Emilio Krieger
El valor internacional de los derechos humanos

Los partidarios del neoliberalismo han reaccionado en forma muy peculiar a la protesta y a la ira justificada de la opinión pública mundial ante la política de represión militar del gobierno de Ernesto Zedillo.

Primero, con el desconocimiento de la obligatoriedad de los convenios de San Andrés, y luego con el cerco militar contra la población indígena y campesina del sureste, y con la masacre de Acteal, el gobierno federal ha puesto en juego una técnica de represión feroz, contraria a la Constitución, que pretende justificar con la campaña lanzada por los comunicadores sociales a su servicio, señalando que el problema de Chiapas es un simple enfrentamiento de tipo político, en el cual deben intervenir sólo los mexicanos con exclusión total de los extranjeros. De esa manera, la postura globalizadora del régimen zedillista se ha convertido en un seudopatriotismo chovinista. Su objetivo previsible es eliminar comunidades y etnias y poner sus riquezas en manos de las trasnacionales.

Para justificar su chovinismo, la alta burocracia ha esgrimido un argumento, según el cual todos los fenómenos políticos que ocurran en México sólo afectan y corresponden a los mexicanos, ya que los extranjeros tienen expresa prohibición constitucional de participar en la vida política de México (artículos 9¼ y 33 constitucionales). Una vez más, la oligarquía vuelve a equivocarse en sus planteamientos.

En primer lugar, porque lo que sucede desde hace años a Chiapas no es sólo un asunto político sino un desgarrador proceso de violación de derechos humanos esenciales que no entran en el área de lo estrictamente político. Si bien es cierto que los derechos políticos entraron ya en la categoría de los derechos humanos, la recíproca no es cierta, pues muchos derechos esenciales son del mundo de los derechos humanos y no necesariamente forman especies de derechos políticos, entendiendo por éstos las facultades de determinados miembros de una comunidad para participar en la formación y organización del gobierno, en la elección o remoción de titulares que están sujetos a esos mecanismos para emitir voto u opinión, en los casos de decisión gubernamental que lo requiera. Pero hay otros muchos derechos humanos que no son derechos políticos, empezando por el derecho central de vida.

Muchos de los derechos humanos violados en Chiapas no son derechos políticos ni entrañan acción política y, por lo mismo, a la defensa que los extranjeros hagan de ellos no se le pueden aplicar prohibiciones que nuestro orden jurídico establece. Defender el derecho humano a la vida o a la integridad corporal, o condenar los genocidios cometidos en Chiapas o denunciarlos, no son acciones políticas, sino actividades humanitarias que ninguna ley mexicana vigente prohíbe a los extranjeros. Por el contrario, nuestra Constitución, al otorgar a todo individuo el goce de las garantías en el primero de sus preceptos, está facultándolo para defender todos los derechos humanos que no tengan expresa y clara naturaleza de actos políticos.

Esto significa que los extranjeros, al igual que los mexicanos, gozan de las garantías establecidas en la Constitución, entre otras la de defender los derechos humanos violados que no tengan carácter político.

Falta, pues, el aparato jurídico gubernamental al pretender desconocer o reducir el derecho de todo individuo a defender los derechos humanos, y a condenar su violación por el gobierno o las organizaciones a él adictas.

Pensar que los fenómenos políticos que en México ocurren sólo se generan por causas internas y que sólo a los mexicanos les toca participar en ellos, es una postura irracional e insostenible en una etapa de ``globalización'' . Debemos reconocer que, más allá de nuestros deseos, operan en nuestros procesos sociales factores que vienen de fuerzas extrañas.

Tenemos que proceder legal y razonadamente negando la participación de los extranjeros en fenómenos específicamente políticos o electorales, pero reconociendo su derecho a defender los derechos que debieran proteger en México y en el resto del mundo a todos los congéneres, y a condenar los atentados genocidas en Chiapas.

Cuando los extranjeros abogan por los derechos humanos no políticos, no están violando la Constitución mexicana. En cambio sí la viola, por incorrecta y maliciosa aplicación, el gobierno, que pretende acallar las protestas contra la evidente política de no respetar los derechos humanos de los aborígenes del sureste de México.