Hoy, el gobierno de Estados Unidos dará a conocer a qué países otorga la certificación en materia de combate al narcotráfico. Según reportes recogidos por este diario, Washington reconocerá que México coopera plenamente con el país vecino en sus esfuerzos de lucha contra las drogas. Pero más allá del hecho de que nuestro país reciba o no la certificación estadunidense, tal calificación representa una injerencia ofensiva en los asuntos que sólo compete resolver a cada país, y vulnera los principios elementales del derecho internacional. Además, cabe señalar que la pretensión certificadora está impregnada de hipocresía y connotaciones equívocas y sesgadas.

En primer lugar, si el gobierno estadunidense se aplicara a sí mismo los criterios que impone a otros países, no podría obtener certificación alguna, ya que esa nación es la principal consumidora de drogas y, debe recalcarse, una de las más importantes productoras de todo tipo de enervantes. Además, es claro que sin la existencia de importantes y poderosas organizaciones delictivas al interior de Estados Unidos, no sería posible que los cargamentos de drogas procedentes de diversas regiones del mundo fueran distribuidos y comercializados en sus ciudades. Por ello, la certificación carece de sentido y no es más que una actitud hipócrita -y hasta encubridora- que pretende trasladar a otras naciones la responsabilidad que el gobierno y la sociedad estadunidenses tienen ante el fenómeno de la drogadicción y el narcotráfico, no sólo en su territorio sino a escala mundial.

Por otra parte, es claro que el tráfico y el consumo de drogas tienen su origen en la elevada demanda de estupefacientes que existe en las naciones desarrolladas, Estados Unidos sobre todo. Si bien el gobierno de ese país ha reconocido, al menos en las palabras, que la reducción de la demanda es el punto medular de toda estrategia de combate al narcotráfico, las medidas y las políticas que Washington ha emprendido en este sentido son insuficientes, tanto en el ámbito de los recursos destinados a campañas educativas para prevenir que más estadunidenses caigan en las drogas, como en la generación de centros que atiendan y rehabiliten a los adictos. Algo similar puede decirse de las acciones que Washington realiza para detener y desmantelar a los grupos de narcotraficantes que operan, de forma vasta e incontrolada, en su territorio.

En cambio, antes que atacar con decisión sus graves problemas internos en materia de salud pública y delincuencia, Washington ha optado por presionar, e incluso chantajear políticamente a aquellas naciones que son centros de producción o rutas de tránsito de drogas. Pero, mientras persista la demanda de enervantes en los países industrializados -y la recaudación de miles de millones de dólares en ganancias ilícitas para los que la fomentan y satisfacen- ningún esfuerzo de coherción internacional será capaz de frenar la actividad de los narcotraficantes y, en cambio, persistirán los fenómenos de criminalidad, corrupción, violencia, muerte y desasosiego social que genera el tráfico de drogas y que afectan a casi todas las naciones.

En esta perspectiva, la propuesta que varios países de América Latina, entre ellos México, presentarán ante la OEA para que sea ese órgano internacional -y no Estados Unidos, que hace las veces de juez con escasa credibilidad y parte con alta responsabilidad en la materia- el que evalúe el desempeño de los gobiernos del continente en la lucha contra las drogas, podría resultar adecuada, siempre que esta prerrogativa no implique la aplicación de medidas punitivas ni violente la soberanía de las naciones.

La lucha contra el narcotráfico es una tarea con la cual México se encuentra cabalmente comprometido, pero no por presiones extranjeras ni para satisfacer la exigencia de otros gobiernos, sino para defender la salud y la vida de los mexicanos y para erradicar la inseguridad, violencia y corrupción que inevitablemente están asociadas a esa actividad delictiva. Si Washington está realmente interesado en abatir el narcotráfico, antes que pretender certificar a otros países, debería comenzar por una limpieza a fondo de su propia casa.