Con apoyo oficial, un grupo armado controla recursos para los yaquis

Matilde Pérez U., enviada /I, Ciudad Obregón, Son. Ť Los yaquis de los pueblos de Vícam y Pótam acusan: ``hay un grupo armado y lo encabeza el ex gobernador tradicional de Vícam, Amado Molina Lugo''. Utiliza esa fuerza para imponer a sus seguidores y mantener el control a través del Programa de Asistencia Técnica Integral de la Tribu Yaqui (Paticy), existente desde 1989, que ha dejado fuera de sus beneficios a la mayoría de los 32 mil indígenas.

Los Paticy -como se conoce al grupo de Molina Lugo- están asesorados por Félix Reyes Gracia, empleado del coordinador de asuntos indígenas del gobierno del estado, Rosario Ozuna Zúñiga, uno de los fundadores del Paticy. Acerca de ello se informó desde diciembre al gobernador del estado Armando López Nogales y al procurador de Justicia, Miguel Angel Cortés, a quienes también se les pidió que destituyeran al comandante de la policía judicial, Norberto Pichardo ``por ponerse a las órdenes de los Paticy''.

Esta es una lucha interna por el poder, aclaran. Pero también evalúan que los gobiernos federal y estatal propiciaron la división a partir del convenio de concertación y finiquito agrario que firmó como testigo de honor el presidente Ernesto Zedillo el 10 de enero de 1997, con el cual se pretendió despojar de casi 40 mil hectáreas a la tribu a cambio de 40 millones de pesos, para entregarlas a 81 pequeños propietarios.

Para ellos, el gobierno estatal tolera al grupo armado, pues firmó -el pasado día 14- con el Paticy el ``convenio de concertación para impulsar el desarrollo integral de la tribu yaqui'', a través del cual les entregará 5.5 millones de pesos. Pero no fue signado por los gobernadores de Bácum, Huirivis, Ráhum y Bélem; por eso ``no hay razón para que este convenio tenga vigencia, porque no tiene la autorización de toda la tribu'', dicen las autoridades tradicionales.

En Pótam y Vícam -los dos pueblos más grandes de los ocho que conforman la tribu-, es evidente la disputa por el gobierno tradicional. En el primero, Ciro Sabiba Zubau y Crispín Molina Ceapicio aseguran ser, respectivamente, el gobernador tradicional. En Vícam la pelea es más aguda; son tres los gobernadores que reclaman reconocimiento: Florentino Yoquihua Huiquimea (apoyado por Amado Molina), Ignacio Nocamea Huiquimea y Marco Antonio Herrera Juzacamea, los que, además, se distinguen entre sí como los de Vícam pueblo y Vícam estación.

Camilo Flores Jiménez -vocero de Marco Antonio Herrera y Ciro Sabiba- explica que ``hay tres corrientes, los que defendemos el patrimonio, los conservadores o tradicionales y los bajeca, es decir los de los pueblos de Tórim, Ráhum, Huirivis, Bélem y Bácum, que se salieron del Paticy y pretenden unirse con nosotros''.

La situación se tensó más a partir de diciembre del año pasado, luego de que el grupo de Amado Molina Lugo coaccionó a Víctor Pérez Chagal para que dejara su cargo como comisario de Vícam, impuso a Gilberto Abato Valenzuela y tomó las instalaciones de la comisaría.

Según versiones de las autoridades tradicionales en las voces del secretario de Vícam, Víctor Buitimea Ríos, y de la presidenta municipal de Guaymas, Sara Valle Dessens, la familia de Pérez Chagal fue amenazada y éste fue llevado con violencia ante la guardia tradicional de Vícam para obligarlo a renunciar. En el cargo duró sólo diez días.

La alcaldesa de Guaymas -municipio al que pertenecen los pueblos de Vícam y Pótam- aclaró que designó a Pérez Chagal porque, ``al parecer, tenía el apoyo de la mayoría de los yaquis de Vícam'' y ``me aseguró que en el momento en que hubiera violencia o inconformidades renunciaría. Yo no tengo interés por nombrar a nadie en especial ni menos por favorecer a alguno de los grupos. El problema es que Abato Valenzuela empezó a cobrar cuotas a vendedores ambulantes, multas, contribuciones e impuestos, acciones que únicamente competen a la Tesorería municipal''. Por su parte, las autoridades tradicionales consideraron que esos cobros eran ``actos de extorsión'' porque lo hacían armados.

Los de la corriente bajeca se enfrentaron con los Paticy

Sin respuesta sobre las reiteradas peticiones al gobierno estatal para que desarmara a los Paticy, el pasado día 20, los de la corriente bajeca se enfrentaron con los Paticy para recuperar la comisaría. En aquel lugar, el comendante Norbero Pichardo pretendió recuperar una escopeta y un rifle que tenían los Paticy, pero los yaquis le exigieron no intervenir en los asuntos internos de la tribu.

Dos días antes del enfrentamiento, la presidenta municipal había comentado: ``pedimos el desarme de esos presuntos gobernadores que están usándolas en contra de la comunidad y de los avecindados, no el decomiso de las armas que están en poder de las guardias tradicionales para, de acuerdo a la costumbre, resguardar el territorio y los recursos naturales de los yaquis''. Y advirtió que mientras los Paticy sigan armados no se va a resolver el conflicto.

Preocupada porque -asegura- no se ha actuado para desarmar a los Paticy, Sara Valle Dessens insiste en que los usos, costumbres y tradiciones no pueden estar por encima de un estado de derecho. También expresa su inconformidad por la firma del convenio de concertación, ya que los gobiernos federal y estatal no deben acordar proyectos de productividad, desarrollo y trabajo sólo con el Paticy y olvidarse del resto de los grupos. ``No me parece que se firmen convenios con gente que está armada, porque es asegurarles que siempre van a obtener lo que quieren, y si estamos en un estado de derecho, eso no puede ser.''

Está confirmado que los Paticy tienen armas; eso es algo público y notorio; ``tenemos fotografías y denuncias de las autoridades tradicionales'', abunda. Sin embargo, ``para confirmarlo, ya encargué al director de Seguridad Pública municipal, comandante Oscar Villa, que haga una revisión minuciosa, que presente un informe con los nombres de las personas que están armadas, qué tipo y cuánto armamento hay. Eso no implica injerencia, acoso ni falta de respeto a la tribu; seremos respetuosos en la investigación''.

Ellos demandan respeto a sus usos y costumbres pero las autoridades piden ``que no se altere la paz y la tranquilidad de la comunidad indígena y no indígena''. Los problemas internos son muy agudos, pues ya ha habido enfrentamientos y muertos, pero ``nosotros no podemos entrar en esas discusiones, porque son sus formas de ver las cosas. No intervendremos en sus asuntos internos, pero es una incongruencia que se apoye con programas a un grupo que está armado'', insiste.

``A mí me queda claro que si el gobierno del estado desea respaldar a alguno de los grupos, puede hacerlo, pero eso tiene implicaciones políticas. Es contradictorio que, si estamos en un lugar plural y abierto, se apoye a un solo grupo''; eso es lamentable y más cuando la comunidad denuncia que está armado.

``Esas acusaciones de que estamos armados y somos un grupo violento están fuera de la realidad y sólo dañan a la tribu'', responde Tomás Rojo Valencia, integrante del Paticy y vocero de Florentino Buitimea Yoquigua, uno de los tres gobernadores de Vícam. ``Las armas que tenemos son -asienta- de la Revolución y están en manos de la guardia tradicional'', como una señal de respeto y rasgos autonómicos de la tribu.

``Estamos molestos porque se está creando un clima artificial en nuestra contra. Lo hacen grupos y gentes extrañas que no podemos identificar pero que tienen intereses políticos y económicos'', dice. Para ellos la ``lucha militar en la región ya está rebasada, ahora la disputa es en el terreno jurídico, social y económico''.

Nuestro interés es que se aclaren las cosas, por eso hemos propuesto que se regularicen las armas que están en poder de la guardia y de las autoridades tradicionales, sin que ello signifique ``debilidad de autonomía ni que desaparezcan los gobernadores de la tribu'', dice.

En 1994, afirma, los gobiernos federal y estatal utilizaron a Margarito Montes Parra (dirigente de la Unión General Obrera, Campesina y Popular) para dividir a la tribu, particularmente a los de Vícam y Pótam. Desde entonces hay dualidad de autoridades, odios y rencores, y contra eso está trabajando el Paticy.

El Paticy, reitera, ya dejó de ser el ``instrumento político'' de la tribu, ahora es ``sólo un staff de asistencia técnica para el desarrollo de los ocho pueblos''.