Ignacio Burgoa, como bien se sabe, es un eminente jurista, un doctor en derecho y un maestro emérito (lo que significa, según los diccionarios, que al cesar en su empleo, ha sido premiado por sus buenos servicios, como se hacía con los soldados de la antigua Roma). Su jubilación no es integral, por fortuna. De cuando en cuando, a solicitud de terceros o por iniciativa propia, opina severamente, con la majestad de la ley, sobre asuntos de gran interés para la República.

Siendo él quien es, tiene que velar siempre por la conformidad de los hechos con el pensamiento, por el establecimiento pleno de la verdad, hasta donde nos es dado alcanzarla a los seres humanos. ¿Cómo establecer la verdad en el caso del conflicto chiapaneco? Se puede saber cuándo empezó, o al menos cuándo empezó a manifestarse; que los actores principales y directos son el gobierno, el EZLN y dos instancias de mediación, la Cocopa y la Conai; que hay una Ley de Concordia y Pacificación; que hubo encuentros entre la representación del gobierno federal y el grupo armado y que, una vez formulada la agenda de negociación, las partes se trasladaron a San Andrés Larráinzar; que allí, después de largas discusiones, se alcanzó un acuerdo, referente a derechos y cultura indígenas, que la representación oficial aceptó y firmó hace más de dos años: el 16 de febrero de l996.

Luego, según es del dominio público, se convino en que la Cocopa redactara la iniciativa de ley correspondiente, y debe decirse, y puede comprobarse, que lo hizo trasladando casi literalmente los acuerdos de San Andrés y apoyándose asimismo en el Convenio 169 de la OIT. No obstante, el gobierno opuso 27 observaciones que hacían nugatorios los acuerdos y que determinaron la suspensión del diálogo. Los 27 puntos iniciales se condensaron en cuatro observaciones pluritemáticas, que los rebeldes no han aceptado, con lo que el diálogo sigue en suspenso. Personas con la sabiduría jurídica de Burgoa, que deben saber todo esto, tuvieron mucho tiempo para asesorar oficial u oficiosamente al gobierno, y para advertirle sobre la inconveniencia política de una retractación pura y simple como la que estamos viendo; pero no lo hicieron.

Pero Burgoa actúa como si los hechos no hubieran existido, o como si sólo hubiera tenido de ellos un conocimiento incipiente. Eso no sería tan grave si no se sintiera obligado a emitir opiniones públicas. Y resulta que, según él, la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas derivada de los acuerdos de San Andrés Larráinzar es ``inútil e innecesaria''. Inútil, significa que no rendiría ningún provecho, e innecesaria significa que es superflua, que está de más. Según el jurista, bastaría con que el Presidente presentara una iniciativa de ley reglamentaria del artículo 4 de la Constitución, en la parte de la adición salinista, para alcanzar los objetivos que se buscan (La Jornada, ayer). Dicha ley secundaria, por inferencia, sí sería útil y necesaria. El problema, entonces, no parece estar en el contenido de la ley en proyecto, sino en su rango.

Esto me recuerda la insistencia con que Heriberto Jara, diputado constituyente en l916-17, abogó tercamente, contra los Burgoa de entonces, porque la jornada laboral de ocho horas quedara consignada en el artículo 123 constitucional, aunque no fuera muy ortodoxo según la técnica jurídica. ``Ahí mero la queríamos'', comentaba sonriendo muchos años más tarde. Y ahí quedó.

Más adelante, Burgoa concentra toda su furia ofensiva en el proyecto de ley de la Cocopa, del que dice que es ``anticonstitucional y antimexicano''. Con esto quedan tronantemente descalificados los acuerdos de San Andrés Larráinzar, la iniciativa legal de la Cocopa (que son casi lo mismo, como ya dijimos), su propia propuesta de una ley reglamentaria, el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Senado... y una legión de mexicanos que queremos que concluya dignamente, y pronto, el conflicto de Chiapas. Ciertos personajes, de clase muy bien definida, viven y medran ciertamente de la transgresión al pacto constitucional, y lo mismo les daría tener una nacionalidad extraterrestre. Pero de ningún modo son la mayoría. La mayoría queremos vivir en un régimen de derecho y precisamente en el país donde vimos la luz primera. Así que todo lo que tiene que hacer Burgoa para convencernos de que la propuesta de la Cocopa quebranta la Constitución y traiciona a la patria, es... demostrarlo. Si no lo hace, estará obligado a actuar como los mexicanos menos galardonados y a exigir el cumplimiento de los acuerdos en sus términos, y la creación de las condiciones para proseguir el diálogo en Chiapas y alcanzar la paz.