También la ALDF solicita a la Corte sobreseer el caso del presupuesto

Ricardo Olayo y Raúl Llanos Ť La respuesta ``institucional'' de la Asamblea Legislativa a los diputados que impugnaron el presupuesto de egresos 1998 está expresada en un documento de 100 cuartillas que, al igual que el escrito preparado por el gobierno capitalino, pide el sobreseimiento del caso y que se declare improcedente la acción de inconstitucionalidad.

Entregado ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el texto sostiene que algunos de los diputados locales que interpusieron el recurso no asistieron a las sesiones de trabajo correspondientes ni debatieron en el pleno en el momento legal oportuno, pero ahora pretenden señalar actos irregulares.

No hay inconstitucionalidad en la aprobación del decreto de presupuesto porque éste no es una norma general, que es la única normatividad que puede entrar en contradicción con la Constitución, se explica en el documento firmado por el presidente de la Comisión de Gobierno, Martí Batres.

Según la legislación en que se sustenta la respuesta ``sólo son susceptibles de impugnación por esta vía aquellos actos que tienen la naturaleza de normas generales y, en el presente caso, el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1998 es un acto de carácter eminentemente administrativo''.

La acción de inconstitucionalidad es improcedente, se explica, porque el decreto no reúne los requisitos de una norma de carácter legal; además, en el texto se hace una definición de ley y otra de aquellos actos de control administrativo del Poder Ejecutivo que corresponden a la Asamblea, entre ellos el de sancionar el presupuesto.

El hecho en sí en que tuvo participación el órgano es ``una mera autorización otorgada por el Legislativo en favor de la administración para que ésta pueda legalmente efectuar determinados gastos''.

Según el documento, que responde al recurso que interpusieron en la SCJN asambleístas del PRI, PAN y PVEM, se precisa que no hay violación a los artículos constitucionales invocados ni al Código Financiero, además de que se cumplió con cada uno de los procedimientos, incluida la firma de 14 diputados integrantes de las comisiones de Hacienda y la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Incongruencias en el recurso: ALDF

Uno de los requisitos de ley que se cumplió fue la presentación del ``análisis programático'' y el ``analítico de claves respectivo'', documentos en los que se observan los programas, objetivos, metas y estrategias, que si bien no forman parte del decreto sí fueron puestos a consideración.

Pero si esta explicación no fuera suficiente para la resolución de la SCJN, se subraya que la Asamblea sólo está facultada para la aprobación del decreto de presupuesto de egresos y no para la discusión y aprobación de los planes y programas a los que se aplicará, pues esto es una facultad del ejecutivo.

Durante la presentación del escrito, el perredista Martí Batres informó que la respuesta formulada es una acción institucional de la Asamblea a la petición de un informe solicitado por la SCJN.

El documento fue preparado por el oficial mayor de la ALDF, Enrique Flota, quien coordinó los trabajos y también tomó parte Margarita Espino del Castillo, directora de Asuntos Jurídicos de ese órgano de gobierno; está dirigido al ministro instructor, José de Jesús Gudiño Pelayo, quien tendrá que entrar al estudio del expediente.

Se aportan 12 anexos, que incluyen las versiones estenográficas de las sesiones y copias fieles de documentos en que aparece la firma de los diputados, así como documentales en las que se advierte la ausencia de otros en las sesiones en que se discutía lo relativo a los egresos del gobierno de la ciudad.

Raúl Llanos y Ricardo Olayo Ť Las negociaciones que mantienen los partidos de esta capital para la reforma política no se verán afectadas por el fallo que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al presupuesto de egresos del Distrito Federal para 1998, afirmó ayer Martí Batres, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa.

El diputado local perredista ofreció una improvisada conferencia de prensa luego de entregar, en compañía de una veintena de compañeros de su fracción y del PT, el documento que expone los argumentos jurídicos en que se basó la aprobación de ese decreto en el pleno de la ALDF, y con lo cual se rechaza que sea inconstitucional el presupuesto hoy vigente. No obstante, dejó en claro ante los medios de comunicación que este órgano de gobierno acatará la decisión de la Suprema Corte en torno a la acción promovida el 30 de enero pasado por legisladores locales del PRI, PAN y Partido Verde.

Entre propios y extraños

Desde el pasado lunes, los diputados del PRD fueron convocados para presentarse a las 11:30 de la mañana a las puertas de la Asamblea en el Zócalo capitalino y así respaldar la entrega de los argumentos jurídicos ante la SCJN. Sin embargo, casi una hora después salió el grueso contingente.

Martí Batres, flanqueado por José Narro, del PT, y Alejandro Rojas, diputado independiente, recorrió, entre una nube de legisladores, asesores, secretarias, reporteros, camarógrafos, curiosos, invitados y los nunca ausentes ``indicadores'' --conocidos comúnmente como orejas de Gobernación-- los 300 metros que separan a la Asamblea de la Suprema Corte.

Ya frente al encargado de la Oficialía de Partes de la SCJN, José Luis Rojas, el diputado Batres entregó la caja que contenía la respuesta legal de 100 cuartillas y 12 anexos. Fueron 15 minutos de detallada revisión.

Después, la inconformidad de los reporteros; el enojo por la actitud de Martí Batres y su negativa a la entrevista; la propuesta de ``boicot informativo''; el regreso a la Asamblea, y finalmente ahí la ``fatigosa'' conferencia de prensa.

Presupuestos idénticos, pero diferentes

En compañía de casi todos los diputados locales del PRD, Martí Batres expuso ante los medios informativos los documentos entregados en la Suprema Corte, pero aún más, habló de los presupuestos de egresos de 1996 y 1997, y su diferencia con el aprobado por la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa del DF.

Sostuvo que los tres presupuestos ``son casi idénticos en lo que se refiere a cada una de sus características, desglose y estructura'', y citó un análisis del área jurídica de la Asamblea Legislativa que demuestra que los elementos impugnados por los diputados del PRI, PAN y PVEM ``aparecen en cada uno de los presupuestos'' de esos años y ``deberíamos preguntarnos por qué no presentaron los mismos diputados su inconformidad contra esos''.

No obstante, dejó dudas al considerar que ``no son idénticos precisamente en el sentido de que el presupuesto de 1998 contiene ventajas y avances en relación con las anteriores'', como el fijar topes salariales para los funcionarios de primer nivel del DF; establecer programas con alto sentido social, y eliminar la discrecionalidad.