El traslado, bajo fuerte dispositivo policiaco-militar

Ana Salazar y Francisco Guerrero, corresponsales, y Georgina Saldierna Ť En medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron efectivos de la Policía Judicial Federal, la Federal de Caminos y del Ejército Mexicano, fueron trasladados al penal de Almoloya de Juárez el ex jefe del Grupo Antisecuestros de Morelos, Armando Martínez Salgado, y Jacinto Armendáriz, integrante del mismo cuerpo policiaco.

Martínez Salgado fue conducido directamente desde Morelos hasta la cárcel de máxima seguridad, acusado de encubrir el homicidio de Jorge Nava Avilés y tolerar actos de tortura. En el mismo operativo, fue traslado el ex comandante del Grupo Antisecuestros de la Policía Judicial de Morelos, Jacinto Armendáriz Rosas, acusado de los delitos de tortura, homicidio calificado y violaciones a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

El operativo fue realizado con los mayores previsiones logísticas y de seguridad: seis suburban blindadas pasaron la entrada del penal, y en distintos vehículos llegaron los dos ex funcionarios judiciales.

Martínez Salgado y Armendáriz Rosas, acusados por la Procuraduría General de la República, fueron puestos a disposición del segundo juez federal con residencia en Toluca. A pesar de que existía un plazo legal de 72 horas, los dos acusados iniciaron sus declaraciones por la tarde en el interior del penal.

Por decoro, Carrillo Olea debe abandonar el poder: López Obrador

Por su parte, el líder nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, expresó que, ``por decoro'', Jorge Carrillo Olea debe abandonar el gobierno de Morelos, porque no puede mantenerse en el cargo alguien que nombró a un procurador involucrado en actos criminales, como el secuestro.

Si el gobernador participó o no en esas actividades, es algo que deberá señalar la autoridad correspondiente. Pero lo que sí es un hecho es que el mismo actuó con negligencia al nombrar y sostener en el cargo a una persona que intervino en hechos delictivos, puntualizó.

Para el dirigente perredista, es difícil aceptar que Carrillo Olea no conociera las actividades en que andaba el procurador, pues siempre se ha dedicado a tareas policiacas. ``Entonces, si el no sabía lo que estaba haciendo el procurador, nada más por el simple hecho de actuar con negligencia, debería renunciar al cargo'', insistió.

Por último, señaló que la situación de Morelos confirma lo que la gente piensa: que los delincuentes están vinculados con el gobierno y que siempre existen complicidades entre bandas criminales y funcionarios gubernamentales.

Amenaza a un diputado del PAN

El director de la zona oriente de la Policía Judicial del estado, fue destituido hoy por estar bajo investigación de la Procuraduría General de la República, y dos elementos de esa corporación, fueron consignados por extorsión y robo. El procurador de justicia de la entidad, Fernando Blumenkron, afirmó que en la reestructuración de la Policía Judicial, se irá hasta las últimas consecuencias, hasta que esté totalmente limpia.

Por otra parte, el diputado local panista, Fernando Martínez Cue, fue amenazado con que él o alguien de su familia sería secuestrado, si el legislador continuaba denunciando los hechos delictivos efectuados por el ex procurador de Justicia de la entidad y los demás funcionarios implicados en ilícitos. Las dirigencias estatales del PAN y el PRD responsabilizaron al gobernador de la entidad y al procurador Blumenkron de la seguridad de Martínez Cue.

En tanto la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos informó hoy que no entablará un diálogo con el gobernador Carrillo Olea, y que convocará a una consulta ciudadana para saber si los morelenses quieren que Carrillo Olea siga de gobernador y a la resistencia civil pacífica, si el mandatario no renuncia.

A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del estado, Ignacio Suárez Huape, demandó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se investigue si los 420 presuntos secuestradores que se encuentran presos son realmente culpables o fueron fabricados mediante torturas.

En relación con la destitución de Carlos Ladrón de Guevara, como director de la Policía Judicial de la zona oriente de la entidad, el procurador de Justicia morelense dijo que se realizó porque el mismo está bajo investigación de la PGR.

El ex director policiaco fue denunciado varias veces por las organizaciones de defensa de los derechos humanos de Cuautla, que lo señalaban como cómplice de secuestradores y allegado de Armando Martínez Salgado, quien se encuentra consignado por su presunta culpabilidad en la muerte de una persona por tortura e implicado en las actividades de bandas de secuestradores que operaban en la región los últimos cuatro años.

El procurador también informó acerca de la detención del agente de la PJ, Jorge Islas Lezama, quien fue acusado de extorsionar a una familia, sobre la cual no se proporcionó el apellido, con un millón de pesos.

Ante esto, tanto la dirigencia estatal del PAN, como la del PRD, se apresuraron a denunciar las amenazas que sufrió Martínez Cue, y responsabilizaron de la seguridad del legislador y de su familia a las autoridades de la entidad, especialmente al procurador de Justicia y al gobernador de la entidad.

Consulta ciudadana

Por su parte, la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos decidió cuatro medidas inmediatas para enfrentar el clima de inseguridad e impunidad que se vive en la entidad.

La dirección colectiva del movimiento dijo que la primera medida sera ``no entablar diálogo alguno con el gobernador Carrillo Olea''; después, ``coadyuvar con las instancias correspondientes en la integración de los elementos necesarios para, en su caso, iniciar juicio político contra Jorge Carrillo Olea''.

También, convocar el 8 de Marzo próximo a una amplia consulta ciudadana, con la finalidad de establecer si la población de Morelos demanda que Carrillo Olea ``no siga al frente del Poder Ejecutivo del estado'', y ``promover entre la sociedad morelense medidas de resistencia civil pacífica'', para lograr el retorno de la normalidad a la entidad, una vez que se destierren la impunidad y la inseguridad.