Los que trabajamos los temas de pobreza y distribución del ingreso sólo podemos hablar de ellos refiriéndonos a la situación anterior a la crisis de 1994. Por falta de información actualizada, no hemos podido cuantificar el impacto de la crisis en los niveles de vida. Como quien dice, hacemos historia económica. Por otra parte, en la asignación de los recursos del ramo 33 a estados y municipios, autoridades federales y estatales tuvieron que basarse en información aún más antigua, de 1990.

Hasta hace muy poco el prolongado espaciamiento entre encuestas y censos era la causa principal de nuestra vocación involuntaria de historiadores. Sin embargo, compartíamos esta situación con los funcionarios públicos y la nueva política del INEGI de hacer públicas las bases de datos de encuestas y de muestras del censo, nos colocaba en pie de igualdad en materia de información ante las autoridades. No había análisis en estos temas que sólo las autoridades pudieran hacer. Esto ha cambiado en el último año.

El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), ha vuelto a hacer algo que no se hacía en el país desde hace mucho tiempo: encuestas nacionales levantadas por secretarías de Estado al margen del INEGI para su uso exclusivo. En 1996 y 1997 el Progresa levantó sendas encuestas nacionales que se denominan Encaseh (Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares), que copian el nombre de las encuestas Casen de Chile. Al parecer han levantado también un censo de todos los hogares en las localidades elegidas para arrancar el programa. La igualdad referida se ha roto. La información sobre pobreza y desigualdad se ha vuelto privada, puesto que el Progresa no tiene la obligación de difundir tales encuestas, ni siquiera, al parecer, a las autoridades que tienen que hacer los cálculos para la asignación del ramo 33.

En el documento del Progresa, publicado por la Presidencia de la República el año pasado (sin referencia alguna a la Secretaría de Desarrollo Social, donde supuestamente se ubica, y sin mencionar tampoco al Programa para Superar la Pobreza 1995-2000 que se acaba de publicar en el Diario Oficial, pero que estaba listo desde hace más de un año, y del cual el Progresa debería ser una parte) se presenta un diagnóstico de la pobreza extrema en México fragmentario e inconsistente, haciendo un pobre aprovechamiento de la información privada financiada con fondos públicos. Sirvan algunos ejemplos. El Progresa estima la incidencia de la pobreza extrema a nivel nacional en 28 por ciento (25.5 millones de personas en 1995). En otra parte se sostiene que 64.1 por ciento de los habitantes del medio rural son pobres. Aunque no lo dice, se puede deducir que para el programa sólo 16 por ciento de la población urbana es pobre extrema, la cuarta parte de la proporción rural. Esta enorme desproporción entre ambos medios se agudiza al calcular el programa una intensidad de la pobreza (qué tan pobres son los pobres: medida por la brecha entre lo que tienen y lo que deberían tener) siete veces más alta en el medio rural que en el urbano: 20 por ciento contra 3 por ciento. Algo está mal en los cálculos, ya que ningún investigador ni institución ha obtenido esa desproporción tan exagerada, basada en la cual el Progresa justifica arrancar solamente en el medio rural.

Sostiene que ``entre la población que vive en condiciones de pobreza los niños representan la mayor parte'', pero al precisar que 40 por ciento de los niños menores de 10 años son pobres (debería decir pobres extremos) a nivel nacional, muestra que la afirmación inicial es falsa. En 1995, según el Conteo de Población, vivían en el país 21.6 millones de niños menores de 10 años. Si 40 por ciento era pobre, había 8.7 millones de niños pobres que eran la tercera parte (que no es lo mismo que la mayor parte) de los 25.5 millones de pobres. La defensa de los niños no necesita falsedades.

El Progresa quiere innovar en la medición de la pobreza. Señala que ``el ingreso familiar no es el único factor... para identificar a los grupos pobres''. Identifica bien el problema pero lo resuelve mal: incorpora otros indicadores que no expresan carencias, como composición y tamaño de los hogares, edad, participación laboral. Confunde las características constitutivas de la pobreza (que son las únicas que sirven para medirla) con las asociadas que sirven para identificar a quienes la padecen. Con una mezcla de variables de ambos tipos, construye perfiles típicos de las familias pobres y no pobres. Se analiza entonces a cuál de ellos se asemeja cada hogar para clasificarlo como pobre o no pobre. El error no es sólo estadístico. Con estos criterios incorrectos el Progresa elige a quienes otorga las transferencias y a quienes excluye.

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