La mitad de los habitantes del DF votó el 6 de julio por un nuevo gobierno que propuso, en resumen, una nueva relación entre sociedad y autoridades en la que la primera encontraría todo el fomento para su reconstrucción, para su ``empoderamiento''. ¡Juntos! llevaba implícito el mensaje de que hasta ese momento el autoritarismo gubernamental había actuado en contra de la sociedad, había perpetrado la destrucción sistemática y constante de las formas identitarias de las colectividades de mexicanos, dejándolas inermes frente al poder político y al gran capital. Implicaba asimismo que los regímenes neoliberales, con su coronación salinista, habrían llegado al extremo de servirse de una ingeniería social dirigida a la pulverización de todos los cuerpos colectivos, baste sólo citar la posición que el actual gobierno ha adoptado frente a las autonomías municipales.

El problema que ahora ciudadanía y gobierno tenemos enfrente es convertir las evocaciones imaginarias de la campaña cardenista en objetivos precisos y en técnicas para el fomento del nuevo asociativismo. El asunto es complejo sobre todo porque, debido al estado de desmantelamiento y violencia de nuestro país, la opinión pública se ha visto más atraída, más preocupada, por las barbaridades genocidas del viejo régimen en Chiapas, Guerrero o Tabasco y por la descomposición de sus grupos. Sin embargo, al lado de la protesta y del repudio de la violencia, nuestras tareas son también las de la regeneración y la reconstrucción de la ciudadanía. Esto, que marcaron claramente los sufragantes, exige una batalla contra fuerzas e inercias inconmensurables.

Y es que en una sociedad como la de la ciudad de México, debido a que la severa crisis económica ha mantenido estancadas las oportunidades de empleo y los índices de crecimiento durante los últimos 15 años, y a causa del desordenamiento social y la violencia que todo ello ha desatado, hoy podemos observar dos tendencia desalentadoras de la ciudadanización: digamos que los habitantes de la urbe o bien nos refugiamos en posiciones defensivas, individualistas, privatizantes, del pequeño grupo, del seno familiar, cuando aún existe, o bien, en los espacios de mayor precariedad, las masas recrean de manera alarmante formas organizacionales defensivas, verticales, tributarias de liderazgos que supuestamente les garantizan que ``alguien'' se encargará de gestionar la solución de sus problemas.

Ante la atomización privatizante, por un lado, y el neopatrimonialismo, por otro, se ven erosionados los espacios de la democracia social, aquéllos que verdaderamente fortalecen el asociativismo de la sociedad civil, el verdadero embarnecimiento o ``empoderamiento'' social.

Si bien es cierto que en los espacios fuertemente urbanizados y con poca tradición la solidaridad, la identidad compartida y la participación con vistas a la solución de problemas de interés colectivo, tienden a debilitarse, también lo es el hecho de que si tuviéramos que caracterizar la panorámica general, una buena parte de los habitantes confesaría pertenecer a una organización, a un liderazgo, a alguna forma de asociativismo. No es entonces la cantidad de personas organizadas sino las formas de organización que se da la gente lo que ayuda o inhibe la generación de ciudadanía.

Tendremos en los próximos cuatro meses que elaborar y aprobar una nueva ley de participación ciudadana; una serie de experiencias y ejemplos muy ricos a este respecto venido de América del Sur, de los países mediterráneos europeos y en menor medida de nuestro propio país. Haremos un esfuerzo en estas páginas por traer de manera resumida esas experiencias y por evaluar su utilidad para nuestra sociedad capitalina.

Baste por ahora con decir que la gente no tiende a participar sino que, en la mayoría de los casos, tiende a refugiarse en lo privado o de delegar sus responsabilidades en los líderes y en los representantes. Por ello la organización social no debe concebirse como un acto espontáneo, sino debemos entender que su generación requiere de una serie de técnicas probadas, re-ensayadas y perfeccionadas en otras sociedades menos autoritarias que la nuestra, y que van desde la descentralización y la territorialización cuidadosamente planeada y consensuada, hasta el concurso de los ciudadanos para el diseño de una parte del presupuesto público de acuerdo con una jerarquización de los problemas hecha por los propios colectivos.