COMENZO LA FASE DE TESTIGOS Y CAREOS

Jesús Aranda Ť Ayer comenzó la presentación de testigos de cargo en el consejo de guerra contra el general José Francisco Gallardo Rodríguez. Al primero de ellos, general de brigada Macedonio Arpide Contreras, Gallardo lo acusó de mentir, al tiempo que lo hizo reconocer que fue el entonces titular de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán, quien ordenó sacar toneladas de granos de la Villa Ecuestre, cuya desaparición imputan al procesado.

En tanto, el procurador general de Justicia Militar, Rafael Macedo de la Concha, afirmó en entrevista que ``no hay línea'' de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y exhortó a los abogados de Gallardo a ajustarse al proceso jurídico y no ``oscurecer'' este proceso.

Asimismo, Macedo de la Concha dejó en claro que la imparcialidad de los testigos pertenecientes al Ejército está fuera de toda duda y se comprometió, en nombre del instituto armado, a garantizar en la medida de lo posible que los cerca de 50 testigos pertenecientes a las fuerzas armadas (de un total de 72) se presenten ante el consejo, cuando éste así lo determine.

En la maratónica sesión que comenzó a las 9:00 de la mañana y terminó entrada la tarde en el área de tribunales del Campo Militar Número Uno, salieron a relucir las contradicciones entre la fiscalía militar y el general Gallardo en torno a los dos delitos objeto del juicio: malversación de recursos y destrucción de archivos.

La postura de la fiscalía se fundamenta en que, cuando dejó la jefatura de la Villa Ecuestre el 1 de enero de 1989, el procesado heredó una total desorganización, la dejó prácticamente sin reserva de alimento para los más de cien caballos que había en ese momento, y no entregó ningún archivo sobre su gestión, como establece la ley. Hecho que significó un desfalco por 223 mil 566 millones 526 de viejos pesos.

El primer testigo de cargo fue el general de brigada Macedonio Arpide Contreras, quien sustituyó a Gallardo al frente de la Villa Ecuestre. Señaló que al recibir el inmueble Gallardo no le dejó ningún archivo y sólo había alimento para los caballos para cuatro o cinco días, a pesar de que una semana antes había tenido oportunidad de recorrer la villa y de comprobar que los graneros estaban llenos, y agregó que tenía conocimiento de que Gallardo había utilizado unos camiones para trasladar el grano a un lugar que desconocía.

Después de responder a las preguntas del fiscal militar, del abogado defensor y de los miembros del consejo de guerra, surgieron dudas sobre las afirmaciones de Arpide. Particularmente por el hecho de que él afirmaba que Gallardo no había dejado ningún archivo, cuando lo cierto es que en sus respuestas dejó de manifiesto que había ``tarjetas de control'' de los caballos, que en la Villa Ecuestre no todas las órdenes se daban o recibían por escrito y que necesariamente tuvo que recibir algún tipo de documentación.

Incluso, el cuarto vocal le preguntó que cómo se explicaba la inexistencia de archivos, cuando en la audiencia de ayer se habían leído una gran cantidad de constancias y documentos sobre el caso.

El militar respondió que, simplemente, no podía opinar al respecto.

Después de la insistencia de la defensa y cuando por fin se careó con Gallardo, Arpide Contreras aceptó que quien dio la orden para el traslado de los camiones para transportar el grano fue el propio titular de la Sedena, Antonio Riviello Bazán.

El primer careo tomó por sorpresa a ambos generales, e incluso Gallardo pidió orientación al presidente del consejo sobre la forma en que debía cuestionar al testigo.

El juez -que asesora el presidente del Consejo- dejó en claro que en el juicio ambos se merecen respeto, por pertenecer a las fuerzas armadas, además de que ambos tienen grado de general.

Gallardo insistió en que él le había entregado una relación de los bienes de la villa, pero Arpide respondió que él no había recibido documentación oficial alguna.

Finalmente, quedó de manifiesto que la apresurada salida de Gallardo era un elemento importante a tomar en cuenta en el proceso, porque de acuerdo con sus familiares, él salió de vacaciones el 20 de diciembre de 1988 y el 1 de enero de 1989, cuando el general Gallardo llegó a las instalaciones de la Villa Ecuestre, le ordenaron presentarse de inmediato a su nuevo cargo como director de Equitación.

Posteriormente le tocó su turno al general brigadier Armando Henríquez Parra, quien participó en la auditoría que ordenó el Ejército los primeros días de enero de 1989 para verificar el estado en que Gallardo había dejado el lugar.

Henríquez Parra dijo que el monto estimado de pérdidas en la Villa Ecuestre ascendió entonces a 223 mil 566 millones 524 viejos pesos y confirmó la desorganización y falta de archivo del inmueble.

Por otro lado, el fiscal militar objetó todas y cada una de las preguntas que se hicieron a los dos testigos que él creía no le eran favorables para su causa.

Incluso logró dejar fuera de actas una pregunta que le hizo la defensa al general Arpide, en la que se le pedía que confirmara si había pedido por escrito la intervención de la Dirección de Caballería de la Defensa Nacional para auditar la Villa Ecuestre.