La Jornada 22 de febrero de 1998

ONG: con nuevas leyes en EU, 90% más muertes de indocumentados

Andrea Becerril Ť Las nuevas leyes de migración puestas en marcha en Estados Unidos han provocado el incremento en 90 por ciento del número de mexicanos que mueren al intentar cruzar la frontera. Asimismo, se ha elevado el número de mujeres que son deportadas, en condiciones absolutas de inseguridad.

En 1997, tan sólo por Mexicali, fueron deportadas 30 mil mujeres inmigrantes, a a las que se obligó a salir de madrugada del territorio estadunidense, advirtió la Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California, en un documento entregado a la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado de la República, que preside el panista Ricardo García Cervantes.

En el escrito se resalta que los controles migratorios aplicados por Estados Unidos se realizan en forma irracional, sin que por ello haya disminuido la migración.

Blanca Villaseñor, integrante de la referida coalición, precisó que el jueves pasado representantes de varias organizaciones no gubernamentales se reunieron con los senadores de la Comisión de Asuntos Fronterizos, a quienes entregaron un documento en el que figuran monitoreos diarios sobre expulsiones de mexicanos.

Plantearon, además, que el gobierno mexicano está obligado a establecer condiciones de deportación para los indocumentados, a fin de que no se vulneren sus garantías individuales, ya que, en el caso específico de las mujeres, las situaciones por las que deben pasar son muy angustiantes, toda vez que, además de obligarlas a regresar a México en la madrugada -en algunas fronteras de la zona mexicana hay temperaturas de hasta 50 grados-, la mayoría de las veces las deportan por una ciudad fronteriza distinta a la que usaron para internarse en Estados Unidos.

El riesgo de morir en el intento por llegar a aquel país casi se ha duplicado, dijo. Durante 1996 fallecieron 68 migrantes por inanición, deshidratación o ahogados en la frontera; en 1997 la cifra se elevó a 128, precisó.

Además de entregar el documento a los legisladores, los activistas demandaron que haya una actitud más vigorosa para defender a quienes cruzan la frontera.

Concretamente, pidieron que el Senado busque que el gobierno mexicano ratifique convenios internacionales para proteger a quienes tratan de ingresar en territorio estadunidense, ya que se ha agravado la violación a sus garantías individuales.

Por su parte, José Luis Pérez Canchola, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, expresó que no ha sido suficiente el esfuerzo del gobierno mexicano para atender a los indocumentados deportados de Estados Unidos, ya que esa tarea la atienden fundamentalmente las iglesias y las organizaciones no gubernamentales.

Al respecto, el senador García Cervantes dijo que el Senado no puede ser simple caja de resonancia y que está obligado a asumir una mayor responsabilidad y a desempeñar un papel protagónico.

Igualmente, el priísta Humberto Mayáns Canabal, quien preside la Sección Frontera Sur de esa comisión, consideró relevante dar seguimiento a los planteamientos allí formulados por las ONG y propuso la realización de un foro donde se aborde la problemática de los migrantes de manera global.