Matilde Pérez U., enviada /III y última, Ciudad Obregón, Son. ``Nadie tiene derecho a inmiscuirse en asuntos internos de la tribu yaqui; aquí no permitiremos que se nos utilice como un trampolín para avanzar'', ataja Tomás Rojo Villanueva.
Como integrante del Programa de Asistencia Técnica Integral para las Comunidades Yaquis (Paticy) y vocero de Florentino Buitimea Yoquihua -uno de los gobernadores de Vícam- asegura que hay una campaña para acusar a la tribu de estar involucrada en el narcotráfico. El interés de fondo está en la apropiación de nuestros recursos naturales, territorio y terminar con los usos y costumbres, con la autonomía de los yaquis, señala.
En la oficina del Paticy -en Vícam estación-, Rojo Villanueva asegura que el staff de acompañamiento de las autoridades yaquis sólo realiza una labor de salvaguarda para conservar la estructura de poder tradicional de los yaquis (gobernador, pueblo mayor, capitán, comandante y secretario) y se resiste a profundizar en el tema de la división de la tribu y dualidad de las autoridades tradicionales.
Sus comentarios los orienta hacia el convenio de concertación para impulsar el desarrollo integral de los yaquis que firmaron el gobernador del estado, Armando López Nogales, y delegados del gobierno federal el pasado 14 de febrero. Es un instrumento más para tratar de frenar la situación desventajosa en la que está la tribu, dice, y como ejemplo menciona que por falta de créditos los indígenas rentan 35 mil hectáreas, su cartera vencida en 1997 fue de 7 millones de pesos y 90 por ciento de los 112.9 millones de pesos que se generan anualmente en la región son producto de los yoris (blancos)
El INI ``dejó un mal precedente''
Cuestiona a los yaquis que solicitaron el regreso del Instituto Nacional Indigenista porque -señala- esa institución dejó un mal precedente en la región: trató de castellanizarnos y nos trató como menores de edad. ``Ya somos suficientemente adultos para decidir nuestro futuro. Si la gente del INI da muestras de buena voluntad, habla claro y se conduce conforme a indicaciones de las autoridades tradicionales, es bienvenida''.
El documento firmado por el gobernador López Nogales, así como por Florentino Buitimea Yoquihua -uno de los gobernadores de Vícam- y Mario Valencia Ramírez -de Cócorit- precisa que de los 5.5 millones de pesos liberados por el gobierno estatal en el primer semestre del año serán para los programas de servicio y asistencia técnica agropecuaria; para parcelas de validación; laboratorio de análisis de suelo, agua y planta; becas educativas; organización y capacitación; archivo y cultura; fortalecimiento del subsistema de educación bilingüe bicultural; programa de mujeres; centro de informática; fideicomiso de la tribu; fondo de apoyo a la producción.
Entre las 30 cláusulas del convenio están: transferir el distrito 18 de riego a la tribu; crédito de Banrural para 287 hectáreas; gestionar un crédito para terminar con la construcción y adecuación de las instalaciones de la planta procesadora de camarón de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera de la tribu; apoyar un proyecto de inversión para la instalación de una planta salinera en el litoral de los yaquis; rehabilitación y ampliación del muelle de Bahía de Lobos; entregar medicamentos hasta por 200 mil pesos, así como mejorar la infraestructura escolar y de servicios básicos.
El gobierno estatal aclaró que las obras y servicios comprometidos estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos económicos del presupuesto de egresos federales y estatales. A su vez, un análisis del Paticy destaca la urgencia de no frenar las acciones, pues en el caso de la agricultura dependen directamente tres mil familias, de los cuales pocos acceden a los cinco millones de pesos que se canalizan mediante Alianza para el Campo.
La cooperativa pesquera cuenta con 780 socios, quienes trabajan en una zona de 18 mil 355 hectáreas de aguas protegidas; de esta actividad dependen directa e indirectamente 900 familias y el valor de producción anual promedio se estima en dos millones 300 mil dólares. El potencial podría aumentar si se establecieran granjas camaronícolas en ocho mil hectáreas.
Piden créditos para agroindustrias
Sin embargo, las intenciones plasmadas en el citado convenio no satisfacen a las autoridades tradicionales que piden a la Secretaría de la Contraloría de la Federación una auditoría al Paticy. ``Lo que queremos son créditos -se han dejado de sembrar 25 mil hectáreas-, agroindustrias, empresas que generen empleo. No queremos que vengan a prometernos arreglos de las calles, alumbrado público o que recogerán la basura, para eso está el gobierno municipal'', resalta Víctor Buitimea Ríos, secretario de Vícam pueblo.
Por su parte, Camilo Flores Jiménez, vocero de los gobernadores tradicionales de Pótam y Vícam pueblo, advierte: ``ya no queremos más convenios con el Paticy. Hemos hecho acopio de mucha tolerancia para ellos; lo que exigimos es que el gobierno federal investigue cómo han aplicado los recursos y que se actúe legalmente. Esto no es un golpe por golpe sino un acto de justicia''.
El Paticy, asegura, ``ya no es de los yaquis, es utilizado por los yoris en contra de la tribu. Es un cáncer que ya no tiene remedio, pues han entregado a los inversionistas nacionales y extranjeros parte del territorio. Con ellos ya no puede haber reconciliación'', destaca.