Manifiesta la CIDH al gobierno intención de abrir un expediente sobre Acteal

David Aponte Ť La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer al gobierno de México su interés por abrir un expediente sobre el caso del asesinato de 45 indígenas en el poblado de Acteal, municipio de Chenalhó, informó ayer el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), embajador Miguel Angel González Félix.

El organismo de defensa de los derechos humanos dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) determinará en las próximas semanas la posibilidad de ``ventilar'' el asunto de la masacre, sobre todo después de celebrar una audiencia especial el miércoles en la ciudad de Washington, detalló.

Durante el curso de la semana, los derechos humanos en México, Acteal y el caso del general José Francisco Gallardo serán debatidos en el seno de la CIDH. El primero este martes, el segundo el miércoles y el tercero en el curso de la semana.

Por el gobierno mexicano acudirán el consultor jurídico de la SRE, González Félix, y el subprocurador C de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República, José Luis Ramos Rivera.

De las organizaciones no gubernamentales estarán presentes Arturo Requesen, de Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura; José Montero, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y David Fernández, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

Antes de partir a la ciudad de Washington, el embajador González Félix dijo que la primera audiencia estará dedicada a la situación general de los derechos humanos en nuestro país. La idea es dar a conocer el avance en ese tema y en asuntos relacionados con el fortalecimiento del estado de derecho, precisó.

Los funcionarios mexicanos ofrecerán un panorama general de la situación en el estado de Chiapas y el desarrollo del proceso de pacificación. ``En este punto, insistiremos en la voluntad del gobierno por dar una salida política al conflicto'', indicó.

La CIDH debatirá el caso Acteal el miércoles en una sesión especial. Posteriormente, estaría en posibilidades de decidir si abre un expediente del asesinato de 45 indígenas en el municipio de Chenalhó.

A petición de las organizaciones no gubernamentales mexicanas, el organismo dependiente de la OEA ha solicitado al gobierno de México la puesta en marcha de medidas cautelares, fundamentalmente para evitar nuevos acontecimientos de esa naturaleza y atender a las comunidades desplazadas por el conflicto.

La parte mexicana ha enviado tres reportes a Washington de la situación en el municipio, la atención a los desplazados y el resultado parcial de las pesquisas: el 30 de diciembre de 1997, el 5 de enero y el 9 de febrero del año en curso, respectivamente.

Por el momento, la CIDH no tiene abierto un caso sobre Acteal. Pero ``ellos dicen que quieren ventilarlo por la resonancia internacional'' que ha adquirido el problema, mencionó el funcionario de la SRE.

En caso de que el organismo determinara abrir un expediente, el gobierno de México tendría un plazo de seis meses para entregar toda la documentación solicitada.

Regularmente, la CIDH no ventila ningún caso hasta que las instancias nacionales han sido agotadas. Sin embargo, también puede tomar el asunto de inmediato, como sucedió en la matanza de Aguas Blancas, Guerrero.

``Nosotros no descartamos que luego de la audiencia venga una misión de la CIDH a conocer la situación en Acteal. Tampoco descartamos que el organismo abra un expediente, antes de que las autoridades mexicanas concluyan las investigaciones de la masacre'', expuso un miembro de grupos de derechos humanos que tomará parte en la audiencia del miércoles.

En el intercambio epistolar con la parte mexicana, la CIDH ha expuesto que tiene confianza en que las gestiones del organismo de la OEA ayuden a esclarecer la masacre de 45 indígenas, acontecimiento ocurrido el 22 de diciembre de 1997.

El gobierno de México ha respondido que tiene fundamental interés en el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre todo en la protección de las garantías individuales.

Por tal motivo, la parte mexicana proporciona y ofrecerá a la CIDH los elementos de juicio necesarios para el esclarecimiento del caso Acteal, concluyó González Félix.