Ante el reclamo de algunos partidos políticos representados en la Cámara de Diputados por el hecho de que los casi 400 mil millones de pesos que manejó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para sostener a los instituciones bancarias del país fueron utilizados a espaldas del Congreso y sin conocimiento de los legisladores, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, reconoció que esos recursos podrían ser incluidos en la deuda pública interna.

De este modo, de hecho, ese renglón casi se triplicaría e hipotecaría el futuro de los mexicanos mientras, al mismo tiempo, se reconocería tácitamente que esos miles de millones de pesos no pueden ser cobrados en lo inmediato y que, por lo tanto, el Estado ha sacado de apuro a los bancos a costa del contribuyente, sin que exista forma inmediata y suficiente de resarcir al fisco los cuantiosos recursos otorgados a los banqueros. Esta situación es aún más grave si se tienen en cuenta los importantes recortes presupuestales --en sectores prioritarios-- que el gobierno federal ha establecido con motivo de la caída de los precios internacionales del petróleo.

Los bienes que respaldaban los préstamos concedidos por los bancos, por otra parte, se desvalorizan muy rápidamente y, además, es muy difícil que el fisco pueda recuperar una parte importante de los fondos prestados y, mucho menos aún, de los intereses sobre los mismos que abultan la deuda, ya que la colocación en el mercado de miles de propiedades muebles e inmuebles de todo tipo sólo puede hacer caer su valor. Esta circunstancia sólo favorecería a los especuladores, que podrían comprar esos bienes por muy poco para venderlos después, lentamente, a su valor real, muy superior.

Resulta entonces explicable la protesta, tanto de la mayor parte de las bancadas opositoras, como de los integrantes de El Barzón, ya que a la presión sobre los deudores se agrega una utilización incontrolada de los fondos de Fobaproa y el desvío de recursos de los bolsillos de los contribuyentes hacia las carteras de quienes controlan las empresas bancarias. Por añadidura, el señalamiento del secretario de Hacienda de que es necesario elaborar una ley específica para el control de los recursos del Fobaproa representa un señalamiento implícito de que el manejo de esas cuantiosas aportaciones federales, por una parte, no contó ni con el respaldo legal adecuado ni con la debida sanción del Legislativo y, por la otra, se realizó sin la transparencia y el orden que debe corresponder al manejo de recursos públicos, cabe señalar, tan necesarios en otros ámbitos de la economía, como la educación, la salud, la generación de empleos y el apoyo al campo y a la pequeña y mediana empresas.

En este sentido, la propuesta de los legisladores panistas y perredistas, avalada por el propio titular de Hacienda, de efectuar una auditoría al Fobaproa es una medida pertinente que debe ser realizada con toda la amplitud y profundidad que el caso amerita. Dar a conocer a la ciudadanía el destino y la situación de esos recursos -propiedad de todos los mexicanos- y, en su caso, corregir las posibles irregularidades que se detecten, son acciones necesarias y urgentes que el Legislativo tiene la facultad y la obligación de conducir.

La difícil e inestable situación económica internacional y las incertidumbres que pesan sobre nuestra economía deberían imponer, en lugar de manejos discrecionales como los que presuntamente se habrían cometido en el Fobaproa, una política económica dictada no por la preservación de los intereses de los más ricos sino por la defensa del poder adquisitivo y de la capacidad de ahorro de las mayorías, a fin de asegurar una base más sólida, justa, regulada y fiscalizada para la correcta actividad bancaria, las inversiones y el mercado interno, elementos sin los cuales no puede haber desarrollo ni estabilidad económica.