Se amparan yaquis contra la expropiación de 2 mil 688 hectáreas; se dicen ``engañados''

Matilde Pérez U., enviada /II, Ciudad Obregón, Son. Ť Tras 61 años de la expedición del decreto presidencial para restituir a la tribu yaqui poco más de 485 mil hectáreas, el conflicto agrario no ha culminado. El gobierno federal, bajo el argumento de que los ``puntos naturales son imprecisos'', no ejecutó la orden y recientemente, en enero de 1997, hizo creer a los indígenas que se cumpliría con el compromiso. Sin embargo, un nuevo decreto publicado el 10 de enero indicaba que se expropiarían dos mil 688 hectáreas a cambio de 40 millones de pesos, para regularizarlas a favor de 81 particulares y seis ejidos.

De dicha superficie, el gobierno del estado titularía dos mil 256 hectáreas --la mayoría de riego-- a favor de los ``diversos poseedores'' y 431 hectáreas se entregarían a los ejidos San José, San Ignacio Río Muerto, Liliba, La Tinajera, El Pensador y General Ignacio Zaragoza, constituidos después del decreto presidencial de 1937.

Molestos por el engaño, un grupo de autoridades tradicionales yaquis se amparó contra el acto expropiatorio, pues según sus cálculos, en realidad se les quitan entre 30 mil y 40 mil hectáreas. El 3 de febrero de este año, después de un largo proceso jurídico y de solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la jueza octava de distrito, María del Rosario Alcántar Trujillo, concedió la suspensión definitiva.

El gobierno subestima el carácter de los yaquis, comenta el abogado Armando Gutiérrez López -a cargo del caso por parte de los indígenas- y dice que el siguiente paso jurídico será demandar se congele la entrega de recursos del Procampo para esas 2 mil 688 hectáreas, pues las normas de éste establecen que de haber un litigio se entregarán los recursos hasta que se defina la situación.

Asienta que el convenio de enero de 1997 es ilegal porque lo aprobaron gobernadores aliados al Programa de Asistencia Técnica Integral para las Comunidades Yaquis (Paticy) que ya no tenían el apoyo de los indígenas. Además, la Secretaría de la Reforma Agraria entregó la constancia de deslinde, brecheo y amojonamiento hasta el 17 de enero de 1997, siete días después del decreto presidencial de ese mismo año.

Fue un trabajo desaseado, agrega, y como ejemplo cita el silencio de las autoridades federales en torno de su exigencia de dar a conocer los nombres y direcciones de los 81 particulares que, como terceros perjudicados en el juicio, tienen que presentarse. Desde noviembre del año pasado, solicité al presidente Zedillo, al secretario de la Reforma Agraria, Arturo Warman, y al coordinador agrario en la entidad, esos datos.

También menciona que en el juicio de amparo se asienta que el ex gobernador Manlio Fabio Beltrones propició la división entre los yaquis y fomentó la firma de un acuerdo agrario ilícito. Ahora, el gobierno de Armando López Nogales sólo atiende a los cercanos al Paticy y menosprecia a las autoridades tradicionales de Vícam y Pótam, lo cual llevará a confrontaciones internas, advierte. ``Las autoridades saben que están agarrando un clavo caliente''.

El INI retorna a territorio yaqui después de siete años

Aunque constituyen uno de los grupos étnicos más importantes del estado -52 localidades integran los pueblos de Vícam, Pótam, Tórim, Ráhum, Huirivis, Bélem (municipio de Guaymas), Cócorit (Cajeme) y Bácum-, con un territorio de 278 mil 750 hectáreas de bajo monte, 100 mil de terreno enmontado, 20 mil de montaña, 22 mil 443 de llanura litoral, 80 kilómetros de la sierra Bacatete y el derecho a explotar 64 kilómetros de litoral, y a pesar de que se ubica en el distrito de riego 18, los yaquis siguen entre la población con muy alto nivel de pobreza.

El 90 por ciento de la superficie agrícola yaqui está rentada a cerca de 250 inversionistas; de las 46 mil 415 cabezas de ganado bovino que existen en su territorio sólo 36 por ciento es de su propiedad; de modo inverso, de las 24 mil cabezas de ganado caprino, 73 por ciento les pertenece, y disputan con los yoris (blancos) su derecho de explotar los recursos marinos en bahía de Lobos.

También 90 por ciento de la población carece de servicios médicos, son altos los índices de mortandad entre las madres gestantes y los de desnutrición infantil; la mayoría carece de vivienda digna y, al no haber oportunidades de empleo, los jóvenes emigran a las zonas fronterizas y ciudades cercanas en busca de empleo.

En este contexto de marginación y desigualdad y entre la ``determinación del gobernador de ponerle navajas al gallo para tener violencia, por su apoyo al Paticy'', dice Camilo Flores Jiménez, vocero de los gobernadores tradicionales de Vícam y Pótam, el año pasado solicitamos formalmente al director del Instituto Nacional Indigenista la reinstalación de éste en el territorio yaqui.

``Reconocemos que nos falló el Paticy. Los profesionales -maestros bilingües- se arrogaron el derecho de definir y ejecutar los proyectos y empezaron a imponer a los gobernadores. De los gastos -superan los 60 millones de pesos- no han informado a nadie. Ellos nos traicionaron al firmar el convenio agrario de 1997, son empleados del gobierno'', agrega, y asegura que los yaquis no tomarán al INI como trinchera o escudo, ``trataremos de no repetir los errores''.

En 1990, año en que -señala un informe del INI- se estaban concretando algunas acciones del Plan Integral de Desarrollo de la Tribu Yaqui (elaborado en 1985), maestros bilingües lograron la asignación de recursos para operar el Paticy y exigieron la salida del INI, pese a lo cual el instituto mantuvo la atención a albergues escolares y dio respuesta a demandas coyunturales.

Según el documento, efectos del Paticy en los ocho pueblos son: coexistencia de autoridades tradicionales por la imposición del Paticy por parte de los gobernadores, divisionismo entre las autoridades tradicionales, inconformidad por el manejo y aplicación de recursos financieros asignados al pueblo y surgimiento del Consejo Tradicional de los Pueblos Indios del Estado de Sonora (1994).

Este consejo asume la representación de los ex secretarios de los gobernadores tradicionales yaquis y tiene el apoyo del gobierno estatal, pero carece de aceptación comunitaria, pues se le ve como fuente de financiamiento y no como instancia representativa.

Ante la insistencia de los gobiernos tradicionales de Vícam y Pótam, la delegación estatal del INI preguntó a los jefes de familia de esos pueblos si aceptaban la reinstalación del organismo, y como requisito pidió la firma de cada jefe de familia, lo mismo que las de los dos gobernadores tradicionales y su respectivo sello como autoridad.

De un total de 3 mil 42 habitantes en ambos pueblos -incluidos mestizos y no indígenas-, la delegación del INI entrevistó a 48 por ciento de las familias, de las cuales 99 por ciento aprobó el reinicio sus trabajos. En Vícam 678 y, en Pótam, 764 contestaron afirmativamente.

Sobre la situación en esos pueblos, el INI destaca que el número de niños y adultos es casi similar -41 por ciento tiene entre 25 y 59 años y 33 por ciento de 0 a 14 años-, hay una reducción de 50 por ciento de jóvenes, posiblemente por problemas de salud o migración rural por falta de empleo.

Establece que las demandas prioritarias son servicios médicos, agua potable y empleo, ``tres elementos que están afectando seriamente la salud y productividad del pueblo yaqui``, pero también solicitan vivienda, educación y alimentación.

La decisión es instalar una unidad operativa del INI en Pótam a nivel de residencia, previa protocolización en asamblea formal de acuerdo con los usos y costumbres de la tribu y un convenio de participación, informa el delegado del instituto, Raúl Macías Ramos.

Explica: esta es la respuesta a ``los pobres entre los pobres'' y al alto riesgo de que esta cultura pierda su esencia pues las dificultades económicas afectan sobre todo a mujeres, jóvenes y niños.

Nosotros, precisa, actuaremos con el propósito de llevar programas de organización y capacitación que fortalezcan sus usos y costumbres para defender sus derechos colectivos. No vamos a resolver sus problemas, sólo seremos gestores.

Tampoco entraremos a las comunidades que no quieran trabajar con el INI, no queremos fricciones ni conflictos. Las acciones a desarrollar estarán dirigidas a la organización, procuración de justicia, defensa de los derechos indígenas y apoyo para un desarrollo sustentable. ``El INI no se prestará a juegos de ningún tipo; los yaquis son de los últimos pueblos que están defendiendo sus tradiciones, usos y costumbres presionados por factores externos como el narcotráfico, el alcoholismo y la delincuencia''.