La Jornada 2 de abril de 1998

Llama Palacios a encontrar una salida política y apegada a la ley en Morelos

Al tiempo que la dirigencia del PRD en Morelos anunció que presentará una demanda contra los dirigentes priístas que encabezaron las agresiones a los diputados de oposición, el PAN y el Partido Civilista Morelense (PCM) señalaron que poco a poco se están allegando los elementos y pruebas necesarios para interponer una demanda de juicio político contra el gobernador Jorge Carrillo Olea.

Al respecto, el dirigente perredista en Morelos, Julián Vences Camacho, precisó que además del juicio político que promoverán contra el mandatario estatal se estudia la posibilidad de demandarlo penalmente.

En la ciudad de México, mientras las dirigencias panista y perredista pidieron la renuncia de Carrillo Olea, el presidente del PRI, Mariano Palacios Alcocer, llamó a encontrar una salida política en ``un clima de civilidad''. Sin comprometerse en la defensa de Carrillo, dijo que es necesario reivindicar en Morelos el respeto a los derechos humanos y la aplicación del estado de derecho.

Asimismo, Palacios Alcocer conminó al gobernador a cumplir ``estrictamente con su responsabilidad'', pues ``no perdamos de vista que en Morelos hay un enorme rezago social y eso también necesita atacarse, no sólo (debe reivindicarse) la vigencia del estado de derecho, sino políticas públicas que nos ayuden a resolver rezagos sociales, injusticias e insuficiencias'' que lastiman a los morelenses.

Por su parte, el presidente del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, calificó de ``acto burdo y primitivo'' la agresión a los diputados de oposición e imputó directamente la responsabilidad a Carrillo Olea, quien ``por más que quiera ocultarse en sus testaferros, es el responsable y por lo tanto Acción Nacional exige tajantemente su renuncia''.

A su vez, la senadora perredista Amalia García expresó que la tensa situación que se vive en Morelos, agravada por la irrupción de un grupo de priístas en el Congreso estatal, obligará a Carrillo Olea a solicitar licencia para dejar el cargo. ``Hay mayores posibilidades de resolver ese conflicto de ingobernabilidad e intranquilidad porque el PRI no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, además de que la Constitución de Morelos establece que las dos terceras partes de sus integrantes pueden decidir la conformación de un nuevo gobierno'', apuntó.

Porfirio Muñoz Ledo, a su vez, dijo que los hechos en Morelos representan ``un acto de machismo político'' para proteger a Carrillo Olea y consideró que el presidente Zedillo debe poner atención en ese estado.

Condena unánime al PRI y a Carrillo

El PRD presentará una demanda legal contra los dirigentes priístas que encabezaron las agresiones a los diputados de oposición el martes, durante la instalación del periodo extraordinario de sesiones del Congreso estatal, convocado para discutir la aceptación de la recomendación 25/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

José Luis Correa, secretario del comité estatal del PRD, señaló como responsables de la agresión al dirigente estatal del PRI, Jorge Morales Barud; al delegado del CEN priísta en la entidad, Alberto Gándara Magaña, y al coordinador de la fracción priísta en el Congreso local, Víctor Manuel Saucedo Perdomo.

Por su parte, Vences Camacho dijo que además del juicio político contra Carrillo, se estudia la posibilidad de presentar demandas penales contra el propio mandatario ``y algunos de sus colaboradores''.

Acerca del juicio político contra el Ejecutivo estatal, los dirigentes de PRD, PAN y PCM, Vences Camacho, Adrián Rivera Pérez y Andrés Gabino Martínez Toledo, respectivamente, dijeron que existen los elementos necesarios para iniciar el procedimiento, ``pero éstos deben fundamentarse y estar debidamente sustentados para interponer la demanda''.

Por otra parte, los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso estatal, el perredista Ignacio Suárez Huape y la panista Emma Margarita Alemán Olvera, solicitaron hoy la intervención del Presidente de la República para que ``ejerza su facultad constitucional'' y nombre a ``uno o varios comisionados especiales'', así como la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ``para el esclarecimiento de los hechos consignados por la CNDH''. (Francisco Guerrero, corresponsal, y Elizabeth Velasco, Juan Manuel Venegas, Andrea Becerril y Georgina Saldierna)