La independencia conferida al Banco de México con respecto al Ejecutivo en abril de 1994 le ha dado a esa institución un mayor poder en la ejecución de la política monetaria. Ahora, con las iniciativas de ley que el Congreso debe dictaminar en el actual periodo de sesiones, el presidente Ernesto Zedillo quiere ampliar ese poder para que el banco central tenga bajo su responsabilidad también la política cambiaria y hasta la supervisión de las instituciones financieras. Pero lo que necesita esta economía en un Banco de México fuerte y no poderoso es, precisamente, la fuerza, la que no se le puede dar por decreto a esa institución.

El Banco de México no ha sido exitoso en el cumplimiento de los objetivos que le marca la ley. La crisis de 1995 evidenció que la independencia en la conducción de la política monetaria era letra muerta. El banco central se prestó a un aumento del crédito cuando las razones políticas del gobierno lo exigieron, igualmente permitió la sobrevaluación del peso cuando el ajuste debía hacerse en un entorno de fuerte desgaste entre el propio grupo en el poder y después era impracticable ante la cercanía de las elecciones de 1994. Se convirtió, así, en parte activa de la crisis bancaria violando con ello la responsabilidad legal que tiene para cuidar de la integridad del sistema financiero. El poder que había recibido el banco central quedó anulado por su sumisión al Ejecutivo, y la SHCP fue la que dictó la línea a seguir. La institución independiente se plegó a las decisiones del gobierno, dónde están Aspe y Serra por un lado y Mancera por otro para que rindan cuentas de esos hechos, ¿o es que la función pública y la independencia de las instituciones seguirá peleada con la rendición de cuentas? Este aspecto, por cierto, no se contempla de manera suficiente en las leyes a las que hacemos referencia.

Durante los últimos tres años, el banco central ha mantenido un férreo control sobre la cantidad de dinero en la economía y con ello ha contribuido de modo prácticamente único a la contención de la demanda agregada de la economía y a que se mantengan sumamente elevadas las tasas de interés. La ley marca que Banxico debe proveer de moneda nacional a la economía pero se entiende que esto no puede ser a costa de una permanente restricción de la capacidad de aumentar la demanda de la población. Esto no es consistente con la premisa a la que esa institución se adhiere de que el crecimiento debe acarrear el bienestar.

Las iniciativas de ley enviadas al Congreso pretenden hacer más poderoso al Banxico pero no podrán hacerlo más fuerte. La fuerza de la institución sólo puede provenir de un sólido funcionamiento de la economía y esta condición está muy lejos de alcanzarse todavía. El Banco de México tiene aún que demostrar que puede fortalecer su capacidad de gestión monetaria independiente, y si se le quiere dar el control de la administración de la política cambiaria, el gobierno no debe de modo alguno ceder el control del régimen cambiario, es decir, la decisión sobre qué tipo de vinculación se establece entre el peso y el dólar. Para que una institución como Banxico sea realmente independiente no sólo en términos legales, sino de legitimidad política y social tiene que demostrar con hechos que cumple eficazmente sus funciones. Además, esa independencia para que sea verdadera necesita de un amplio consenso entre las fuerzas políticas del país y éste no existe hoy en México. Lo que esta economía requiere es el restablecimiento de un efectivo régimen de crecimiento, que es lo que no ha existido en los últimos 20 años. Asentadas en una fuerza económica, las instituciones como Banxico podrán ser fuertes y cumplir sus objetivos económicos y dejarán de ser poderosas por voluntad del gobierno.