Protesta de la diócesis y de ONG ante la CIDH por la expulsión
Reuters, París, 27 de febrero Ť El gobierno de Francia dijo el viernes que la expulsión de un sacerdote francés de México es un revés para el diálogo en el estado de Chiapas, donde operan los rebeldes zapatistas.
El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Yves Doutriaux, aseguró que el sacerdote Michel Chanteau sólo estaba involucrado en actividades humanitarias con la población indígena del estado de Chiapas.
``Las autoridades de Francia y de la Unión Europea expresaron en diciembre pasado sus esperanzas de que se pusiera en práctica un diálogo (de paz) genuino en México en el asunto de Chiapas'', señaló el funcionario.
``En este contexto, lamentamos en los términos más fuertes posibles la expulsión del padre Chanteau'', agregó.
Chanteau, de 67 años, fue trasladado en avión a la capital mexicana y expulsado del país, acusado de intervenir en asuntos políticos internos.
Según las autoridades mexicanas, el sacerdote acusó al gobierno de planear una matanza en la población de Acteal, en la que 45 refugiados indígenas que eran simpatizantes de los guerrilleros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fueron asesinados en diciembre.
El gobierno de México ha llevado a cabo una abierta y agresiva campaña para expulsar de la zona a los observadores extranjeros y activistas políticos que se trasladan a Chiapas sin la debida autorización.
Chanteau estaba asignado a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, dirigida por el obispo Samuel Ruiz, mediador en las negociaciones de paz que han permitido preservar la tregua declarada después de 10 días de combates entre los zapatistas y las tropas gubernamentales en 1994.
Jesusa Cervantes Ť Funcionarios de la Secretaría de Gobernación prometieron en junio de 1995 a Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal de las Casas, y al entonces asesor jurídico de la arquidiócesis de México, Antonio Roqueñí, que ``no ejecutarían deportaciones'' de los sacerdotes extranjeros que laboraban en esa diócesis chiapaneca.
En entrevista con este diario, Roqueñí -uno de los sacerdotes que participó activamente en las pláticas para reformar el artículo 130 de la Constitución- detalló: ``En esa ocasión los entonces subsecretarios Arturo Núñez, César Bécker Cuéllar y Gabino Fraga nos pidieron que nos diéramos cuenta de que Chiapas estaba en guerra, con atención especial de seguridad nacional y que se tenía que revisar con todo cuidado a los sacerdotes''.
Parece, añadió Antonio Roqueñí, que eso ``sirvió de pretexto'' para no desahogar la regularización de la situación migratoria de los sacerdotes de San Cristóbal de las Casas, cuyos trámites quedaron inconclusos, ``y para dejar abierta la puerta con el fin de efectuar nuevas expulsiones''.
Por otra parte, fuentes de la Secretaría de Gobernación insistieron en divulgar ante varios medios de comunicación que las autoridades migratorias ``estudian'' el caso de ``40 de los 70'' sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas ``que son extranjeros''.
El vicario de la diócesis chiapaneca, Gonzalo Ituarte, consultado telefónicamente al respecto, rechazó las cifras y aseguró que sólo tres de los 60 sacerdotes que integran esa demarcación religiosa no tienen nacionalidad mexicana.
Trámites a medio camino
Antonio Roqueñí, experto en derecho canónigo, señaló que él acompañó a Ruiz García a realizar gestiones ante la plana mayor de Gobernación en 1995, y aseguró que desde entonces el obispo y él mismo, en su calidad de juez eclesiástico, solicitaron e insistieron en la conclusión de los numerosos trámites pendientes de los documentos migratorios de los religiosos extranjeros adscritos a esa diócesis.
En concreto, el abogado clerical mencionó un encuentro con los entonces subsecretarios de Gobierno, Arturo Núñez; de Población y Servicios Migratorios, César Bécker Cuéllar, y de Asuntos Religiosos, Gabino Fraga, días después de la expulsión de tres párrocos -un argentino, un estadunidense y un español, ocurrida el 23 de junio de 1995-, en el que se analizó la situación migratoria de los demás extranjeros, tanto de monjas como de curas.
El titular de la diócesis de San Cristóbal, Samuel Ruiz, urgió en esa ocasión a los funcionarios para que otorgaran la documentación previamente tramitada que autorizara a sus párrocos realizar actividades de culto, y recordó a los tres subsecretarios que su Iglesia había cumplido en tiempo y forma con el requisito de notificar sobre la calidad migratoria de los religiosos extranjeros desde 1992. También se informó en detalle el número de esos clérigos, los lugares donde se encontraban y el trabajo que desempeñaban, narró Roqueñí.
Muchos de esos trámites -entre ellos el de Michel Chanteau, párroco de San Pedro Chenalhó, expulsado el jueves- quedaron a medio camino en los escritorios de la dependencia federal.
Durante ese encuentro -recuerda ahora Roqueñí- los funcionarios presentaron a sus interlocutores tres listas de religiosos bajo la mira de Gobernación.
``La primera se refería a los extranjeros que serían expulsados; la segunda incluía nombres de quienes se revisaría su situación migratoria, para ver si el gobierno decidía expulsarlos o no, y la tercera contenía nombres sobre los cuales el gobierno ofrecía su regularización. Creo, porque no recuerdo bien, que las listas eran de 11, siete y 10 personas, entre sacerdotes y monjas'', explicó Roqueñí.
El primer acuerdo de las autoridades fue ``que a los de la primera lista se les diera aviso para que se prepararan a salir en cualquier momento. De los de la segunda y la tercera dijeron que iban a hacer todo lo posible por revisar sus casos, analizando cuántos años llevaban en Chiapas y qué actividades realizaban''.
Al final de las negociaciones se acordó que no se expulsaría a nadie. ``Eso se aceptó, pero sólo en ese momento'', añadió el juez eclesiástico.
``Al siguiente día del encuentro entre Samuel Ruiz y los subsecretarios -continuó Roqueñí-, desayuné con Arturo Núñez y él admitió que no se podía expulsar a los sacerdotes tomando en cuenta únicamente la información de las tarjetas que elaboran los agentes de Migración y los soldados''.
En esas tarjetas se decía que los sacerdotes estaban implicados en asuntos políticos. ``Por supuesto que la información era falsa y calumniosa'', aseveró Roqueñí, quien recordó que el francés Michel Chanteau estaba incluido en dichas listas.
Después de esa reunión, la diócesis volvió a presentar ante Gobernación todos los documentos de los clérigos extranjeros, detalló cada una de sus actividades y pidió que estuvieran ``muy sensibles para no causar o caer en provocaciones'', comentó el juez eclesiástico.
Se contradice Gobernación
De acuerdo con Antonio Roqueñí, todas las asociaciones religiosas que solicitaron su registro en 1992, incluida la Iglesia católica y dentro de ésta la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ``entregaron la relación de sus sacerdotes extranjeros al Instituto Nacional de Migración. El que ahora digan que Michel Chanteau no se regularizó es problema de la dependencia. El sí aviso sobre su situación y solicitó su regularización''.
Según el comunicado que emitió Gobernación el pasado viernes, en el cual justifica la deportación del sacerdote francés, ``se destaca que la autoridad migratoria nunca le otorgó permiso para desempeñarse como ministro de culto, tal y como lo venía haciendo hasta la fecha, en la parroquia de Chenalhó, adscrita a la diócesis de San Cristóbal de las Casas''.
Sin embargo, el pasado 12 de febrero Fernando Solís Cámara, subsecretario de Población y Servicios Migratorios, afirmó: ``Todos los ministros de culto de la diócesis de San Cristóbal de las Casas están autorizados a realizar las actividades que vienen realizando; es decir, están regulares en territorio nacional... Todos están regulares y no tenemos información de que realicen actividades que no estén autorizadas dentro de su permiso de ejercicio de culto''.
A su vez, el 19 de febrero Guillermo Jiménez Morales, subsecretario de Asuntos Religiosos, dijo que ``no'' se realizaba investigación alguna sobre la actuación de los ministros de culto. ``No tenemos en este momento, en la subsecretaría, en forma específica, algún señalamiento (de que realicen actividades que no correspondan al culto)''.
De acuerdo con el artículo 5 transitorio de la Ley de Asociaciones Religiosas, ``en tanto se revisa su calidad migratoria, los extranjeros que al entrar en vigor esta ley se encuentren legalmente internados en el país podrán actuar como ministros del culto, siempre y cuando las iglesias y demás agrupaciones religiosas les reconozcan ese carácter al formular su solicitud de registro ante la Secretaría de Gobernación, o bien, los ministros interesados den aviso de tal circunstancia a la misma Secretaría''.
Finalmente, la Comisión del Episcopado Mexicano, a través de Luis Barrera, secretario ejecutivo adjunto, manifestó su preocupación porque la deportación del sacerdote francés se haya realizado ``en este momento en que se pretende pacificar a Chiapas, parece que en lugar de distender se tensa''.
Sin embargo, aclaró que no ponen en duda que las autoridades hayan efectuado la deportación conforme a derecho, pero insistió en que la Iglesia católica ``siempre ha estado dentro de la ley'', la diócesis de San Cristóbal dio a conocer a las autoridades de Gobernación la calidad migratoria de cada uno de sus sacerdotes y que en el caso de los extranjeros solicitó en tiempo su regularización.
Martha García Ť La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos aceptó que el problema indígena trasciende al estado de Chiapas y ``tomará en cuenta'' la demanda del Congreso Nacional Indígena (CNI) de extender su misión a otras entidades de la República.
En reunión, dirigentes indígenas manifestaron a la delegación integrada por representantes de organizaciones civiles, religiosas y políticas de Europa y América Latina, que ``es un error reducir el problema indígena a Chiapas''.
Esta opinión fue considerada como una crítica al trabajo de la comisión, sin embargo, se aclaró, su presencia en las zonas chiapanecas es trascendente y establece las bases del reconocimiento internacional sobre la situación en el sureste mexicano.
Luego de exponer casos como el de Los Loxichas, integrantes del CNI consideraron ``interesante que esta comisión extendiera su labor de observación a otras zonas conflictivas'' como Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
Durante el encuentro realizado en la ciudad de México, los observadores escucharon una queja generalizada sobre el impacto negativo de la militarización de las regiones indígenas, y recogieron información sobre agresiones sexuales a mujeres en regiones ocupadas por el Ejército Mexicano.
Los observadores internacionales respondieron que a lo largo de su viaje a Chiapas y en entrevistas con diversos actores, se percataron de la ``constante'' problemática indígena en varias zonas del territorio nacional en torno a la militarización y las condiciones de pobreza.
La cuestión agraria fue tema central en la sesión con dirigentes indígenas provenientes de varios estados; manifestaron que la reformas al artículo 27o. constitucional dejaron en total indefensión a las comunidades frente a la presión de la miseria y la posibilidad de rentar o vender sus predios.
El CNI dejó claro a esta Comisión que a pesar de la negativa gubernamental por cumplir con los acuerdos de San Andrés y aceptar la propuesta de reformas constitucionales de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) sobre derechos y cultura indígenas, el movimiento étnico continuará con su lucha política pacífica.
De igual forma, explicó que las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional son de todos los pueblos indígenas, que los acuerdos de San Andrés fueron consensados. En otros temas, describió el escenario político al que se enfrentan en este año electoral.
Resaltó la fragmentación comunitaria por la injerencia de los partidos políticos y la penetración de grupos religiosos. Calificó de caótico el contexto preelectoral en medio de la persecución de dirigentes sociales, militarización y hostigamiento judicial.
La Comisión Civil Internacional ofrecerá este sábado una conferencia de prensa antes de que sus integrantes retornen a sus distintos países e informen a sus organizaciones del recorrido por Chiapas.