Ayer, durante los trabajos del Foro de Consulta sobre las Reformas a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, representantes de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y de la propia comisión plantearon la posibilidad de reformar el apartado B del artículo 102 de la Constitución, con el fin de ampliar las facultades y las prerrogativas de la CNDH.

Los participantes en el foro coincidieron en que tal reforma constitucional permitiría al Poder Legislativo designar al ombudsman nacional, concedería a la CNDH presupuesto propio y autonomía del Poder Ejecutivo y volvería obligatorio el cumplimiento de sus recomendaciones. Las modificaciones legales permitirían también que, en caso de que las recomendaciones de la comisión no fueran aceptadas o cumplidas a cabalidad, los funcionarios relacionados con ellas sean llamados a comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Aunque tales propuestas no constituyen todavía una iniciativa formal de modificaciones constitucionales, resulta alentador que hayan recibido el consenso de múltiples actores políticos y sociales. La reforma y el fortalecimiento de la CNDH son medidas indispensables no sólo para darle a esa institución un mayor margen de acción -circunstancia necesaria para garantizar el cumplimiento de sus recomendaciones- sino para consolidar, tanto ante las diversas instancias de gobierno como ante la sociedad, la necesaria cultura de respeto de los derechos humanos.

Desde su fundación, la comisión ha realizado un trabajo importante de investigación, documentación y denuncia de violaciones a los derechos humanos en el país, y desempeñado una valiosa labor de asistencia a las víctimas y de divulgación de las garantías y derechos que deben ser respetados en todo momento, cuya plena vigencia marca, en gran medida, el grado de civilización de las naciones. Sin embargo, debe reconocerse que no todas las recomendaciones de la CNDH son aceptadas y cumplidas de manera inmediata y completa por las autoridades que las reciben, y que la incidencia de casos de violaciones a los derechos humanos en México -como lo han señalado múltiples organismos nacionales y extranjeros- se ha incrementado peligrosamente. La presunta complicidad de funcionarios judiciales de Morelos en secuestros, torturas y asesinatos, y la violencia y las presiones continuas que padecen las comunidades indígenas de Chiapas son sólo dos de los casos más recientes y notorios de violaciones a los derechos humanos en el país.

El fortalecimiento de la CNDH, la ampliación de sus facultades para hacer obligatorio el cumplimiento de sus recomendaciones y la obtención de un estatuto de autonomía dotarían a la comisión de mejores y más capaces instrumentos legales para la realización de sus importantes tareas. Garantizar el respeto y la vigencia irrestricta de los derechos humanos, castigar conforme a la ley a quienes resulten responsables de su violación y brindar una atención integral y solidaria a las víctimas son acciones indispensables para permitir la convivencia civilizada y el desarrollo social y democrático.

La sociedad en general no acepta que sus derechos fundamentales resulten atropellados, y debe contar con las instancias capaces de hacer frente de forma rápida y eficaz a cualquier violación, en especial cuando ésta proceda de instancias del poder público. Por ello, las propuestas de reformas a la ley de la CNDH que redunden en el robustecimiento de esa institución resultarán bienvenidas, máxime si éstas gozan del consenso de un espectro plural de instituciones y organizaciones, tanto del ámbito político y público como del social y civil.