Durante varias semanas después de su arribo a la Secretaría de Gobernación, el licenciado Labastida prometió una nueva estrategia gubernamental para sacar de las vías muertas el conflicto con el EZLN, resolver los problemas y llegar a una paz completa y satisfactoria para todos en Chiapas. Aunque el anuncio expreso de esa estrategia no se produjo, sí han habido pronunciamientos tanto del propio secretario de Gobernación y del Presidente sobre diversos aspectos del problema y un conjunto de conductas, que indican una línea definida. En ésta, debe decirse claramente, no hay nada nuevo y sí algo muy peligroso y preocupante: el endurecimiento de las posiciones oficiales, que estimulan la polarización de todos los actores del conflicto y enturbian la comprensión y el ambiente en torno a Chiapas.

La estrategia Labastida, imposible sin el apoyo presidencial, no está encaminada a superar las posiciones gubernamentales que empantanaron el problema hace dos años; por el contrario, su ejecución en las semanas recientes sólo ha llevado las tensiones a un nivel peligroso; revela el menosprecio casi total del gobierno y sus funcionarios a las exigencias de amplios sectores de la opinión pública que exigen una solución política, y puede alejar indefinidamente la solución del conflicto.

Será así si la sociedad y sus organizaciones --los partidos políticos, los sindicatos independientes que debieran asumir su responsabilidad frente a este grave problema, las organizaciones campesinas, estudiantiles, las numerosas ONG, etcétera--, no generan iniciativas y acciones que obliguen a rectificar el curso de la línea oficial.

El gobierno, es claro, no ha abandonado la idea de derrotar al EZLN --su objetivo estratégico--, ya sea mediante su aplastamiento militar o la imposición de una derrota política. La primera variante sería sumamente costosa, pondría en riesgo las posiciones del grupo en el poder, pero puede optar por ella en última instancia, pues por encima de los derechos y de las aspiraciones de justicia y dignidad de los pueblos indios y más allá de los discursos, en Chiapas quieren las manos libres para explotar sus recursos sin interferencia alguna, como serían los derechos de los indios y la propiedad colectiva de la tierra. La derrota política sólo sería posible si se consiguiera lo imposible: doblegar la voluntad del EZLN, del movimiento indígena nacional y de todas las fuerzas democráticas y de izquierda comprometidas en la búsqueda de una solución política a ese conflicto, meta inseparable hoy de la transición democrática en México.

Como parte de su estrategia, el gobierno realiza en estos días una enérgica ofensiva. Esta la configuran las siguientes acciones: el burdo intento gubernamental, con el auxilio Televisión Azteca, de poner en duda la autenticidad del movimiento zapatista al sugerir que lo manipulan extranjeros; las presiones políticas sobre la Cocopa y la Conai; la injustificada y amenazante presencia militar en las comunidades zapatistas; la persecución de la jefatura del EZLN, así como las declaraciones del Presidente al New York Times, en las cuales falazmente se pone en duda la voluntad de paz del Ejército Zapatista, o su discurso del Día del Ejército en el que se califica de provocadores a los dirigentes del zapatismo pues utilizan como ``carne de cañón'' a mujeres y niños indígenas para buscar la represión y satisfacer así ``su perverso propósito de alimentar el conflicto y la división'' . Parte central de esta ofensiva es el casi ultimátum de Labastida al EZLN, emplazándolo a fijar una fecha para el reinicio de la negociaciones, como si el responsable de la suspensión de las mismas fuera el EZLN.

El objetivo táctico diversionista de esta ofensiva es ocultar la determinación firme del gobierno de no cumplir los acuerdos de San Andrés --tal es el contenido tácito de las ``cuatro observaciones (del Ejecutivo) a la propuesta de la Cocopa'', según informa José Gil Olmos el día de ayer en estas páginas--, y obligar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a regresar a la mesa de negociaciones con las manos vacías después de dos años y, de paso, también burlar a la sociedad. Se trata, sin duda, de una estrategia que no va a engañar ni a doblegar al EZLN, pero que además no debe ser admitida por la sociedad pues es inaceptable que los gobernantes procedan con aventurerismo e irresponsabilidad en ningún asunto, pero menos en uno en el que se juegan la paz en el país y la vida de muchos mexicanos y mexicanas.