Se indaga a los MP que llevaron los casos Buenos Aires y Polo Uscanga

Humberto Ortiz Moreno Ť Como producto de las propias pesquisas y porque ``hay voluntad para esclarecer los casos'' que más lastiman a la sociedad, están bajo investigación los agentes del Ministerios Público que actuaron en asuntos relevantes como el caso Buenos Aires y Polo Uscanga, entre otros, para determinar si actuaron con negligencia durante las averiguaciones previas.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) garantizó que actuará apegada a derecho y no fabricará culpables. ``Hay interés de hacerlo'', en un cambio de enfoque, perspectiva y estilo de emprender las investigaciones.

En principio, los funcionarios judiciales serían citados para informar de sus actuaciones oficiales, pero más tarde, si se les encuentra alguna responsabilidad, acudirían en calidad de indiciados.

Durante la pasada administración solamente fueron consignados 60 funcionarios delincuentes, mientras que en lo que va de la actual ya hay 122, lo que representa un aumento de cien por ciento. El objetivo de estos procedimientos es fijar reglas claras para los funcionarios de la PGJDF: ``te apoyamos en todo, pero si te descubrimos en una irregularidad te aplicamos la ley...''

En estos propósitos, la subprocuradora ``A'' de Procedimientos Penales, Margarita Guerra y Tejada, considera imperativo contar con la participación directa de la ciudadanía con un planteamiento democratizador de las instituciones de justicia, para que a su vez el Estado asuma su obligación en la materia.

Y es que, advirtió, en tanto la gente no se responsabilice en tal objetivo cundirán el desánimo, la frustración y el desaliento frente al creciente índice delictivo. La única vía urgente para enfrentar al hampa es, por tanto, convocar a la ciudadanía, pero respaldarla con hechos.

``¿De qué me sirve decirle a una persona ven y denuncia las irregularidades que veas, como slogan publicitario, si cuando hace su denuncia no hay respaldo?''

Sobre la presunta responsabilidad de funcionarios de la pasada administración en actos de corrupción, Guerra aseguró que ``vamos a llegar hasta donde sea necesario y nos permitan las pruebas que encontremos''.

Dos cesados

Por irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones, la Contraloría General del Distrito Federal determinó inhabilitar por tres años para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, a Miguel Angel Ismael Vázquez Saavedra, quien fungió como subdelegado de Obras y Desarrollo Urbano en la delegación Benito Juárez, durante la administración de Esperanza Gómez Mont. Una sanción igual se aplicó a Eduardo Basurto Guzmán, quien además fue destituido el pasado 20 de febrero del cargo de subdirector de Obras y Mantenimiento en la misma demarcación. A ambos también se les aplicó una multa por 957 mil 813 pesos.