En la diócesis de San Cristóbal, 36 templos cerrados por priístas

Juan Balboa, corresponsal/ I, San Cristóbal de las Casas, Chis., 5 de abril Ť A tres años de haber iniciado al diálogo de paz entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que dirige el obispo Samuel Ruiz, ha tenido que enfrentar una agresión soterrada que, hasta la fecha, ha dejado un saldo de 36 templos cerrados, destruidos o profanados.

En un reporte enviado por la diócesis a la Secretaría de Gobernación, aparecen en forma detallada las iglesias quemadas, cerradas, profanadas, destruidas, prohibidas para oficiar misa y, en algunas de ellas, ocupadas por el Ejército Mexicano y la policía de Seguridad Pública del estado, en comunidades indígenas de ocho municipios de las regiones selva Lacandona, Altos y Norte de Chiapas.

El templo de Chenalhó se sumó esta semana a la lista de parroquias donde los sacerdotes de la diócesis de Samuel Ruiz García han sido impedidos de realizar su trabajo pastoral por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los templos ubicados en los municipios de Tila y Sabanilla, en el norte del estado, han sido los más afectados por la ``violencia'' que ha desatado contra ellos el grupo paramilitar priísta Paz y Justicia.

En Tila, la organización priísta ha profanado los templos de Corosil y Huanal, reconstruidos después por la propia comunidad; Jolniextié y Libertad Jolniextié. Seis más fueron cerrados aun con la oposición de los católicos: Miguel Alemán, El Limar, Panwits, Crucero, Masojá Grande y Pastatal.

En El Limar, considerado el principal centro de operaciones de Paz y Justicia, el atrio de la iglesia fue ocupado por el Ejército y la policía de Seguridad Pública.

En Sabanilla, los templos de Bebedero, Moyos, Jesús Carranza, 20 de Noviembre, Pasija de Morelos, Xuxupa y Paraíso, también fueron cerrados y en la mayoría, según el informe de la diócesis, se impide la celebración de la Eucaristía y no existe garantías de seguridad para el sacerdote.

Los municipios de Hixtán y Chenalhó siguen en la lista con el mayor número de parroquias afectadas por la violencia. En el primero, destaca la iglesia de San Fernando que fue cerrada para todos los católicos y existe la prohibición de asistir a la Eucaristía bajo la amenaza de cárcel.

En Yabteclum, municipio de Chenalhó, fue cercada con alambre la casa de los catequistas. Pero aún más grave es la prohibición de las autoridades y agentes municipales priístas de la llegada de un nuevo sacerdote que habría de sustituir al cura francés Michel Henri Jean Chanteau, expulsado el pasado 26 de febrero.

El 4 de abril, el consejo municipal que preside Pedro Mariano Arias Pérez, y los agentes municipales, rechazaron la llegada del párroco Pedro Arriaga y acordaron contratar a un padre independiente a Samuel Ruiz para que participe en las celebraciones católicas de Semana Santa.

En el municipio de Chanal también está cerrado el templo, le fue prohibida la entrada al sacerdote y la comunidad católica se reúne en casas particulares. La población, de mayoría priísta, intenta construir un nuevo templo independiente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Tumbalá, San Andrés Larráinzar y Ocosingo, son los otros municipios en donde los templos han sido cerrados, destruidos o profanados. En la comunidad La Estrella, en Ocosingo -el municipio más importante de la zona de conflicto-, el Ejército Mexicano semidestruyó la ermita, la cual fue reconstruida, al igual que otras en las tres regiones, por los propios pobladores.

Hacer valer el derecho al libre culto, pide obispo a las autoridades

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis. Ť La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá intervenir a fin de hacer valer el derecho al libre culto, en comunidades como las de Chenalhó, donde se viola el artículo 130 constitucional, afirmó el obispo de la diócesis de Tuxtla, Felipe Aguirre Franco, tras señalar que ningún sacerdote de otra diócesis está autorizado a oficiar en la de San Cristóbal.

Al término de su mensaje pastoral de Cuaresma, uno de los cuatro abispos católicos de Chiapas afirmó que la diócesis a su cargo (la de Tuxtla), no va a intervenir enviando a algún sacerdote al municipio de Chenalhó, ahora que las comunidades priístas acordaron no permitir la entrada de párrocos de San Cristóbal.

``Sólo si los obispos de esa diócesis lo piden, enviaremos a algún religioso, pero aquí quien debe intervenir es Gobernación'', afirmó.

Ello en la medida en que al no permitir el acceso a los sacerdotes ``se violan las leyes que nos rigen''. Felipe Aguirre hizo un llamado a la comunidad de Chenalhó a que rectifique su actitud, y a las autoridades a que intervengan.