Condena el Congreso español la matanza en Acteal

Afp y Notimex, Madrid, 24 de febrero Ť El Congreso de España condenó hoy la matanza de 45 indígenas en diciembre pasado en Acteal, estado de Chiapas. Al mismo tiempo en que se emitía esta resolución, alrededor de cien mexicanos residentes en Madrid realizaron una manifestación frente a la embajada de su país, en protesta por el asesinato del campesino José Tila López, ocurrido el domingo pasado también en territorio chiapaneco, y cometido presuntamente por uno de los grupos paramilitares que ahí operan.

La posición del Congreso español fue adoptada de manera unánime por todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Asuntos Exteriores de ese cuerpo, quienes aprovecharon el tema de Chiapas para aprobar otra iniciativa, en la que abogan por la continuación en América Latina de ``una política activa'' en defensa de los derechos humanos y también de la pluralidad tanto cultural como lingüística.

En el caso de México y el asesinato de los indígenas en Acteal, los congresistas pidieron al gobierno del presidente José María Aznar ``instar a las autoridades mexicanas'' a investigar a fondo la actuación de grupos paramilitares en el estado de Chiapas.

Sobre la manifestación de los mexicanos residentes en Madrid, ésta se realizó esencialmente en protesta por el último homicidio perpetrado en contra de un campesino chiapaneco.

``¡Esta embajada está ensangrentada!'', ``¡Asesinos!'' y ``¡Zedillo fascista, el pueblo es zapatista!'', fueron algunas de las consignas que gritaron los mexicanos frente a la embajada de su país.

Almunia criticó al Parlamento Europeo

Por otra parte, un cable de la agencia Notimex fechado también en Madrid, da cuenta de las declaraciones del líder socialista español, Joaquín Almunia, quien calificó de ``frívolo e imprudente'' el reciente pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre los sucesos en el estado de Chiapas. El Parlamento ``actúa con frivolidad, alejado de la prudencia y del buen sentido político, y la cláusula democrática (que acompaña todo acuerdo de la Unión Europea con países terceros, en este caso México) no puede funcionar a priori. Está ahí para aplicarse cuando haya una violación a los derechos humanos, pero no como condicionante de un acuerdo''.