Arnaldo Córdova
Desacuerdos con los acuerdos

Resultan realmente inconcebibles el cinismo, la simulación y la truculencia con que se está tratando el conflicto chiapaneco. Y eso en lo que toca por igual a las partes involucradas en el mismo. Lo que más llama la atención son las incoherencias en el trato y el desenfado con el que se descalifica no sólo a los contrarios, sino y sobre todo a las mismas propuestas de solución que se presentan. Fue incoherente y profundamente ofensivo por parte del gobierno del presidente Zedillo que se diera a conocer que de las 27 ``objeciones'' a la iniciativa de la Cocopa sólo se sostendrían cuatro, pero que hasta el día de hoy nadie sepa en qué diablos consisten las dichas ``objeciones''.

Por diversas filtraciones, ahora podemos saber en qué se fundan y cuáles son los puntos que el gobierno quiere poner a debate. Uno consiste en que, reconociéndose el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, sus juicios y resoluciones serán ``homologados'' por las autoridades jurisdiccionales. La iniciativa establecía que deberían ser ``convalidados''. No fue la iniciativa la que fijó ese punto, sino los mismos Acuerdos de San Andrés. Ergo: el gobierno no reconoce en este punto los Acuerdos de Larráinzar. Homologar define muchas cosas, pero en la práctica forense significa confirmación de un juez o de las mismas partes de sus actos y convenios para hacerlos más firmes y solemnes. Es lo mismo que ``convalidar'' (confirmar, ratificar lo ya aprobado), si se recuerda que todo depende de una ley superior. No sé por qué los zapatistas se pelean por esto, pero tampoco entiendo por qué el gobierno hace de esta minucia un conflicto de principios.

Ya desde el momento mismo en que el gobierno rechazó la propuesta de la Cocopa, sus representantes consideraron inadmisible el uso de la expresión ``sistemas normativos internos'' y propusieron que se hablara de ``normas, usos y costumbres''. Para mí, significan lo mismo. Pero, además, en su discurso de Kanasín, el Presidente empleó la expresión ``sistemas normativos internos'', aceptándola, y ahora resulta ser otra objeción gubernamental a la iniciativa de la Cocopa. Sólo que la expresión también fue usada originalmente en los textos de los Acuerdos de San Andrés. Ergo: el gobierno vuelve a desconocer los Acuerdos de Larráinzar.

En los Acuerdos se dijo, siguiendo el texto normativo del artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT, que los indígenas deben usar y disfrutar de sus tierras y territorios. El gobierno objeta, del proyecto de la Cocopa, el uso del territorio, ignorando, cínicamente, que fue un resolutivo de los Acuerdos. Tanto éstos como el texto de la Cocopa establecen, por lo demás, que los derechos originarios de la Nación quedarán a salvo. Esto quiere decir, por si alguien lo ignoraba, que tales derechos de los indígenas serán sólo en cuanto que son superficiarios, igual que lo son todos los propietarios de tierras o terrenos, de acuerdo con la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional. Ergo: el gobierno desconoce, de nueva cuenta, los Acuerdos de Larráinzar.

En los Acuerdos se estipuló que se buscaría que los pueblos indios tuvieran sus propios medios de comunicación. Se supuso que, para ello, igual que ocurre con todos los usuarios de nuestro sistema nacional de comunicaciones, los pueblos indígenas deberían cumplir con lo que establece la ley, vale decir, solicitar de la Secretaría de Comunicaciones una licencia o una concesión ad hoc. Pero en sus objeciones el gobierno considera esta estipulación inaceptable, por el sencillo hecho de que no se dijo que todo ello sería conforme a la ley. Ergo: el gobierno desconoce, otra vez, lo que se acordó en San Andrés Larráinzar.

En los Acuerdos, en el inciso 2 del punto 5, se reconoce a los pueblos indígenas el derecho ``a asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas''. Ello supone, necesariamente, un plan de remunicipalización. Eso se copió en la iniciativa de la Cocopa. Ahora el gobierno, entre sus objeciones, arguye que eso no lo puede permitir porque viola la Constitución. Ergo: el gobierno desconoce, por enésima vez, los Acuerdos de Larráinzar.

Francamente, ya no se puede entender de qué se trata. Zedillo no está sólo desconociendo la propuesta de la Cocopa. Está desconociendo, en sus propios términos, lo que se acordó en San Andrés, y su discurso de Kanasín, por lo que parece, fue un engaño y una tomada de pelo. Tal vez ha sido por eso que las famosas ``cuatro objeciones'' no se hayan dado a conocer a nadie. La pregunta es: ¿qué se persigue con todo eso?