Los conflictos laborales en el sector ferrocarrilero, específicamente los que han ocurrido en la ruta concesionada Pacífico- Norte, han alcanzado niveles preocupantes que, de no atenderse de manera pronta y en un marco de justicia y respeto a los derechos de los trabajadores, podrían desembocar en enfrentamientos y tensiones indeseables y peligrosos.

El principal reclamo de los ferrocarrileros radica en la recontratación del personal por la empresa que obtuvo la concesión para operar el servicio: sólo una pequeña parte de los recursos humanos -20 por ciento en el caso de la ruta Pacífico-Norte- mantendrá su plaza de trabajo. La gran mayoría de los trabajadores quedará, así, en el desempleo -u obligados a optar por una jubilación forzosa- y sin opciones para contratarse en otra empresa o ruta de trenes ya que, por un lado, prácticamente todas las líneas concesionadas han realizado recortes de personal y sólo mantendrán una fracción de la planta laboral original y, por el otro, las rutas que permanecen bajo el control de Ferrocarriles Nacionales no estarían en capacidad, por la penuria económica en la que se encuentran, de ampliar sus plazas de trabajo.

Esta situación es doblemente angustiosa para los miles de ferrocarrileros que quedarán sin empleo y sin la forma de llevar el sustento diario a sus familias, si se tiene en cuenta que sus demandas y sus reclamos -que, cabe señalar, no son nuevos ni carecen de validez- no han recibido la atención que ameritan. Esta circunstancia, debe reconocerse, no ha contribuido a la solución justa del litigio laboral: por el contrario, ha generado exasperación y enojo entre los trabajadores. Ante la falta de respuesta oportuna y suficiente de parte de las autoridades laborales y de los propios dirigentes del sindicato -individuos que tienen la obligación de defender los derechos y las prerrogativas de sus agremiados-, diversos grupos de ferrocarrileros han optado por la resistencia civil, han efectuado diversas suspensiones en el servicio y las corridas de trenes e incluso han amenazado con destruir porciones de las vías férreas tendidas en Sonora.

Si bien la indignación de los trabajadores ante la pérdida de su empleo y la cerrazón de las autoridades y de la directiva sindical es justificada, la destrucción de las vías de ferrocarril, además de que pondría en grave riesgo la infraestructura de comunicaciones del país, podría ser tipificada como delito. Por ello, es urgente que tanto la empresa concesionaria de la ruta Pacífico-Norte como Ferrocarriles Nacionales, presten atención a las demandas de los trabajadores inconformes e impidan, mediante acciones concretas de conciliación y arreglos laborales justos y equitativos, que el conflicto alcance proporciones mayores e indeseables para todas las partes.

Las necesidades de modernización y mejoramiento de la red ferroviaria del país, efectivamente, hacen imperativa la realización de inversiones, reestructuraciones y mejoras. Sin embargo, la realización de este objetivo favorable para el desarrollo del país no puede estar cimentado en el despido indiscriminado y en el atropello de los derechos laborales de miles de trabajadores.