Los que conocen de cerca al presidente Zedillo hablan de su sentido del humor. La reciente persecución a fabricantes, vendedores y probablemente compradores y usuarios de su máscara parece demostrar lo contrario. El poder se ejerce en México con solemnidad. La crítica humorística es un ejercicio democrático. Pero muchas veces actúa simplemente como válvula de escape. El elemento decisivo de una democracia es la capacidad del pueblo para controlar los poderes del Estado y eliminar la corrupción y los desvíos.
No existe, en esta hora, agravio mayor que la corrupción generalizada e impune, y ésta no se genera por una decadencia moral de nuestro pueblo, sino por el ejercicio arbitrario e irresponsable del poder. En las antiguas democracias liberales se pensó que los contrapesos de los poderes harían más difíciles los abusos. En las sociedades abiertas, modernas, se han ido construyendo sistemas mucho más efectivos con instituciones autónomas que fiscalizan la operación de los poderes, no sólo para encontrar y castigar abusos, sino para lograr la más alta eficacia administrativa posible.
México no ha gozado jamás de un sistema de exigibilidad ni rendición de cuentas. Hoy que se perfila la posibilidad de una gran reforma del Estado, el tema central es la reducción máxima de la impunidad y el establecimiento de un control que haga eficaz la función administrativa. De una charla con José Joaquín César Arzani, especialista en el tema, y de mis propias reflexiones, resultaría lo siguiente.
1) El sistema no debe orientarse a la persecución de los funcionarios infractores, sino a la prevención de los abusos y sobre todo a lograr transparencia y eficacia en la función pública. Los mecanismos punitivos sólo deben usarse por excepción. Debe eliminarse el terrorismo sobre administradores públicos.
2) No funciona el autocontrol. El gobierno puede ejercer una contraloría interna y lograr mucha mayor eficacia administrativa y detectar a tiempo desviaciones. Pero una institución costosa y compleja como la Contraloría de la Federación, tal como hoy existe, resulta al final de cuentas contraproducente. La Contraloría ha empleado enormes recursos del pueblo de México sin lograr hasta ahora un solo juicio, ni un castigo adecuado para funcionarios del más alto nivel, para aquellos que han sido los responsables del desastre económico y moral del país.
3) No hay que permitir la ``partidización'' de este órgano. La iniciativa del Presidente de la República (congelada) para crear un nuevo sistema de fiscalización, otorga al Poder Legislativo la facultad de hacer la ``auditoría superior de la Federación''. Este es un error grave. Si el Congreso o una de las Cámaras ejercitan el control, éste estará sujeto a las fluctuaciones partidarias e ideológicas. Quien controle al Legislativo podrá usar a la contraloría contra el Poder Ejecutivo y sobre los demás poderes, y es muy difícil que este superpoder no genere abusos.
4) El nuevo sistema debe considerar el proceso administrativo de modo integral. El control debe ejercitarse desde el momento de la toma de decisiones y debe continuar durante el proceso completo hasta que las metas y objetivos se hayan alcanzado. Es vital que el sistema busque la eficacia administrativa y no culpables de los errores.
5) Debe generarse un poder independiente y autónomo. Un esquema semejante al del IFE actual podría funcionar. La Contraloría deberá estar integrada por ciudadanos electos por una mayoría calificada por la Cámara de Diputados. Debe gozar de patrimonio y tener garantizados sus suministros presupuestarios; no es deseable que se convierta en un ``supremo poder conservador''. Sus acciones y decisiones deben estar sujetas al control constitucional que ejerce el Poder Judicial. No debe limitarse a controlar al Poder Ejecutivo, sino abarcar a todos los poderes.
6) La exigencia de transparencia, el correcto seguimiento de las decisiones, los controles y sistemas de vigilancia, requieren de un aparato tecnológico avanzado. Esto tiene sus costos. Sin embargo, los beneficios posibles serían enormes. El mayor de todos: ``el capital social'', es decir, el grado de confianza que generan las instituciones. Si las instituciones son confiables, el país tiende a ser próspero. La operación general de la sociedad, de la economía y de la cultura mejorarán si los poderes públicos operan adecuadamente.
Me complace terminar con una referencia positiva: en la Cámara de Diputados los partidos PRD, PAN y PRI han llegado a un primer consenso para emitir una ley que establezca el órgano superior de fiscalización y que audite no sólo al Ejecutivo sino a los poderes Judicial y Legislativo, y que gozaría de plena independencia y autonomía.