Vázquez Espinosa, y sus subordinados ``toleraron'' que grupos de civiles portaran armas de grueso calibre en Chenalhó. Además, les brindaron protección e incluso les permitieron coadyuvar en acciones policiacas, continúa.

``En declaración ministerial, los consignados reconocieron su participación en los hechos delictuosos que se les imputan, argumentado como justificación que ejecutaron órdenes del comandante Felipe Vázquez Espinosa, quien a su vez les indicaba haber recibido instrucciones en ese sentido de la superioridad.

``La PGR continúa con las investigaciones para determinar quiénes de los superiores jerárquicos de Vázquez Espinosa giraron instrucciones de tolerar que personas civiles portaran armas de fuego, debido a que dichas órdenes son evidentemente contrarias a la ley, y resultan constitutivas de delito'', expone.

El documento añade que durante el curso de las pesquisas, las autoridades federales han solicitado el ejercicio de la acción penal en contra de 58 personas, 56 de las cuales ya están en prisión con motivo de los acontecimientos del 22 de diciembre.

Sobre la actuación del Ejército en ese estado, afirma: ``El gobierno de México desea destacar que el único incremento de efectivos es el de las tropas que se incorporan a la labor social, vigilancia del orden y seguridad de la población en la VII Región Militar, en cumplimiento a las misiones constitucionales y legales de este instituto armado, con especial atención a los grupos de desplazados, a quienes se protege y auxilia ante el riesgo de que sufran actos de violencia''.

Según datos extraoficiales, en el estado de Chiapas hay 75 mil efectivos del Ejército Mexicano, 40 mil de ellos en la zona de conflicto.

La cancillería añade que la investigación continúa en varias direcciones, entre ellas la línea de la posible participación de mandos superiores de las policías estatales en la creación de grupos armados, y que existe la determinación de lograr el esclarecimiento total de la masacre de Acteal.

El próximo 23 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará la primera audiencia especial sobre la matanza de 45 indígenas en el municipio de Chenalhó.