Masiosare, domingo 22 de febrero de 1998

La orden fue terminante. Las instrucciones, precisas.

``... Se solicita el auxilio de una sección a su mando, de zorros, granaderos o policías sea cual sea su denominación, entrenados y equipados para escalar y tomar las alturas del inmueble, y que desde ahí eviten que las autoridades judiciales, policiales y los civiles sean atacados físicamente...''

``...Una sección de granaderos y granaderas con sus mandos equipados antimotines para acordonar los alrededores del inmueble antes citado, y el apoyo de un helicóptero a efecto de brindar seguridad a los miembros de los grupos policiacos antes mencionados y en caso de que exista oposición por la que se incurra en algún ilícito penal se haga la detención correspondiente...''

No. No se trata de un operativo para capturar a los hermanos Arellano Félix. Tampoco es una acción para atrapar a la banda de El Chucky. Es, simplemente, la orden para desalojar de sus viviendas a una decena de familias, girada por el juez 27 de lo civil, Miguel Alberto Reyes Anzures, y ejecutada a las 4 de la mañana del 23 de enero pasado.

La incursión tuvo éxito. Los inquilinos, con sus niños y sus tiliches, fueron echados a la calle.

Horas después, cuando los afectados se recuperaban del susto y la ciudad empezaba a enterarse, unos 400 granaderos acordonaron la vecindad de Guatemala 71 para proteger a 40 cargadores que, prestos, sacaron dos camas, tres sillones, dos refrigeradores, seis cajas y cuatro sillas que estaban en una vivienda de 35 metros cuadrados, habitada por una señora y sus dos hijas.

No fue la primera visita al Centro que los granaderos realizaron con ese propósito. Una semana antes, en Donceles 60, 200 elementos participaron en el desalojo de una vecindad entera. Las pertenencias de los afectados permanecieron sobre la banqueta por varios días.

¿Una campaña contra inquilinos morosos?

Quién sabe, pero esas acciones tomaron por sorpresa a las organizaciones del Movimiento Urbano Popular, sobre todo por la forma como se llevaron a cabo los lanzamientos. ``Es una bronca contra Cuauhtémoc (Cárdenas)'', advierte Javier Hidalgo, diputado local y líder de una de tantas Asambleas de Barrios.

Y recuerda: los tres operativos fueron ordenados por jueces civiles.

Jorge Rodríguez y Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), rechaza que el Poder Judicial participe en una campaña de desestabilización, porque detrás de las sentencias que dictan los jueces no hay nada turbio.

``No hemos cambiado ninguna política; el juez se ha dedicado a aplicar la ley'', dice, ni tampoco ``se ha dado una instrucción en el sentido de que usen determinada fuerza pública, o que actúen en una forma diversa a la que como siempre lo han venido haciendo.''

Sin embargo, con o sin línea, cada vez son más los jueces que solicitan el apoyo de la fuerza pública para ejecutar las sentencias de desalojo. Al tomar posesión de la Secretaría de Seguridad Pública, Rodolfo Debernardi se encontró con mil 800 peticiones para apoyar desalojos, todas con carácter de urgente.

Algunas se atendieron.

Hasta que los focos rojos se encendieron en el nuevo gobierno capitalino.

De piedra ha de ser la cama

Esa madrugada, a El Charro le dejaron un ojo morado.

Alertado por los tres cohetes que indican un desalojo en curso, El Charro fue el primero en llegar a la vivienda de Piñón 324, en la colonia Nueva Santa María, y de inmediato empezó a meter los muebles que sacaban los cargadores.

No lo hubiera hecho. Una mujer que fungía como actuaria lo tomó del brazo y le soltó un manotazo que se estrelló en su ojo derecho. La mujer no pudo hacer más, porque en ese momento llegaron otros integrantes de la Asamblea de Barrios a impedir el desalojo.

Cuentan que El Charro se quedó muy serio, francamente enojado.

Porque su único pecado fue cumplir con el acuerdo de impedir un desalojo, tal y como se acostumbra en la Asamblea de Barrios.

Una práctica que en ocho meses fácilmente podría pasar a la historia.

En materia inquilinaria la fecha clave es el 13 de octubre de 1998, cuando entren en vigor las modificaciones legales al Código de Procedimientos Civiles que agilizan los juicios de lanzamiento, eliminan la posibilidad de depositar las rentas en Nacional Financiera como una forma de alargar los contratos de arrendamiento, y en términos generales favorecen a los propietarios de inmuebles para renta.

La aplicación de estos cambios legales se pospuso desde 1993, cuando el PRI era todopoderoso en la capital.

Paradójicamente, ni siquiera el arribo de un gobierno de oposición garantiza que la nueva ley inquilinaria se derogue, porque la Asamblea de Representantes tendrá facultades para cambiar el Código Civil hasta 1999. La última palabra la tiene la Cámara de Diputados... Y el PAN no ve con malos ojos las reformas legales.

Así, los desalojos ordenados por los jueces, con todo y sus batallones enteros de granaderos, constituyen una mala señal en el horizonte.

El acuerdo

A principios de febrero, organizaciones del Movimiento Urbano Popular realizaron una manifestación frente al Tribunal para exigir a los jueces que pongan fin al hostigamiento policiaco, pues ``nomás agravaron la situación que de por sí estaba complicada'', dice Lucas Alvarez, coordinador de la Unión Inquilinaria de Lucha Popular (UILP).

El resultado -consensuado en la oficina de Rosario Robles, secretaria general de Gobierno- fue que, en adelante, ninguna sentencia de lanzamiento sería dictada sin antes buscar una solución negociada entre las partes, con la mediación del gobierno capitalino.

Al efecto, se creó una comisión especial integrada por la Coordinación de Participación Ciudadana, la Procuraduría Social y la Secretaría de Desarrollo y Vivienda, para analizar caso por caso los juicios donde el desalojo sea inminente.

Todas las mañanas, quince o veinte tarjetas son colocadas en el escritorio de la secretaria general de Gobierno. Con un rápido examen, la funcionaria y sus colaboradores deciden en cuál puede haber problemas mayores y la comisión inicia su trabajo cotidiano.

En detener los desalojos con uso de la fuerza pública el gobierno de Cárdenas va al día. Porque el fondo del problema, admite un integrante de la comisión citada, es que a la capital del país le hacen falta un millón y medio de casas.

En los hechos, el nuevo órgano de conciliación cumple con un doble propósito: evitar la violencia en los desalojos y atajar cualquier intento de desestabilización del gobierno perredista.

El funcionario consultado no ve en los desalojos de inquilinos un intento de desestabilizar al gobierno, ``pero en las invasiones de predios sí es muy posible; por eso no vamos a permitir ni una sola'', advierte.

La comisión especial maneja tres opciones para la negociación entre las partes: conciliar que los incrementos en las rentas sean accesibles para los inquilinos, mediar en la compra de los inmuebles en los casos donde esto sea el motivo del conflicto, o bien, apoyar a los desalojados en la dotación de vivienda de interés social.

Las resistencias de Debernardi

La primera tarea de la comisión especial del gobierno capitalino fue convencer a su propia policía. Rodolfo Debernardi y otros mandos ``insistían en acatar tal cual los ordenamientos de los jueces'', reconoce el funcionario.

¿A qué les sonarían los argumentos de la comisión especial a los jefes policiacos?

``La fuerza pública se tiene que usar pero administrada con criterio político''. Y más: ``Hay que desplegarla con todo rigor contra la delincuencia organizada, pero no contra un pobre inquilino que no tiene para pagar la renta''.

La estrategia de conciliación del gobierno finalmente permitió detener los ``excesos de fuerza'' de la policía.

La herencia

La flamante comisión tiene un amplio universo de trabajo, pues tan sólo el año pasado el TSJDF registró 3 mil 240 juicios en materia inquilinaria y se efectuaron 4 mil 154 desalojos, un promedio de 11.38 al día.

De acuerdo con la investigadora Reyna Sánchez Estévez, la situación es sumamente grave pues ``las familias que se encuentran en estos casos no tienen forma de ganar los juicios, lo único que sucede es el retraso de las órdenes de desalojo''. Y cuando entren en vigor los nuevos ordenamientos legales, los lanzamientos ``se van a realizar en un tiempo mucho menor''.

Mucho trabajo para la nueva comisión. Y por si fuera poco, debe enfrentar las herencias del pasado. De acuerdo con estadísticas de la Unión de Vecinos y Damnificados (UVyD), en el Distrito Federal existen alrededor de 55 mil familias en riesgo de ser desalojadas, ya sea por que enfrentan juicios de lanzamiento o por que habitan viviendas consideradas de alto riesgo.

En este caso, el común denominador es que el gobierno anterior hizo muy poco para solucionar el problema. José Antonio Salas, miembro de la Coordinación General de la UVyD, cuenta que en julio de 1997 el DDF se comprometió a construir viviendas de interés social en los terrenos que ocupaban 26 vecindades de alto riesgo, las cuales fueron demolidas. El compromiso nunca se cumplió.

Los habitantes de las vecindades -300 familias en total- se quedaron con las manos vacías, rentando en otros lugares y con riesgo de no regresar jamás a sus lugares habituales, pues aumentaron los costos de construcción para sus nuevas casas.

Un riesgo similar enfrentan 2 mil familias que habitan viviendas con renta congelada y que a partir del 19 de octubre, cuando entren en vigor las reformas al Código Civil, podrían ser desalojadas.

Todo sin contar ``a quienes viven en 2 mil edificios de alto riesgo y que por su seguridad deben ser reubicados''.

La huella del PRI

Al congelarse las modificaciones al Código de Procedimientos Civiles, el Departamento del Distrito Federal -encabezado entonces por Manuel Camacho- se comprometió a integrar un programa de vivienda social para las personas que resultaran afectadas, a través del Fideicomiso Casa Propia (Ficapro).

Cinco años después, los resultados son escasos.

De acuerdo con el informe presentado por Roberto Eibenshutz, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, al jefe de gobierno, en el periodo de 1995 a 1997 el fideicomiso construyó unicamente 6 mil viviendas.

De los 181 inmuebles del programa de suelo para vivienda, se demolieron 88... pero no se construyó ni una sola casa, porque no hubo recursos. Las personas que ocupaban los predios expropiados se quedaron en la calle.

¿De a cómo quiere su acta?

Afuera del Tribunal Superior de Justicia del DF un viejo actuario se queja.

``Se va a poner más difícil. De por sí los dueños ya no quieren meterse en broncas, porque la gente se puso más viva. Y luego los policías que le sacan también.''

Culpa ``a los perredistas'' de sus penas, porque a raíz de la manifestación que realizaron en el Tribunal, las sentencias de lanzamiento fueron aplazadas.

La decisión del Consejo de la Judicatura afecta sus ingresos, pues los actuarios reciben jugosas propinas por las diligencias a las que asisten.

Y es que según el sapo es el acta que se levanta.

En el mercado de los desalojos, una diligencia se cotiza mínimo en 100 pesos por concepto de propina, e incluye el levantamiento de un acta simple de los hechos que se presenten.

La tarifa varía según las necesidades del quejoso. Si se trata de un desalojo de escritorio, esto es, cuando el lanzamiento no se lleva a efecto pero de todos modos se levanta un acta como si hubiera ocurrido, el actuario recibe mil pesos en promedio.

Y dentro de esta categoría existen variantes, porque si la intención del demandante es iniciar un proceso por despojo, con el argumento de que el inquilino volvió a meterse a la vivienda (aunque nunca haya salido) es necesario desembolsar hasta 3 mil pesos.

Las actas levantadas de esta forma llevan la garantía de que ninguna argucia legal podrá echarlas por tierra, pues su redacción incluye todas las hipótesis que pudieran utilizarse en la impugnación.

El mercado de los desalojos incluye a los cargadores, que se pueden contratar en las afueras del TSJDF. Tarifa por diligencia: entre 50 y 200 pesos cada uno.

Un desalojo, pues, generalmente sale caro. Y más se paga cuanto mayor valor tenga el inmueble en litigio: durante el lanzamiento frustrado donde El Charro resultó con un ojo morado, el dueño de la propiedad pagó 15 mil pesos... Nada más a los cargadores.

El caso de la vecindad de Guatemala 71 también ameritaba financiar la presencia de 400 granaderos, tres actuarios y 40 cargadores. La propiedad, construida hace 200 años, se encuentra a dos calles del Palacio Nacional, en una zona cuyo valor comercial se ha disparado en los últimos años.

Cada metro cuadrado se cotiza, por lo menos, en 2 mil pesos. Y en este caso, la intención del propietario es derruir la vecindad y construir una plaza comercial.

Mucho dinero en juego.

Por eso se quejaba el viejo actuario.

Desde hace cinco años, a doña Jovita Ortega Chaparro le echan los perros cada vez que regresa a su casa.

Pero no son piropos.

Se trata de dos animales que el dueño de la vecindad puso en la puerta para evitar que entre la señora y conseguir, así, que desocupe los cuartos que le renta.

En cinco años, doña Jovita se ha vuelto experta en eludir a los perros. Aguantó que le cortaran el agua y la luz eléctrica, que le prohibieran recibir visitas y hasta sobrevivió a una invasión de abejas africanas, azuzadas por el dueño de la vecindad que rompió el panal de los insectos.

Todo por 60 pesos con 50 centavos mensuales, que es la cantidad que doña Jovita paga de renta.

La vecindad se ubica en Lago Zirahuén 113, en la colonia Anáhuac, y se encuentra en muy mal estado. Desde hace 34 años, doña Jovita ocupa dos cuartos al fondo del inmueble, con techo de lámina de cartón que no protege para nada del frío o la lluvia.

Solamente hay un baño para toda la vecindad, con capacidad para 11 familias, aunque sólo la ocupan tres. En el resto de los cuartos viven los perros que cría el dueño.

Doña Jovita enfrenta un juicio inquilinario desde hace cinco años, porque no pudo desocupar los cuartos tal y como se lo exigió el propietario, José Alfredo Rodríguez. Hasta ahora ha sobrevivido a tres intentos de desalojo, frustrados por la Asamblea de Barrios.

Y allí sigue, porque, dice, no tiene a donde moverse. ``¿O usted cree que si tuviera dinero aguantaría tantas cosas?''. (Alberto Nájar).