Hay algo peor que los extranjeros expulsados por hacer política en México: los mexicanos que se dedican a favorecer a otros países. A aquéllos se les sataniza a más no poder, mientras que a éstos se les encubre y hasta se les entrega todo el poder. Contra aquéllos hay defensas, pero contra éstos ¿cómo defendernos, máxime si ellos mismos se adueñan del país, incluyendo las banderas de la soberanía, de la unidad nacional y de la integridad territorial?

A los extranjeros indeseables se les aplica el artículo 33 de la Constitución, no obstante que abre la puerta al mayor de los subjetivismos y de las arbitrariedades: ``... el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país''.

¿Quién y cómo decide lo que constituye un ``asunto político''? En ausencia de una cultura democrática, no queda más que ensayar una respuesta confirmatoria del manejo por demás tramposo de nuestro nacionalismo: sólo la cúspide del poder decide cuáles extranjeros convienen a México; y lo hace bajo el criterio del capricho personal, también conocido como el-irrestricto-apego-a-las-leyes-del-país. No importa que sean leyes tan maleables como el artículo 33 constitucional.

Bajo ese monumento a la arbitrariedad presidencialista, ahora mismo se despliega una campaña xenofóbica en Chiapas. Ello, sin reparar en que el trabajo de muchos extranjeros a favor de la justicia y la paz, de los derechos humanos y de la dignificación indígena, o simplemente a favor de un periodismo honesto, es a todas luces benéfico para el país. Mucho más benéfico que el de otros extranjeros, incluidos los que viven disfrazados de mexicanos: los mexicanos extranjerizados.

La escalada xenofóbica ya alcanzó a personalidades como el padre francés Michel Chanteau, quien antier fue expulsado del país tras 32 años de haber dirigido la parroquia de Chenalhó. Adscrita ésta a la diócesis de San Cristóbal, su expulsión es interpretada como un golpe más a don Samuel Ruiz y a la Conai, pilares de los verdaderos esfuerzos de paz. Y ese nuevo golpe se asesta precisamente cuando el gobierno dice querer la reanudación del diálogo con el EZLN, del mismo modo en que dice defender la soberanía nacional a punta de expulsiones.

No tiene empacho, sin embargo, en mantener un programa de gobierno que no hace sino encadenar a México a los dictados de otros extranjeros, estos sí por completo bienvenidos. Extranjeros que buscan no la justicia social, sino la ganancia particular. No el desarrollo del país, sino su descapitalización. No el respeto a nuestra soberanía, sino la intervención en cruciales ``asuntos políticos'' de México: desde la conducción de la lucha contra el narcotráfico, hasta la pulverización de nuestra seguridad nacional. Las noticias de estos mismos días hablan de más capacitación de militares mexicanos por cuenta de la CIA, más incursiones de embarcaciones estadunidenses en nuestros mares, más presencia militar de EU en Chiapas.

Así, los extranjeros consentidos del gobierno mexicano aparecerían como los más beneficiados por la completa desintegración de nuestra nación, la que sin duda ocurriría con una guerra tan abierta como expansiva. Y nadie, más que los mexicanos extranjerizados, resultarían los responsables. Máxime si cobran una comisión por cada pedazo de México.

Tal vez es hora de actualizar el artículo 33 de nuestra Constitución. Permítasenos sugerir esta redacción alternativa: ``Si los extranjeros realmente perniciosos para México serán expulsados, aunque siempre con derecho a audiencia, con mayor razón serán castigadas aquellas personas que, disfrazadas de mexicanos, se dedican a complacer a tales extranjeros''. De la técnica legislativa podría encargarse cualquier jurista, excepto los saboteadores de los Acuerdos de San Andrés.