La víctima era inocente, indica el procurador

David Carrizales, corresponsal, Monterrey, NL, 27 de febrero Ť La Policía Judicial de Nuevo León detuvo hoy a cinco de sus agentes comisionados en Linares, acusados de torturar, matar a golpes e inhumar clandestinamente a un detenido, a quien ``investigaban'' con relación a un asalto en una casa de cambio aunque no existía ningún indicio en su contra, informó el procurador de Justicia del estado, José Santos González Suárez.

Los agentes detenidos en relación con la muerte de Villarreal Rodríguez son Josué Gil Valles Espiricueta, José Busto Cerda, Enrique Navarro Martínez, Enrique Flores Almaguer y José Manuel Martínez, quienes están acusados de homicidio calificado, tortura, abuso de autoridad, delitos cometidos en la administración o procuración de justicia y violación a las leyes de inhumación; las penalidades por los referidos hechos varían entre 25 y 40 años de prisión, explicó a su vez el subprocurador César Cantú García.

A las 22:40 horas, el procurador González Suárez informó sobre la renuncia del director de la PJE, Américo Meléndez Reyna, la primera baja que ocurre en el equipo de Fernando Canales en sus primeros cuatro meses de gestión. El procurador Cantú García se hará cargo provisionalmente de la corporación policiaca.

Este funcionario aseguró que no había averiguación previa alguna contra Villarreal Rodríguez, mientras el ahora ex director de la Policía Judicial Meléndez Reyna señaló que no existían elementos para investigar al ahora occiso, pues los empleados de la casa de cambio asaltada en noviembre pasado no lo reconocieron como su atacante.

Además, dijo Meléndez Reyna, los agentes involucrados en el homicidio no reportaron la detención y la policía investigó porque los familiares del occiso denunciaron su desaparición desde el jueves por la mañana; posteriormente, los agentes homicidas y torturadores confesaron que Villarreal Rodríguez había sufrido un infarto cuando lo sometían a un ``interrogatorio''.

El gobernador Fernando Canales Clariond calificó el hecho como una ofensa para el pueblo de Nuevo León y advirtió que no se tolerarán violaciones a la ley, menos por parte de quienes están para servir y cuidar a la comunidad. Asimismo, expresó que, aunque el director de la Policía Judicial del estado no fue partícipe en el homicidio, ``es el responsable'' de los elementos involucrados en el secuestro y homicidio de Villarreal Rodríguez.

Mientras los detenidos afirmaron que la víctima tuvo un ataque cardiaco cuando era interrogado por el robo de 200 mil pesos y ocho mil dólares a una casa de cambio de Linares, la autopsia de ley reveló que Villarreal Rodríguez sufrió múltiples traumatismos y una contusión profunda en el abdomen que le provocó una hemorragia interna de unos tres litros de sangre.

Además, el comandante encargado de la investigación del crimen, José Trinidad de la Rosa Excena, señaló que el cuerpo del occiso presentaba golpes contusos en la cabeza y hundimiento del tabique nasal.

Las lesiones pudieron ser ocasionadas con un objeto alargado o mediante patadas o puñetazos, consideró el director del Servicio Médico Forense de la procuraduría estatal, Mario Alberto Hernández Ordóñez.

Con rostro desencajado, el procurador González Suárez informó en rueda de prensa que la muerte por tortura policiaca es un ``hecho aislado'', que esa práctica debe quedar erradicada en Nuevo León y ``vamos a tomar las medidas necesarias para ello''.

Asimismo, informó que está en marcha un proceso de depuración de los cuerpos policiacos, particularmente entre los 860 judiciales, de los cuales 100 ``están en la mira''. Este acontecimiento sirve de pauta para redoblar esfuerzos y erradicar por completo la actividad nociva de elementos que se valen de su fuero, de la supremacía que tienen frente a un simple ciudadano para cometer fechorías, señaló el funcionario.

Evidentemente, dijo, hay errores administrativos de los jefes policiacos, pero nadie tiene autorización para torturar, y una vez que se desahoguen los aspectos penales, se revisará detenidamente el manejo de la corporación.

Rechazó, sin embargo, que la situación sea similar a la de Morelos, pues ``aquí se trata de un hecho aislado'', y todo parece indicar que no hay altos mandos involucrados.

En tanto, el agente del Ministerio Público adscrito a la PJE, Alfredo Pérez, comenzó la averiguación previa y se investiga la posible participación en estos hechos del comandante judicial comisionado en Linares, Leopoldo González, quien efectuó la aprehensión y tenía a su cargo a los agentes confesos del crimen.

El director de la Policía Judicial de Nuevo León, Américo Meléndez Reyna, explicó que el cuerpo de Villarreal Rodríguez fue sepultado clandestinamente cerca de la comunidad Lucio Blanco, en los límites con Tamaulipas.