Crítica, la situación en zonas de Oaxaca y Guerrero a cuatro meses de Paulina

A más de cuatro meses del paso del huracán Paulina, las comunidades afectadas de Oaxaca y Guerrero no han tenido respuesta a la solución de sus problemas, ya que no hubo seguimiento de la ayuda de emergencia ni se han impulsado acciones para reactivar económicamente la zona, precisa el informe de la Misión Civil del Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD).

El informe, dado a conocer ayer en conferencia de prensa, precisa que luego de realizar un recorrido por las zonas afectadas, se encontró que no existe una estrategia de mediano y largo plazos para apoyar a las comunidades, ni se respetó la participación de las autoridades municipales, sobre todo de la oposición.

Destaca que otro grave problema en las comunidades es la militarización y la falta de seguridad, lo cual no se dio a consecuencia de los huracanes.

Precisa que del 14 al 18 de diciembre del año pasado el MCD realizó visitas por la costa norte de Oaxaca y por Acapulco, Guerrero, junto con la Comisión Regional de Derechos Humanos de la Costa, el Frente Cívico de Acapulco, el Foro de Organismos Civiles de Oaxaca, el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco y la Fundación Niño a Niño de Oaxaca.

El informe indica que si bien en esa zona, luego del paso del huracán Paulina el 8 de octubre de 1997, se recibió ayuda de emergencia, como despensas, ropa y medicamentos, la situación de las comunidades aún es crítica.

En esas entidades no existió una estrategia de apoyo a los damnificados, sobre todo de las comunidades que viven en extrema pobreza, y la pérdida de sus fuentes de producción, como la tierra de cultivo en Oaxaca, ``la hace más candente''.

Considera que en ``ocasiones prevaleció el interés personal y político de autoridades o miembros del partido oficial, pues llegada la ayuda fue acaparada por presidentes municipales del PRI'', como el caso de San Pedro Jicayán, cuyo alcalde impidió que mujeres simpatizantes del PRD pudieran llevar en un helicóptero a su comunidad despensas que habían conseguido de la Cruz Roja, que también tramitaron con el Ejército, pero que el alcalde les quitó impidiendo que las repartieran.

El texto indica que es prioritario dar atención a algunas regiones, sobre todo en Acapulco, donde se limpió la costera y la zona turística, pero no las colonias populares, donde hubo derrumbes y muertes, ``ocasionando indignación de la gente por la poca imaginación e incluso por el tipo de programas que se desarrollaron bajo el auspicio del gobierno federal''.

En la presentación del informe estuvieron presentes, entre otros, Luis Nava Calvillo, coordinador nacional del MCD; Néstor Ruiz, de la Comisión Regional de Derechos Humanos de la Costa, y Luz Rosales Esteva, también del MCD, además de representantes de organizaciones no gubernamentales y de dependencias del gobierno.

En relación con las opiniones de la población, el informe precisa que gran parte de los consultados destacó que la ayuda no fue suficiente para cubrir las necesidades de todos los damnificados. ``Se dijo que esto se debió a los malos manejos y desorganización por parte de las autoridades''.

Acerca de los apoyos anunciados por las entidades gubernamentales, sobre todo de la Sedeso y la Sagar, ``las comunidades no han recibido respuestas que ayuden a la solución de sus problemas y se inicie la reactivación económica de la zona''.

De los programas relacionados con el desempleo y la falta de recursos, los fondos anunciados de 400 pesos como apoyo al problema de la tierra e indemnización en la pérdida de cosechas, ``no constituyen soluciones'' sino que son un ``paliativo''.

El texto destaca ``lo grave de la falta de una política pública y consensuada entre gobiernos, sociedad civil e instituciones sociales para el apoyo ante las catástrofes'', de forma que se establezcan criterios de cómo ayudar a corto, mediano y largo plazos al damnificado para que, sin tomar en cuenta su simpatía partidaria o ideológica, la ayuda sea real para superar de fondo la problemática y no sólo en lo inmediato, en especial con aquellos a quienes ``la extrema pobreza les impide recuperarse por sí solos''.

Recomienda que esas políticas consideren un padrón de damnificados, el tipo de ayuda de emergencia y que a largo plazo se requiere la determinación conjunta entre todos los actores, de las prioridades, la difusión de los resultados en las distintas etapas y el apoyo en programas sencillos que la comunidad demande.

En Oaxaca las comunidades visitadas fueron San Juan Bautista, Santa María de Cortijo, Pinotepa Nacional, Santa María Huazolotitlán, Santiago Jicayán, Tierra Colorada, Cacahuatepec, Amuzgos, San Juan Colorado, San Pedro Jicayán, Los Positos, Collantes, Chicomotepec y San Antonio Tepetlapa, en las que se perdieron cerca de mil 500 viviendas.

El documento destaca que en todas esas regiones la principal actividad económica es la agricultura, y en la mayor parte la producción es de autoconsumo. En cuanto a salud, dice que no existen médicos capacitados y que hay clínicas pero carecen de medicamentos.

Además, agrega, en cuanto a seguridad pública ``se percibe un ambiente de miedo e incertidumbre en la mayor parte de las comunidades. La gente se queja de que se ha incrementado la delincuencia por la falta de empleos y de recursos para elevar el número de policías municipales''.

Respecto de la cuestión política, indica que ``las luchas partidarias son constantes entre miembros del PRI y del PRD, presentándose casos de favoritismo, intimidaciones, pugnas por el poder y, ante la ocupación de alcaldías por el PRD, bloqueo de recursos financieros, falta de apoyo al comercio, a la asesoría técnica para la producción y la falta de apoyo directo como ayuntamiento ante casos de desastre''.

Además, el informe del MCD refiere que gran parte de esas zonas están bajo el poder de caciques que mantienen control sobre los campesinos y ejercen presión sobre ellos impidiéndoles su libre participación en procesos políticos.