DobleJornada, lunes 6 de abril de de 1998

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Después de varios días de negociaciones, las diputadas federales y senadoras de todas las fracciones parlamentarias pactaron un Punto de Acuerdo para que el Parlamento de Mujeres de México se conformara como una Comisión Bicamaral, en concordancia con los artículos 46, párrafo segundo, 77 y 90, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de su Reglamento Interno.

Ahora toca al pleno de la Cámara de Diputados y del Senado de la República respetar dicho Punto de Acuerdo y aprobar la creación de la Comisión Bicamaral, cuya función será la promoción de una Agenda Legislativa Nacional y de políticas públicas para eliminar toda forma de discriminación de género; batalla legislativa poco sencilla, si se toma en cuenta lo complejo de la negociación entre las legisladoras para resolver la instalación del Parlamento, y que las propuestas de las mil 300 mujeres no quedaran circunscritas dentro de un encuentro más entre mujeres y pasaran a los anales de la historia en un bello libro conmemorativo.

El estira y afloja

Las negociaciones empezaron dos días antes, justo cuando el cúmulo de ponencias recibidas estaba muy cerca del número mil. Seguramente nadie pensó que la respuesta de la sociedad civil rebasaría todas las expectativas, considerando que la convocatoria tenía escasos 45 días de haberse publicado.

Fue entonces que la fracción priísta del Senado, encabezada por Beatriz Paredes, empezó a cuestionar el fundamento jurídico del Parlamento. Se dijo que no tenía sustento legal para poder instalarse y comenzaron las negociaciones en corto; telefonemas a las involucradas, reuniones cupulares cerradas y un llamado general a no instalar el Parlamento y mejor conformar una asamblea. A todas luces una propuesta imposible.

Ya en 1992 se habían reunido por vez primera legisladoras y sociedad civil en el Encuentro Nacional de Mujeres Legisladoras. Ahí estuvieron presentes las diputadas federales, locales y senadoras, junto con las representantes de la sociedad civil. Estaban ante el fin de la guerra fría y la globalización económica, y el surgimiento de los bloques económicos eran la puerta a la pluralidad política mundial. Hablaron entonces de ajuste económico, desarrollo social y reforma del Estado; intercambiaron puntos de vista, visiones y, en un diálogo que la misma Beatriz Paredes pidió ``no convertir en un debate parlamentario'', el reto fue ``encontrar la franja de intereses comunes y llegar a puntos de convergencia''.

Ella misma resaltó que ``no tomar en cuenta a la sociedad, deviene una apuesta por el autoritarismo''. Es cierto, quizá por eso, al filo de las 23:00 horas del 7 de marzo, diputadas y senadoras, después de varias horas reunidas en el Salón de Protocolo de la Cámara de Diputados, y con el rumor a voces corriendo entre los pasillos y salones de San Lázaro de que el Parlamento de Mujeres corría el riesgo de no ser instalado, hurgaron en la legislación y desempolvaron los artículos de la Ley Orgánica y el Reglamento Interno del Congreso de la Unión y resolvieron el Punto de Acuerdo.

Porque fue precisamente la sociedad civil, concretamente la Asamblea Nacional de Mujeres para la Transición a la Democracia, la que planteó a las presidentas de la Comisión de Equidad y Género la necesidad de convocar desde el Congreso de la Unión al Parlamento de Mujeres. Decir que no se podía instalar era casi no querer reconocer como actoras políticas a las mujeres, aquellas que en épocas de elecciones son llamadas y tomadas en cuenta porque se sabe que su voto define a favor o en contra las candidaturas.

De lo posible a lo vivible

Salvado el Punto de Acuerdo, en las mesas de trabajo se perfiló la agenda legislativa. Aquello que ahora es impostergable: adecuar las legislaciones federales y locales con los convenios y pactos internacionales firmados y ratificados por el gobierno de México y que hasta la fecha son un cúmulo de buenas intenciones, pero siguen siendo lo posible, más no lo vivible.

Se trata de convenios y pactos que hablan sobre la no discriminación y la eliminación de todas las barreras culturales, políticas, sociales, legales y económicas que impiden a las mujeres el disfrute pleno de sus derechos, así como de su incorporación, en igualdad de condiciones, al desarrollo.

``Se acabó te quiero'', dice un dicho que en términos políticos advierte: no más cuotas que garanticen los mínimos de participación política femenina. ``Queremos la mitad del poder y de la Tierra'', dijo la senadora Amalia García en su discurso de clausura, el cual recogía el sentir de las mujeres cuya emergencia ciudadana fue más que evidente en la mesa 7, sobre participación equitativa de las mujeres en la administración pública y en los cargos de elección popular''; misma que tuvo que subdividirse debido al cúmulo de ponencias y propuestas que llegaron a las oficinas de las comisiones de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

Cerca de 300 mujeres llegaron con propuestas concretas que hablan de paridad política y en la administración pública; sobre la creación de comisiones de Equidad y Género en los congresos locales, así como su inclusión en el debate sobre la reforma del Estado.

Acortando distancias

Mil 300 mujeres reunidas por primera vez en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados es no sólo la imagen de la fuerza política de las mujeres, sino un acto que rompió con los mitos, con la distancia entre el poder legislativo y la sociedad.

Sentadas en las curules, con los pasillos rebosados y las galerías del primero y segundo nivel llenas las mujeres, las integrantes del Parlamento abrieron una forma distinta de hacer política y crearon un binomio que antaño parecía imposible: la participación activa y propositiva de la sociedad civil en la elaboración de iniciativas de ley en conjunto con el poder legislativo.

Hablamos de un poder que se había caracterizado por convocar a foros ciudadanos, donde hombres y mujeres proponían, pero no participaban en la elaboración de las agendas legislativas y mucho menos en la definición de las políticas públicas. Hoy el binomio puede tomar consistencia y constituirse en una fuerza política real, si las comisiones de Equidad y Género del Congreso de la Unión buscan la aprobación del Punto de Acuerdo y establecen claramente reglas de participación incluyentes para la sociedad civil en los grupos de trabajo, tomando en serio y sin darle la vuelta la demanda que hicieron las mil 300 mujeres: adecuar las legislaciones y agendar debates donde se recojan los puntos de coincidencia para avanzar en el terreno de la equidad legislativa.

El Punto de Acuerdo señala que la Comisión Bicamaral se apoyará en grupos de trabajo especializados, con la presencia de las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas en los individual, donde se debatirán y consensarán reformas reformas jurídicas, hoy impostergables, que luego deberán ser aprobadas por el Congreso.

La base de los debates parlamentarios en cada uno de los grupos de trabajo serán las relatorías de las nueve mesas temáticas; ahí está el sustento de la agenda legislativa que tendrá que priorizarse tomando en cuenta los grandes pendientes para reformar todo el sistema jurídico mexicano:

Legislar sobre violencia intrafamiliar; agravar las penas por los delitos de violación, hostigamiento y abuso sexual; reformar el artículo 4o. constitucional para incorporar el concepto de equidad y la protección de la salud; modificar el lenguaje sexista y discriminatorio de la Constitución; reglamentar el derecho a la tierra para las mujeres indígenas y campesinas, y reformar los obsoletos códigos civiles en relación a la familia, partiendo del reconocimiento de que las familias mexicanas no son homogéneas, sin olvidar la eliminación de la caduca Epístola de Melchor Ocampo.

Algunos temas, a pesar de que no tuvieron consenso, porque no era el momento para que fueran debatidos, sí plantean la necesidad de ser abordados de tal forma que abran el camino hacia una discusión seria y objetiva, sin prejuicios. Tal es el caso del debate sobre la despenalización y legalización del aborto; la libre opción sexual; la protección de los derechos, y la no discriminación de los homosexuales y las lesbianas; la incorporación en los planes de estudios de la educación sexual.

A pesar del cúmulo de trabajo que se avizora, reunida la república, la de las mujeres y su fuerza política, que no simbólica, pone en evidencia --aunque algunos/as se resistan a constatarlo-- que la República mexicana cambió, que hoy necesita aprender a dialogar entre hombres y mujeres, políticos y sociedad civil. Lo contrario es regresar al pasado y apostarle todo al mero discurso. La enunciación del cambio sólo tiene diez letras: democracia.

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PARLAMENTO DE MUJERES

Mujeres participantes Mil 113

Legisladoras 164

Ponencias 211

Invitadas y ponentes 949

PAN 49

PRI 93

PRD 70

PT 5

PVEM 0

ONG y otras 896

Ponencias por tema de interés:

Violencia 66

Educación 41

Seguridad social y trabajo 78

Códigos civil y familiar 39

Salud 45

Campesinas 24

Participación política 81

Mujer indígena 22

Comunicación 19