Sigue la agitación campesina en Bolivia; un muerto

Afp, La Paz, 4 de abril Ť La agitación campesina continuó este sábado en Chapare y otras regiones del país andino y se reportó la muerte de otro labriego a causa de la represión, mientras que en La Paz el gobierno del presidente Hungo Bánzer abrió negociaciones con la Central Obrera Boliviana (COB) y hasta el momento las posiciones de las partes eran irreconciliables.

Al entrar en su cuarto día las acciones de bloqueo de carreteras y caminos por parte de los campesinos cocaleros, en la noche del viernes la poderosa Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos Bolivianos anunció su decisión de sumarse a la huelga general decretada el miércoles por la COB.

La central campesina, que aglutina a medio millón de miembros, se incorporó de inmediato a los bloqueos en la carretera que une las ciudades de La Paz, Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este), la más importante del país, por lo que analistas no descartaban que la medida pueda derivar en un ``detonante'' ante el candente clima imperante.

Sólo en Chapare, convertido en el epicentro de los enfrentamientos de cocaleros contra fuerzas armadas y policía antidrogas, se estima que unos 8 mil labriegos mantienen bloqueada la carretera con la consiguiente paralización del tránsito.

En esa zona, tras una refriega de unas cinco horas entre campesinos y fuerzas militares, se produjo la muerte del labriego Benito Mamani a causa de la inhalación de gases lacrimógenos lanzados por los uniformados.

Con este caso se eleva a cuatro el número de muertos por la represión en cuatro días de convulsión social.

Los informes indicaban que hay además ya más de un centenar de heridos y decenas de detenidos, e incluso el parlamentario Félix Sánchez, de la opositora Izquierda Unida, fue detenido en la noche del viernes por oficiales de la policía en Chapare.

El arresto del legislador se produjo cuando llegaba a la zona para sumarse a una comisión de derechos humanos del Congreso, que investiga las posibles violaciones de los derechos humanos y abusos de las tropas del ejército.

No obstante, más tarde el parlamentario fue liberado.

En La Paz, representantes de la COB comenzaron durante la víspera negociaciones con el gobierno y este día continuaron, aunque sin lograr avances en el planteamiento de los trabajadores que demandan un aumento salarial superior al 6 por ciento propuesto por el gobierno.

De momento, la COB no ha abordado con las autoridades el reclamo de los campesinos cocaleros, que exigen la reposición de un bono de 2 mil 500 dólares por hectárea de hoja de coca eliminada, que desde el primero de abril sufrió un recorte de casi 40 por ciento.

Sin embargo, las posiciones parecían irreconciliables ya que ante la demanda de la COB de un aumento salarial de 6.5 por ciento al magisterio, 5 a salud y 3.5 al resto de la administración pública, el gobierno respondió que en esos sectores debe haber despidos.

A su vez, los dirigentes de los trabajadores contrademandaron la suspensión del paro al pago de la deuda externa, y el gobierno dijo que eso ``no era serio''.

Por lo menos cinco ministerios participaban en las negociaciones y sus voceros estaban pidiendo la suspensión de la huelga de la COB y sus acciones en las calles para continuar las pláticas, mientras que la central sindical aseveró que las negociaciones puedan continuar con la huelga.

Durante las conversaciones los ministros de Gobierno y de Defensa, Guido Nayar y Fernando Kieffer, insistieron en que en este conflicto hay ``agitadores extraños'' y ``narcotraficantes'' que están empujando a la violencia en La Paz y Chapare.

Mientras que Kieffer reiteró que detrás de la ola de violencia ``están los dineros del narcotráfico'', Nayar afirmó que la policía incautó a vendedoras ambulantes en la capital del país 68 cartuchos de dinamita, que vendían a los manifestantes al equivalente a tres dólares, además de que fueron arrestadas varias personas con armas de fuego.

El Ministerio de Trabajo encaminaba las pláticas en torno a la posibilidad de compensar a los deudos de las víctimas del conflicto social y considerar una mejora gradual al resto de las demandas, pero los sindicalistas no estaban satisfechos con la respuesta de que sus exigencias se enmarcan en la pobreza que el país arrastra desde hace años, aunado a la advertencia de que la fuerza pública seguirá actuando.