La Jornada 24 de febrero de 1998

Se acelera injustificadamente el proceso, dice el defensor del general

Jesús Aranda Ť A unas horas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decida la creación de un mecanismo de seguimiento para el caso del general José Francisco Gallardo, el procurador de Justicia Militar, general Rafael Macedo de la Concha, aseveró que no hay presión internacional sobre el consejo de guerra que se desarrolla en contra del jefe castrense y precisó que el asunto deberá resolverse exclusivamente en los tribunales nacionales y conforme a lo que establece la ley.

En tanto, durante el proceso que se le sigue a Gallardo, el abogado defensor de éste, Félix Francisco Garza se quejó de que los juzgadores pretenden acelerar injustificadamente el juicio y comentó que esto podría deberse a que se sienten presionados por la resolución que este martes emitirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, fue evidente la inconformidad del abogado defensor con la actitud del tercer vocal del consejo de guerra, general Freddy Hidalgo, por las expresiones de molestia y desprecio hacia Gallardo Rodríguez, lo que podría provocar un recurso en contra de su presencia.

Entrevistado en el área de tribunales del Campo Militar Número Uno, Macedo de la Concha afirmó que el gobierno mexicano ``ha sido muy claro en cuanto al destino que debe tener este juicio'', que es el de atender primero nuestro derecho interno y sostuvo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene el propósito claro de que el juicio sea justo y transparente.

Comentó que las autoridades castrenses se apegarán estrictamente al veredicto del consejo -sea absolutorio o incriminatorio-, aunque insistió en que la fiscalía está convencida de que las imputaciones a Gallardo por los delitos por malversación y destrucción de archivos están plenamente justificadas. En caso de que el militar fuera encontrado culpable alcanzaría una pena total máxima de 20 años de prisión, 12 por el primer delito y 8 por el segundo.

Rechazó el procurador que el proceso tenga algún otro objetivo -como sería que al general Gallardo se le juzgara por haber propuesto la creación de una comisión de derechos humanos militar-, y enfatizó que el proceso ``no tiene ninguna otra vertiente''.

-La familia se queja de imparcialidad del tercer vocal. ¿Hay tal?, se le preguntó.

-Creo que en su oportunidad, el procesado tuvo su derecho de recusar, y lo hizo. Recusó al juez que instruyó el proceso, que era el tercero, ahora lo conoce el juez cuarto. Recusaron a tres vocales y al presidente titular, en ejercicio de su derecho. También tenían el derecho de recusar al tercer vocal (el general Freddy Hidalgo) y no lo hizo, a lo mejor porque estimó que no era conveniente.

Se queja el defensor de que hay procedimientos irregulares

Por su parte, el abogado defensor de Gallardo, Félix Francisco Garza se quejó sobre la forma en que se desarrolla el consejo de guerra, particularmente porque hubo una moción del Ministerio Público Federal a fin de evitar la lectura de las constancias, que desde el punto de vista de la defensa son fundamentales para comprobar la inocencia de su defendido.

Aunque la argumentación del Ministerio Público Militar no prosperó -a pesar de que se determinó un receso de dos horas-, el presidente del consejo de guerra sí convalidó la inconformidad del Ministerio Público, que cuestionó que Gallardo consultara directamente con su abogado durante la lectura de las constancias.

El no tener contacto con mi defendido como lo permite la propia ley castrense es violatorio al procedimiento que señala la ley, dijo el abogado.

Aunque resultara paradójico el interés de la fiscalía porque no se leyeran las constancias para avanzar en el juicio, Garza señaló que eso no es más que una medida en respuesta a la presión que siente el jurado por la audiencia que celebrará este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se podría crear un mecanismo de seguimiento en ese organismo internacional a fin de que se cumpla la recomendación de mayo de 1996 en la que se pedía la liberación inmediata de Gallardo.

Se quejó también de que los miembros del consejo determinaran recesos que fueron aprovechados para deliberar ``en secreto'' aspectos del juicio, lo cual va en contra de los procedimientos establecidos.

Trascendió que la defensa estudia seriamente impugnar la presencia del tercer vocal, el general Freddy Hidalgo, por considerar que no cumple con el perfil de imparcialidad que exige un juicio de esta naturaleza.