La búsqueda y consolidación de la paz es, en sana teoría política, el principal objetivo y la primera obligación de todo buen gobierno. Para ello es indispensable que por encima de intereses partidarios, mediante el ejercicio de sus funciones administrativas, legislativas e incluso judiciales, promueva constantemente las condiciones de justicia y equidad necesarias, para mantener un equilibrio social siempre precario, en una sociedad estratificada y desigual como la nuestra. No es eso, lamentablemente, lo que con preocupación vemos los ciudadanos que se está produciendo en el país, luego de las últimas declaraciones sobre política económica, y las recientes acciones puestas en marcha para distraer y exculpar sobre las verdaderas causas del conflicto en Chiapas.

Tal parece que en contraste con lo que reiteradamente les hemos reclamado, y lo que ellas mismas no se cansan de repetir, algunas de nuestras autoridades han optado de manera peligrosa por la imposición y el autoritarismo. No se entiende de otra forma su empeño en seguir considerando a nuestros indios como marionetas susceptibles de ser manipuladas por cualquier viento de marea, su afán insostenible por responsabilizar a la Iglesia y a los extranjeros como los promotores de la violencia, y su pretensión de hacer aparecer a nuestras fuerzas armadas como las víctimas de provocaciones.

Todo ello en el marco de la defensa insistente de una política económica, que ha dejado a nuestro pueblo en una creciente miseria. Pareciera que, en efecto, tienen razón quienes dicen que no hay modo de mantener este modelo de desarrollo, favorable a una minoría cada vez más reducida, sino por el camino de la simulación y de la fuerza.

Desde hace cuatro años la sociedad civil entendió que la paz en México es producto sobre todo de sus acciones y de sus compromisos, al margen de cálculos y calendarios partidarios. Para ello despliega múltiples iniciativas a nivel nacional e internacional. Hoy su esfuerzo es tanto más urgente, cuanto los principales responsables vuelven a alejarse de los caminos de la negociación y el diálogo. Lo prioritario para ellos no es aparentemente la paz, sino la conservación de un desorden que todavía les es favorable, no obstante que a la desconfianza en casa hayan añadido el descrédito mundial, y que a pesar de las costosas y agresivas campañas publicitarias en contrario, se proyecte dentro y fuera la imagen de un gobierno aislado y acorralado.

Lo peor de todo es que cada vez más se tiene la impresión de que se nos sigue enfrentando a los ciudadanos con el poder constituido. Nos encontramos frente a tácticas marginalizadoras, deslegitimadoras y descalificadoras, propias de los gobiernos duros e intolerantes que tanto aborrecemos los mexicanos, en nuestra búsqueda sincera, abierta y pacífica por la paz. Múltiples son los ejemplos que podríamos aducir, desde nuestras prácticas solidarias de información, ayuda y defensa de los derechos humanos de nuestros pueblos indios y nuestras poblaciones más vulnerables.

Son estos tiempos difíciles de reflexión y de compromiso. Hoy más que nunca es claro que el conflicto chiapaneco es un conflicto nacional, y que la paz no depende sólo de lo que allá se intente, sino sobre todo de lo que en el resto del país sigamos pacífica y legalmente haciendo. Crece esta conciencia en todos los sectores de la sociedad, como lo acabamos de constatar en varios eventos que con este fin se han organizado, y cada vez más se entiende como disfraz y mentira lo que se le propone como explicación y argumento. Crece la disonancia entre la verdad oficial y la verdad histórica. Como para los indios, los tiempos de la manipulación van quedando relegados.

Necesitamos seguir fortaleciendo civilmente nuestras instancias de mediación e interlocución, como la Conai y la Cocopa, propiciando con nuestras acciones pacíficas y ciudadanas la distención militar; validando con nuestros argumentos y razones los acuerdos de San Andrés; denunciando a todos los grupos paramilitares, sus padrinos y sus integrantes, y difundiendo en todos los foros la ley en materia de derechos y cultura indígena.

Es el tiempo de la ciudadanización de nuestras instituciones gubernamentales y de la toma de decisiones.