Masiosare, domingo 22 de febrero de 1998



CERTIFICAR A LOS CERTIFICADORES


Martha Honey*


La Agencia Central de Inteligencia (CIA) buscó ``bajo cada piedra'' en cuatro continentes y, al final, dijo que no existen evidencias de que sus agentes hayan tenido nexos ``directos ni indirectos'' con la red de tráfico de cocaína con base en Los Angeles, que financió a la contra nicaragüense en los ochenta. En este texto, la autora sostiene que el informe de la agencia ``contiene una sorprendente letanía de nexos entre los narcotraficantes, los contras y la CIA. La evidencia se encuentra en fragmentos citados de memoranda internos o entrevistas. El informe, sin embargo, no hace ningún seguimiento riguroso de estas pistas ni profundiza en sus implicaciones''. ¿Quién podría certificar la actuación de Estados Unidos contra el narcotráfico?



Si, como México, el gobierno de Estados Unidos estuviera sujeto a un proceso anual de certificación por su actuación contra las drogas, la acusación en su contra podría basarse, irónicamente, en una lectura detallada de un informe de la CIA publicado recientemente: ``Reporte de investigación: Acusaciones de nexos entre la CIA y los contras en el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos''. Desafortunadamente, no es así como se ha contado la historia en la prensa estadunidense... que es justamente lo que planearon los publirrelacionistas de la Agencia Central de Inteligencia.

La investigación interna llevada a cabo por el inspector general de la CIA fue ordenada tras la publicación, en agosto de 1996, del reportaje ``Alianza oscura'' en el periódico San José Mercury News, en el que se detalló cómo, en la década de los 80, operativos de la agencia se aliaron a traficantes de cocaína para ayudar a financiar la guerra encubierta de Washington contra Nicaragua.

Las revelaciones del reportero investigador Gary Webb en el Mercury News causaron una tormenta de controversias, pues ligaban una red de narcotráfico vinculada a los contras con los inicios de la epidemia de crack en el estado de California. La CIA y los principales medios de prensa (propiedad de blancos) han ridiculizado insistentemente las acusaciones, mientras que la investigación del Mercury News ha sido aceptada como verdad revelada por muchos afroamericanos, desde las calles hasta los pasillos del Congreso.

Tanto la investigación de la CIA como una pesquisa paralela del inspector general del Departamento de Justicia fueron programadas para su publicación a mediados de diciembre de 1997, pero por razones aún turbias ambas fueron retiradas en el último minuto. Hasta ahora no hay indicios de cuándo -si acaso sucede- se publicará el reporte del Departamento de Justicia, considerado por amplios sectores más extenso e imparcial.

Cuando por fin se difundió el informe de la CIA a finales de enero pasado, el director de la agencia, George Tenet, proclamó que ésta había llevado a cabo ``la más exhaustiva'' investigación en sus 50 años de historia, en la que ``se buscó bajo cada piedra'' para llegar a la conclusión de que la institución nunca tuvo nexos ``directos ni indirectos'' con la red de tráfico de cocaína con base en Los Angeles, cuya existencia detalló el reportaje del Mercury News.

El resumen de ocho páginas de la CIA proclamó que un equipo de 17 personas examinó 250 mil páginas de documentos e interrogó a 365 personas ``en cuatro continentes'', sin encontrar ``información alguna'' que ligara ``a ningún trabajador presente o pasado de la CIA, ni a nadie que actuara en su nombre'' con la red de narcotraficantes en Los Angeles, entre cuyos cabecillas figuraban los nicaragüenses Danilo Blandón y Norwin Meneses, así como el joven afroamericano Ricky Ross.

La agencia calculó con razón que, con base en el pronunciamiento del director George Tenet y el resumen, los principales medios de prensa estadunidenses informarían obedientemente lo que decía el encabezado de The Washington Post del 30 de enero: ``Investigación no halla ningún nexo entre la CIA y las ventas de cocaína crack en L.A.'' Pero más allá del somero resumen y de las palabras del director, el informe de 149 páginas contiene una sorprendente letanía de nexos entre los narcotraficantes, los contras y la CIA. La evidencia se encuentra en fragmentos citados de memorándums internos o entrevistas. El informe, sin embargo, no hace ningún seguimiento riguroso de estas pistas ni profundiza en sus implicaciones.

Estas breves ojeadas bajo las ``piedras'' por parte de la CIA revelan una serie de elementos que generan más preguntas de las que responden. Entre las curiosidades, contradicciones y omisiones en el reporte de la CIA se encuentran las siguientes:

En el informe se asienta que la CIA intervino en el ``caso Frogman'' de 1983 -en su momento, el mayor golpe contra el narcotráfico en California- por temor a que la revelación de sus conexiones con ese asunto, el primero vinculado con los contras, representara ``un desastre potencial''. El informe concluye además que, ``a petición de la CIA'', el Departamento de Justicia estadunidense y la Fiscalía Federal de San Francisco devolvieron a los contras unos 36 mil dólares confiscados previamente y cerraron la investigación. En el pasado, la CIA y los fiscales desmintieron reiteradamente notas de prensa según las cuales la CIA había intervenido para proteger una operación contras-cocaína.

El ex comandante de los contras Edén Pastora dijo a los investigadores que recibió del narcotraficante colombiano Jorge Morales dos aviones, uno de ellos un C-47, y 40 mil dólares. El informe omite cualquier examen de notas de prensa previas y testimonios ante audiencias del Congreso de que diversos contactos clave entre Morales y Pastora (concretamente Marcus Aguado, Popo Chamorro, Octavio César y John Hull) trabajaban para la CIA.

El informe reconoce que el narcotraficante nicaragüense Danilo Blandón fue invitado en 1983 a una ``cumbre unificadora'' de los cinco principales líderes contras, a pesar de que a lo largo del documento se asegura que su relación con los contras fue mínima. Además, el informe establece que Blandón puso a disposición de Pastora su residencia en Costa Rica y dos automóviles, más 9 mil dólares en efectivo. Blandón trabaja actualmente como informante a sueldo de la DEA (agencia antidrogas de EU).

La investigación revela que el 22 de octubre de 1982 una oficina del clandestino Directorio de Operaciones de la CIA recibió un cable en el que se informaba que dos grupos de la contra nicaragüense estaban involucrados en ``un intercambio (en Estados Unidos) de narcóticos por armas''. El cable agregaba que habría en Costa Rica una reunión de contras, varios ciudadanos estadunidenses y un narcotraficante convicto que participaba en la operación Meneses. Asombrosamente, el informe señala que la CIA decidió ``no investigar el hecho'' debido ``al aparente involucramiento de estadunidenses en todo el caso''. La fecha de este incidente coincide con la publicación de versiones según las cuales el operativo de la CIA John Hull y otros estadunidenses y cubano-estadunidenses estaban localizando pistas de aterrizaje en Costa Rica que pudieran ser usadas para operaciones tanto de los contras como de narcotraficantes.

El informe señala que Blandón se reunió al menos tres veces con Enrique Bermúdez, el principal comandante militar de la contra; pero no menciona que Bermúdez era un activo pagado de la CIA. El documento también confirma la aseveración del reportaje ``Alianza oscura'' según la cual Bermúdez dijo una vez, al solicitar ayuda a los narcotraficantes Blandón y Meneses, que ``el fin justifica los medios''. El informe cita un cable de la CIA de 1986 en el que se identifica a Meneses como ``el capo de los narcotraficantes nicaragüenses'' desde los años 70.

Estos son sólo algunos ejemplos; hay muchos más en el informe que merecen ser investigados a fondo por un organismo verdaderamente independiente. Además, el público tiene derecho, tal y como lo exige actualmente una alianza de grupos pro derechos humanos con sede en Washington, a que la CIA publique los nombres de las 365 personas entrevistadas para el informe, así como las transcripciones de sus declaraciones y los documentos que examinó.

El informe reconoce también que siete personas ``declinaron'' la solicitud de entrevista de la CIA. Entre ellas figuran Joseph Fernández, Duane Clarridge y Clair George, todos ellos funcionarios de alto nivel de la CIA con importantes responsabilidades en la operación de la contra. ¿Por qué los investigadores de la CIA, quienes aparentemente tenían acceso ilimitado a documentos, no lograron obligar a estos tres funcionarios a conceder entrevistas?

Tampoco existe evidencia de que los investigadores hayan hablado con otros participantes clave, como el jefe de la CIA para Centroamérica, Alan Fiers, los operativos de la CIA y narcotraficantes John Hull, Felipe Vidal, Dagoberto Núñez y Marcus Aguado, o el impulsor de la contra Robert Owen, quien escribió memorándums a su jefe, el coronel Oliver North, advirtiéndole que algunos líderes contras estaban involucrados en el tráfico de droga. North aparentemente ignoró esta información. El equipo investigador de la CIA tampoco entrevistó a Gary Webb. ``A pesar de que el informe se enfocó en mi trabajo, ni la CIA ni el inspector general del Departamento de Justicia hablaron conmigo durante las investigaciones'', dijo Webb, quien recientemente terminó un libro en el que amplía lo escrito en su reportaje.

De hecho, la investigación de la CIA fue bastante defectuosa. Según Donald Winters, ex jefe de estación de la CIA en Honduras, a quien la agencia sí interrogó, ``la entrevista conmigo fue simplemente para cumplir el expediente de tocar todas las bases. Empezaron diciéndome que no tenían evidencia sustantiva de que las acusaciones en la serie de artículos del San José (Mercury News) tuvieran fundamento real''. En cambio, lo que sí revela el informe de la CIA es que, aun cuando la agencia intenta un encubrimiento, deja escapar muchos secretos. Cabe imaginar lo que una investigación independiente y a fondo podría descubrir.


Martha Honey* es codirectora del proyecto Foreign Policy in Focus (Enfoque en la Política Exterior) del Instituto de Estudios Políticos de Washington, D.C. Trabajó como periodista en Centroamérica en los años 80 y es autora del libro Hostile Acts. U.S. Policy in Costa Rica in the 1980s (Actos hostiles. Política de EU en Costa Rica en los años 80), de 1994, en el que documenta el narcotráfico ligado a la CIA y a la contra.