Ayer, la denuncia sobre discriminación sexual en las empresas formulada por diversas ONG de México y Estados Unidos recibió el fallo favorable de la Oficina Administrativa del TLC en Materia Laboral. Con ello, aunque tal determinación no tiene carácter resolutivo, se reconoce de manera formal una circunstancia ofensiva e inaceptable como son las prácticas discriminatorias que algunos empresarios sin escrúpulos imponen a las trabajadoras.

Aunque la denuncia hace un énfasis especial en los múltiples casos en que mujeres embarazadas han sido obligadas a renunciar a sus empleos, la discriminación por razones de género en México -y en prácticamente todo el mundo- tiene muchas otras formas y manifestaciones, todas ellas abiertamente contrarias a los preceptos de igualdad del hombre y la mujer, garantizados por las convenciones internacionales y las leyes mexicanas, y al respeto de los derechos humanos fundamentales. Mientras no se reviertan las inequidades que padecen las mujeres en cuestiones cruciales como el acceso en condiciones de igualdad al trabajo, a la educación, a la salud, a la cultura y al ejercicio cabal de sus derechos políticos, no será posible alcanzar un desarrollo social y democrático completo e incluyente ni podrán revertirse las graves condi-

ciones de marginación y pobreza que agobian a millones de seres humanos en todo el mundo.

Cabe señalar que, pese al compromiso contraído por los países firmantes de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, efectuada en Pekín en 1995, poco es lo que los gobiernos han realizado en los hechos para corregir los obstáculos que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos. En México, prácticas como las denunciadas ante las instancias laborales del TLC son alarmantemente frecuentes: muchas empresas exigen a las mujeres que aspiran a obtener un empleo que demuestren que no se encuentran embarazadas y, en muchos casos, son despedidas u obligadas a renunciar si optan por su derecho a la maternidad. De este modo, les son conculcadas garantías laborales básicas -consignadas en la propia Constitución de la República- como el reposo remunerado en las etapas previas y posteriores al parto y el derecho a mantener su fuente de trabajo en las mismas condiciones y con el mismo salario y prestaciones. Ante estos hechos, la autoridad laboral debería prestar una mayor atención y exigir a los patrones el respeto a las leyes en la materia y sancionar a aquellas empresas que lleven a cabo prácticas de discriminación hacia la mujer.

De igual manera, es necesario que tanto el gobierno como la sociedad contribuyan de forma decidida -y sin que medien consideraciones económicas, políticas o religiosas- a erradicar las inequidades que enfrentan las mujeres mexicanas y rechacen y castiguen, conforme a derecho y a través de las instancias legales correspondientes, todo acto de violencia, hostigamiento y discriminación por causas de género, en especial aquellas cometidas contra las niñas y contra las mujeres en circunstancias de marginación.

Garantizar la equidad y la igualdad entre los géneros y la preservación de los derechos humanos y laborales fundamentales de todos los ciudadanos es una condición ineludible para la vigencia del estado de derecho, para el desarrollo social y democrático de las naciones y, a fin de cuentas, para la primacía de la civilización sobre la barbarie.