El impasse en el que se encuentra el proceso de paz en Chiapas es una circunstancia grave y preocupante que, efectivamente, hace necesaria la realización de acciones prontas y concretas para reanudar el diálogo y para validar los resultados de las negociaciones ya cumplidas y firmadas, específicamente los acuerdos de San Andrés Larráinzar y, como resultado de ellos, la iniciativa de la Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas.

Sin embargo, las causas de ese estancamiento y la responsabilidad de cada una de las partes involucradas en el conflicto deben ser precisadas y acotadas, sobre todo si se tienen en cuenta el clima de tensión que se vive en las regiones Selva, los Altos y Norte de Chiapas y las campañas de linchamiento y provocación que han sido montadas en los días recientes con el fin de desviar la atención de la sociedad de los puntos realmente significativos de la agenda chiapaneca.

Las declaraciones del secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, en el sentido de que es lamentable que el EZLN mantenga silencio ante los llamados oficiales para reanudar el diálogo suponen la existencia, en los círculos del gobierno federal, de una lectura de la situación chiapaneca distinta de la que amplios sectores de la sociedad han realizado hasta el momento. Cabe recordar que la causa fundamental de la suspensión del proceso de negociación entre el gobierno y el zapatismo fue el rechazo del Ejecutivo federal a la propuesta legislativa que la Cocopa redactó a partir de los acuerdos de San Andrés. Y si se consideran, además, sucesos como la matanza de Acteal --perpetrada por grupos paramilitares pertrechados y tolerados por instancias del poder público local--, la ampliación de la presencia militar en múltiples zonas de influencia zapatista y la campaña xenofóbica emprendida, sin justificación real y canalizada por diversos medios de comunicación vinculados al poder económico y político, en contra de la presencia de extranjeros en Chiapas, queda claro que los factores contrarios a la reanudación del diálogo no han sido motivados por el EZLN.

Para que sea posible la reactivación del diálogo en Chiapas sería deseable que el gobierno federal asuma una posición de conciliación ante estos hechos y despeje los obstáculos reales que impiden la reanudación del proceso de paz, valide a cabalidad los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la Cocopa, realice acciones concretas para desmantelar y castigar a los grupos paramilitares que operan en Chiapas --la mayoría de ellos permanecen activos e impunes--, emprenda medidas de distensión militar y contribuya a poner un alto a la campaña de hostigamiento en contra de los extranjeros, la mayoría de ellos observadores del respeto de los derechos humanos, residentes en Chiapas.

Por otra parte, el señalamiento del presidente Zedillo en el sentido de que México exigirá en todo momento a los extranjeros el respeto a las leyes nacionales resulta pertinente, pues para todos es claro que compete exclusivamente a los mexicanos decidir sobre los asuntos internos del país y que la soberanía y la vigencia de la ley deben ser en todo momento garantizadas. Sin embargo, no deben confundirse las actividades realizadas por organizaciones internacionales preocupadas por los derechos humanos y por la solución justa del conflicto chiapaneco con actitudes injerencistas contrarias a la soberanía nacional ni puede evitarse que en el exterior se formulen críticas y comentarios sobre la situación, ciertamente grave, que se vive en el estado de Chiapas. La globalización, a fin de cuentas, no está inscrita únicamente en consideraciones económicas o mercantiles: uno de sus elementos fundamentales es el interés internacional por la paz, por el respeto a los derechos humanos y por el desarrollo democrático de las naciones.