Lee H. Hamilton *
Tiempo de cooperación antidrogas

No podemos frenar el flujo de los narcóticos sin una completa cooperación internacional. Un plena cooperación significa más que buenos encuentros entre presidentes. Esos encuentros son esenciales, por supuesto, pero no son suficientes. Necesitamos una cooperación profunda y sostenida a través de las fronteras, en donde se realiza el trabajo. El actual proceso de certificación socava la cooperación y es contraproducente.

El estatuto de certificación no funciona. La legislación vigente requiere que el Presidente de Estados Unidos haga todos los meses de marzo un imposible juicio de aprobación o desaprobación -si cada uno de los países mayores productores de drogas o de tránsito ha ``cooperado plenamente con Estados Unidos, o ha tomado adecuados pasos por su cuenta, para lograr un pleno cumplimiento'' con las metas de las resoluciones de Naciones Unidas sobre narcóticos.

Esta ley encajona al Presidente en un marco terrible. Si él certifica plena cooperación, es forzado a mentir. Si no encuentra una plena cooperación, entonces el Presidente coloca en riesgo toda nuestra cooperación bilateral con ese país por un simple tema.

¿Hacer un informe de calificación desde Washington -y eliminar la asistencia bajo la descertificación- sirve a los intereses de Estados Unidos en alentar la cooperación antinarcóticos? En México, la respuesta es no. Los narcóticos están en un lugar muy alto en la agenda de Zedillo, pero el debate el año pasado en el Congreso sobre la certificación para México hizo más difícil su trabajo. El debate sobre la descertificación socava los esfuerzos del presidente Zedillo para ejecutar una reforma legal, y otorga argumentos nacionalistas a aquellos que se oponen a la misma.

No necesitamos más la macana de la certificación para lograr la atención en el tema de las drogas. México y otros países en el hemisferio están sufriendo los efectos corrosivos del incremento en el uso de las drogas, la corrupción vinculada a la droga, y la violencia. Sus propios ciudadanos quieren una política antidrogas fuerte. El proceso de certificación permite a sus dirigentes desviar la atención de las carencias de sus políticas antinarcóticas al generar oposición en torno a lo que consideran como una interferencia no bienvenida de Estados Unidos.

Un proceso alternativo, la simple abolición de la ley, no es viable políticamente. Para cambiar el estatuto, necesitamos colocar algo mejor en su lugar.

La ley original surgió por dos razones. Primero, el Congreso deseaba un rango mayor en la política de drogas de Estados Unidos. Las drogas son un asunto muy importante para sus miembros, particularmente aquellos de distritos urbanos. Segundo, el Congreso quería mantener los pies de la administración en el fuego. Como resultado de esa ley, el Presidente es obligado a trabajar muy de cerca con el Congreso en la política antidrogas, cada primavera. Un nuevo y mejor enfoque debe tener varios elementos.

Primero, debe mantenerse -y mejorarse- el papel del Congreso de Estados Unidos. Necesitamos más y mejores consultas -no sólo las que suelen efectuarse una sola vez poco antes del primero de marzo. Necesitamos un proceso para evaluar tendencias y medir de manera realista los obstáculos. La rama Ejecutiva necesita discutir más detalladamente asuntos de una compleja cooperación sobre drogas con el Congreso. He visto que este proceso funcionó bien durante el último año en el Grupo de Alto Contacto Estados Unidos-México.

Segundo, un nuevo enfoque debe permitir al Presidente analizar los costos y beneficios de las sanciones. Debe otorgarle la flexibilidad para seguir el mejor curso a fin de promover una cooperación antinarcóticos. En algunos casos, la amenaza de suspender la asistencia de Estados Unidos puede ser útil para cambiar la conducta de un gobierno. En muchos otros casos, tendremos más beneficios al incrementar la cooperación con Estados Unidos y los organismos multilaterales, lo cual sería imposible si un país es descertificado y las sanciones son aplicadas.

Tercero, debemos apoyar una amplia alianza antidrogas hemisférica que el presidente discutirá e intentará establecer en Santiago, en abril. Un enfoque multilateral es el mejor para un problema multilateral. Las naciones que no cumplen con sus compromisos para frenar las drogas no deben rendir cuentas únicamente ante sus ciudadanos, sino ante una comunidad de naciones. Esta alianza también significaría involucrar a los parlamentos de todo el hemisferio, incluyendo el nuevamente independiente Congreso mexicano, para coordinar firmes políticas antidrogas.

Mientras el Congreso gira el reflector anual sobre la certificación de drogas, espero que la administración Clinton y el Congreso de Estados Unidos trabajen para dar forma a una alternativa al estatuto contraproducente de la certificación, uno que produzca la cooperación, que es vital para detener el flujo y el corrosivo impacto de los narcóticos ilegales.

*Representante por Indiana. Es demócrata de más alto rango en el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes.