La expulsión del país del sacerdote francés Michel Chanteau, párroco de Chenalhó desde hace 32 años, es un acontecimiento inquietante que podría revelar la existencia de una actitud de endurecimiento del gobierno federal ante la presencia en Chiapas de extranjeros que realizan actividades humanitarias, pastorales o asistenciales. Y aunque las autoridades fundamentarían la deportación en el hecho de que el párroco habría dicho que la matanza de Acteal era responsabilidad del gobierno federal, lo cierto es que la expatriación de Chanteau se realizó de forma paralela a la campaña que diversos medios de comunicación, de manera dolosa e injustificada, han emprendido en contra de los extranjeros que realizan actividades humanitarias y de vigilancia del respeto de los derechos humanos en las comunidades indígenas chiapanecas.

Tal coincidencia de sucesos no puede pasar inadvertida. Por el contrario, como señaló el presidente en turno de la Cocopa, senador Luis H. Alvarez, la expulsión se efectúo en un momento poco oportuno y, cabe añadir, especialmente tenso. Si Chanteau efectivamente realizó actividades no autorizadas o contrarias a las leyes mexicanas, las autoridades debieron haber procedido desde hace tiempo.

Sin embargo, ante la expulsión hace algún tiempo de otros sacerdotes extranjeros que realizaban su actividad en esa región, desde 1995 la diócesis de San Cristóbal había demandado a la Secretaría de Gobernación la regularización de todos sus sacerdotes extranjeros, y altos funcionarios de esa dependencia habían indicado al obispo Samuel Ruiz que no se realizarían nuevas deportaciones. Incluso, el subsecretario de Población y Servicios Migratorios, Fernando Solís Cámara, informó el pasado 12 de febrero que todos los religiosos no mexicanos se encontraban en situación regular, que estaban autorizados para desempeñar sus actividades y que no se tenía conocimiento de que incurrieran en prácticas no autorizadas. Y, apenas hace unos días, el subsecretario de Asuntos Religiosos, Guillermo Jiménez Morales, señaló que la dependencia a su cargo no contaba con ningún señalamiento de que los sacerdotes extranjeros en Chiapas realizaran actividades ajenas a sus labores de culto.

Resulta totalmente inaceptable que mientras la mayoría de los integrantes de los grupos paramilitares que operan en Chiapas permanezcan libres y gocen de impunidad, las autoridades persigan a individuos que, más allá de su nacionalidad, se han comprometido durante muchos años con el desarrollo y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Chiapas y que, en voz de los propios funcionarios encargados de atender los asuntos migratorios y religiosos del país, no efectuaron actividad ilícita alguna.

Por otra parte, resulta muy grave que voceros de la Secretaría de Gobernación hayan difundido versiones en el sentido de que los expedientes de otros 40 sacerdotes extranjeros de la diócesis de San Cristóbal se encuentran en proceso de revisión cuando, según el vicario de la diócesis, Gonzalo Ituarte, sólo tres de sus 60 sacerdotes no cuentan con la nacionalidad mexicana. Tal actitud de parte de funcionarios gubernamentales, antes que contribuir a la distensión y a la generación de un clima propicio para el reinicio del diálogo, sólo desinforma a la sociedad, entorpece los esfuerzos en favor de la paz e introduce nuevos e indeseables factores de tensión y temor en las comunidades chiapanecas.