El 23 de diciembre, cuando la matanza de 45 indígenas en Acteal causaba la indignación mundial, el presidente Ernesto Zedillo ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) ejercer la atracción del caso al fuero federal, frente a la sospecha general de que las autoridades estatales estaban involucradas.

Ocho agentes del Ministerio Público Federal, siete peritos y 40 agentes de la Policía Judicial Federal se trasladaron a Chiapas. Los resultados parciales están en el ``Informe preliminar sobre la investigación de los hechos delictuosos ocurridos en el municipio de Chenalhó, estado de Chiapas''.

En ese documento se lee: ``El 22 de diciembre, a las 11 horas, unas 60 personas provenientes de distintas comunidades de Chenalhó (Miguel Utrilla-Los Chorros, Quextic, La Esperanza, Chimix, Jibeljoj, Jobeltic, Tzajalacum, Pechiquil, Acteal y Canolal) atacó con armas de fuego a otro grupo de personas pertenecientes a la agrupación Las Abejas, que se encontraba asentado en un campamento de la población de Acteal''.

``Producto de esta agresión colectiva resultaron muertas 45 personas''. ``Los hoy occisos fueron 20 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 18 menores de edad y siete varones adultos. Otras 25 personas fueron heridas, aunque sólo se tiene registro médico de 20''.

Según la PGR, el vicario de la diócesis de San Cristóbal , Gonzalo Ituarte, tuvo algunos informes sobre los hechos de Acteal a las 12 horas del día 22 y se comunicó media hora más tarde con el secretario de Gobierno, Homero Tovilla, ``quien a su vez le dijo que investigaría, siendo más tarde la respuesta de las autoridades que no había novedad alguna''. A las 19:30, Gonzalo Ituarte, ``al saber que había existido un enfrentamiento en el poblado de Acteal, donde varias personas resultaron muertas y heridas, se comunicó de nueva cuenta con Homero Tovilla, quien le contestó que sólo se habían escuchado algunos disparos y que ya había 15 miembros de Seguridad Pública en la zona para atender la situación''.

Esa noche hubo una reunión en la casa de gobierno con la presencia del entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro. Se trató el asunto de Acteal. El coordinador de Seguridad Pública, general Jorge Gamboa Solís, informó que el reporte que tenía de los hechos era ``sin novedad''.

El ocultamiento de pruebas

Desde el principio hubo intentos de manipular las investigaciones y ocultar las pruebas. Funcionarios policiacos tuvieron conocimiento de lo que sucedía en el mismo momento en que los paramilitares estaban matando a la gente de Las Abejas. Pero no informaron. O si lo hicieron, el gobierno estatal no reaccionó.

En el texto de la PGR se establece que el agente de Ministerio Público de la Procuraduría chiapaneca ``no preservó el lugar de los hechos, no dio intervención a peritos en criminalística de campo, no se fijaron fotográficamente con la pericia requerida los cuerpos, no practicó las diligencias del levantamiento de cadáveres ni dio fe de dónde se localizaron los casquillos''.

Todas estas irregularidades sucedieron en presencia de las autoridades de seguridad pública de Chiapas.

En el levantamiento de los cuerpos y los análisis forenses también hubo ilegalidades. De ahí las contradicciones entre los informes local y federal.

El Servicio Médico Forense de Chiapas dijo que 33 de las 45 víctimas fallecieron por disparos de arma de fuego, siete por lesiones producidas por instrumento corto-contundente y cinco por traumatismo cráneo-encefálico.

En cambio, la PGR dictaminó que 43 personas murieron por disparos de arma de fuego y sólo dos por traumatismo cráneo-encefálico. De los 20 heridos registrados por la PGR, 16 lo fueron por disparos.

Como se ve, el informe del forense chiapaneco pretendía sustentar la hipótesis de que no se trató del ataque de un grupo entrenado en el manejo de armas de grueso calibre, sino la venganza repentina de un grupo de indígenas.

Los datos del informe de la PGR dejan claro que la agresión fue consumada por un grupo paramilitar.

23 de los muertos recibieron tiros por la espalda.

Ninguna de las cuatro mujeres embarazadas sufrió ``lesiones cortantes de origen traumático en el abdomen ni genitales''.

La PGR recuperó 114 casquillos de cuando menos 15 armas de fuego. Hay pruebas de que los agresores portaban cinco ``cuernos de chivo'', cuatro rifles calibre 22, dos escopetas calibres 20 y 28, un AR-15, una carabina 30-30, una pistola 9 milímetros y otra calibre 38.

La PGR dice que los atacantes eran 60. Hasta la fecha, en el penal de Cerro Hueco hay 50 personas formalmente presas en relación con la masacre. Entre ellas se encuentran el ex presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, y el comandante de Seguridad Pública Felipe Vázquez Espinosa (esta semana fueron consignados otros dos jefes policiacos).

Aleccionados

En el primer mes de investigaciones, se rindieron 328 declaraciones, de las cuales 129 fueron de servidores públicos. La lista incluye al ex gobernador Ruiz Ferro, a todos los altos funcionarios que tenían que ver con la seguridad pública, 12 comandantes y 83 agentes. (Los funcionarios, vale recordar, habían sido mencionados en una recomendación de la CNDH).

La PGR ha cuestionado muchos de los otros 267 testimonios porque, dice, fueron ``vertidos por indígenas simpatizantes del autodenominado `Consejo Municipal Autónomo de Polhó'', quienes habrían sido aleccionados con listas de supuestos responsables de la matanza.

Lo mismo ha sucedido, según la PGR, con muchos de los policías quienes fueron instruidos para fingir que no saben nada de Acteal. Igualmente, la PGR acusa a ``líderes del Partido Cardenista de Chiapas'' de presentar falsos testigos, entre ellos Manuel Anzaldo Meneses.

El saldo: hay 35 órdenes de aprehensión por cumplir y la PGR considera ``que aún falta por identificar, detener y procesar a otros culpables''.

Conflicto intercomunitario

En la versión de la PGR, la matanza de Acteal fue resultado de un conflicto intercomunitario agravado tras la creación del Concejo Municipal Autónomo de Polhó, por simpatizantes zapatistas.

En cuanto se instala el Consejo, dice la PGR, ``los desplazamientos, robos, secuestros, amenazas, exacciones, bloqueos carreterros y comunitarios, así como lesiones y homicidios, se hacen cada vez más graves y frecuentes''.

A partir de entonces, en la visión de la Procuraduría, los dos bandos se acusan mutuamente de formar grupos paramilitares. En los testimonios se habla de campamentos del EZLN y de los paramilitares.

A pesar de esta información, el procurador Jorge Madrazo sostiene la versión de que el anciano Antonio Vázquez Secum, cuyo hijo fue asesinado supuestamente por gentes de Acteal, organizó la venganza.

La venganza, uno de varios móviles

``El grupo agresor se dividió en dos grupos, uno de ellos pasó la noche en la casa de Manuel Vázquez Ruiz, en Quextic, el resto se trasladó durante las primeras horas a una cabaña de la sierra'', dice la PGR.

El 22 por la mañana, los agresores salieron rumbo a Acteal.

Consumada la matanza, algunos regresaron a la casa de Manuel Vázquez y ``ahí le informaron a Antonio Vázquez Secum de que habían matado a muchas personas, lo cual, según su propia declaración, le produjo gran alegría, siendo que al final de la jornada Antonio Vázquez Secum ofreció alimento y bebida a los agresores''. La PGR detuvo al anciano y tres de sus familiares.

``La PGR considera que esta evidente venganza es uno de los varios móviles del crimen de Acteal, este crimen es la culminación de una serie de agravios, homicidios, robos, incendios y secuestros que recíprocamente se imputan los simpatizantes del presidente municipal de Chenalhó y del Consejo Autónomo de Polhó''.

Como instigador de la matanza, la PGR señala a Jacinto Arias Cruz, quien ``valiéndose de su posición política de presidente municipal de manera dolosa determinó a los otros inculpados a cometer los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, asociación delictuosa y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, de proporcionarles las armas con las que realizaron los eventos delictivos''. Además de que en un camión del ayuntamiento ``se transportaban los autores materiales de los hechos'' cuando fueron identificados y detenidos por los familiares de las víctimas.

Ordenes superiores

El comandante Felipe Vázquez Espinoza, de la policía de Seguridad Pública y destacado en Los Chorros, está preso por ``haber auxiliado a vecinos de las comunidades y simpatizantes del PRI a transportar armas de fuego de uso restringido'' (AK-47). En su declaración ministerial, el comandante ``aceptó las conductas que le son imputadas, argumentando que la superioridad ya estaba enterada de esa situación y que le había girado instrucciones al respecto''. La PGR tiene las declaraciones y las fotografías donde el comandante aparece acompañado de civiles priístas y cardenistas que portan fusiles AK-47. Hay 15 policías de Seguridad Pública que han declarado contra su comandante.

La PGR reconoce en su informe ``el grado de compromiso de los elementos de Seguridad Pública en la protección a uno de los grupos en conflicto, la canalización de armas y entrenamiento para su uso''.

La Procuraduría investiga ``las razones por las que el gobierno del estado determinó marginarse en la solución del conflicto permitiendo la impunidad de hechos delictivos, por no investigar y consignar a los responsables''.

A su vez, la PGR indaga ``las razones de la actitud asumida por los elementos de Seguridad Pública que, no obstante haberse enterado oportunamente de la concurrencia de hechos violentos en Acteal el 22 de diciembre, no actuaron''.

La PGR investiga además a ``12 agrupaciones en Chiapas que estarían armadas''.

Omisiones y complicidades

Veinte días antes de la matanza se llevó a cabo una reunión de representantes de ONG con el gobernador Julio César Ruiz Ferro, el secretario y el subsecretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín. En dicho encuentro el gobernador negó la existencia de grupos paramilitares y dijo que el único grupo protegido era el EZLN.

Sin embargo, Emilio Chuayffet, como secretario de Gobernación, admitió el 27 de diciembre que había sido informado antes de la matanza de Acteal sobre la existencia de grupos paramilitares y que el Centro de Investigaciones Sobre Seguridad Nacional (Cisen) estaba enterado de la situación de Chenalhó. A pesar de haber sido informado, Chuayffet no hizo nada por evitar la matanza anunciada y aprobada por la indiferencia de las autoridades.

Acabar con la semilla

La decisión de ``acabar con la semilla'' zapatista se toma el 17 de diciembre, tras el asesinato de Agustín Vázquez Ruiz. Los priístas acusaron a los zapatistas y a Las Abejas del crimen, por lo que decidieron acabarlos.

Desde el 18 de septiembre los refugiados de Acteal estaban siendo vigilados. El 21 de diciembre, 13 personas de Las Abejas fueron obligadas a robar las casas de desplazados de la comunidad de Quextic. Los agresores eran de Los Chorros y de La Esperanza, llegaron armados con AK-47 y dispararon al aire para intimidar. ``Portaban radios y cuchillos y algunos vestían ropa similar a los militares, alguno iba con traje de campaña negro y las bolsas del pantalón llenas de cartuchos'', indica el testimonio recogido por la Red Todos los Derechos para Todos.

El 21 de diciembre varios miembros del PRI de Los Chorros se reunieron para organizar la matanza. Entre las 22 y las 24 horas se planeó el operativo paramilitar en la casa de Manuel Vázquez Ruiz.

Los de Las Abejas fueron avisados pero creyeron que las plegarias alejarían a la muerte. No creyeron que los matarían pues ``no tenían por qué temer ya que no habían hecho nada malo''.

El procurador general de Justicia, Antonio Besares, hizo modificar los informes que recibió para hacer ver que no se enteró de nada. Besares aseguró que tuvo conocimiento de lo acontecido en Acteal hasta las 7 de la mañana del 23 de diciembre, casi un día después, al ser informado por el gobernador, quien a su vez le pidió que informara a los medios de comunicación. Cuando se enteró de que el subprocurador de Justicia Indígena, David Gómez Hernández, había asistido al lugar de los hechos para levantar los cadáveres, afirmó que éste había actuado bajo las instrucciones del secretario de Gobierno, pese a que depende de la PGJE.

El subprocurador de Justicia Indígena, David Gómez, declaró que a las 21 horas le informaron del Hospital Regional de San Cristóbal que tenían seis personas heridas. Luego verificó que llegaron 14 lesionados a ese nosocomio.

David Gómez acusó al procurador estatal de haberle ordenado modificar su reporte en tres ocasiones. El procurador intentó deslindarse de esa forma de cualquier responsabilidad de la matanza. El subprocurador asentó que fue el secretario de Gobierno quien le ordenó trasladarse al lugar de los hechos. El procurador le ordenó asentar en su informe que la instrucción de levantar los cuerpos fue de Uriel Jarquín, subsecretario de Gobierno, y omitir que los heridos habían informado que había personas muertas y diera a entender que no se le había hecho del conocimiento de los hechos.

En sus declaraciones ante la CNDH, los funcionarios del gobierno y los mandos policiacos no sólo se contradicen, sino que incluso se acusan entre sí.

El secretario de Gobierno, Homero Tovilla, afirmó haber sido informado por el vicario Gonzalo Ituarte. Dice que después llamó al general Jorge Gamboa, quien a su vez se comunicó con el director de Seguridad Pública, el cual le respondió no saber nada y ordenó a los comandantes de Polhó que investigaran lo que sucedía en el área. Después de 30 minutos, el director de Seguridad Pública informa al general Gamboa que no hay nada anormal.

Sin embargo, Gamboa declaró que a las 17 horas la policía destacada en Majomut informó que empezaron a recibir personas heridas provenientes de Acteal, que fueron trasladadas a San Cristóbal.

El director de Seguridad Pública informó que desde el 22 de noviembre se establecieron dos destacamentos de la policía estatal cerca de Acteal, uno en Chimix (31 policías) y en Majomut (40), al mando del comandante Antonio del Carmen López Noricumbo (involucrado en 1996 en la agresión contra una comunidad zapatista de Sabanilla). El director de la policía aseguró que a las 10:30 horas elementos de Seguridad Pública a cargo del oficial Roberto Martín (preso) hicieron un recorrido de Majomut a Acteal, ese oficial reportó a la una de la tarde que no había novedad alguna.

El primer oficial Antonio del Carmen Noricumbo tenía bajo su mando a 300 policías, de los cuales 40 estaban en la base de Majomut el día de la matanza. Según la declaración del comandante, él se enteró en Tuxtla Gutiérrez a las 20:30 horas y después se trasladó a Acteal a donde arribó a la una de la mañana del 23.

El jefe policiaco aclaró que recibió instrucciones del director de Seguridad Pública de trasladarse para allá ``exclusivamente'' para retirar los cuerpos y llevarlos a Tuxtla.

Roberto Martín Méndez, oficial a cargo del destacamento de Majomut, testificó ante la CNDH, que a las 10 de la mañana llegó a esa base el general retirado Julio César Santiago Díaz (jefe de asesores de la Coordinación General de las Policías del Estado), acompañado del capitán de caballería retirado Roberto García Rivas, supervisor de sectores de esa coordinación (actualmente preso) ``para verificar que el personal cumpliera con su deber''.

Homero Tovilla, secretario de Gobierno, informó a la CNDH que no tuvo información hasta las 20 horas, sin embargo, desde las 12 horas del 22 ordenó al coordinador de la policía investigar los hechos.

A las 10:30 de la mañana algunos jefes policiacos ya se habían enterado de que algo estaba sucediendo en Acteal. Entre ellos, Roberto Martín Pérez (oficial a cargo del destacamento de Majomut), José Luis Rodríguez Orozco (director de Seguridad Pública) y el general Jorge Gamboa (coordinador general de Seguridad Pública).

Esta aseveración se basa en el corte informativo de las operaciones en el destacamento de Majomut, elaborado por Roberto García Rivas y que está dirigido al director de Seguridad Pública. En el documento se esclarece que ``de acuerdo a instrucciones recibidas vía telefónica a las 10:30 horas, se les ordenó realizar un recorrido por Acteal''. Hicieron un recorrido hasta Pantelhó y Majomut. El oficial Roberto Martín informó que se había percatado que en Acteal la mayoría de las casas estaban abandonadas.

Todo esto coincide con el informe presentado por el director de la Seguridad Pública.

Hay que tener en cuenta que la distancia de Majomut a Acteal es de un kilómetro y medio.

Este informe policiaco contradice las declaraciones de Homero Tovilla, secretario de Gobierno, de que dio instrucciones de investigar a las 12 del día. Si el oficial policiaco en Majomut y el director de la Seguridad Pública aseguran que desde las 10:30 fue ordenado el recorrido para investigar la situación en Acteal.

En cuanto a la atención de los heridos, la CNDH encontró que los reportes de los comandantes policiacos presentados por Jorge Gamboa Solís estaban alterados. Donde decía que a las 17 horas se atendió a los primeros heridos pusieron las 19 horas.Según la CNDH las detonaciones originadas por las armas de fuego debieron escucharse a unos tres kilómetros y medio en línea recta. Esto confirma que los disparos se escucharon por lo menos en dos destacamentos militares (Majomut y Chimix).

Según el comandante policiaco Antonio López Noricumbo, entre las 3 y las 4 de la madrugada del 23 de diciembre llegaron a Acteal Jorge Enrique Hernández Aguilar (secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública), el general Jorge Gamboa Solís (coordinador de la Policía del Estado), el comandante José Luis Rodríguez (director de la Seguridad Pública), Antonio Pérez Hernández (secretario para la Atención de los Pueblos Indígenas), personal de Protección Civil y la Cruz Roja. Habían dos agentes del Ministerio Público y un médico legista. El comandante señaló que los cuerpos estaban en una cañada prácticamente juntos.

El subprocurador de Justicia Indígena, David Gómez Hernández, aseguró que llegó a Acteal a las 12 de la noche del 22 de diciembre, junto con Pedro Guzmán Meza, de la Seapi, con Jorge Enrique Hernández Aguilar, con Uriel Jarquín, subsecretario de Gobierno, además de los agentes del MP.

El funcionario aseguró que elementos de la Cruz Roja llegaron antes con unas diez o 15 ambulancias. El subprocurador de Justicia Indígena dijo que el MP recogió los 45 cuerpos y que junto con integrantes de Seguridad Pública terminaron a las 6:30 de la mañana.

No está claro quién ordenó el levantamiento de los cuerpos.

Según informó el secretario de Gobierno a la CNDH esa decisión y la de trasladarlos a la capital estatal fue tomada por el comandante general de zona, general Agustín Santiago (jefe de asesores de la Coordinación General de la Policía de Chiapas).

Pero el subprocurador de Justicia Indígena informó al procurador general del estado que ``se procedió al levantamiento de los cuerpos recibiendo las instrucciones de Uriel Jarquín en el sentido de trasladarlos directamente a Tuxtla Gutiérrez''.

El levantamiento y traslado de los cuerpos borró toda evidencia del ataque.

El mismo subprocurador de Justicia Indígena, ``junto con el delegado estatal de la Cruz Roja Cipriano Villegas Apodaca, vio cómo los policías amontonaban en camiones de redilas los restos de 15 niños, 21 mujeres y nueve hombres para practicarles la autopsia de ley''.