Antes y después de las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas; de que los actores involucrados apuesten al restablecimiento del diálogo; de la anhelada firma de la paz digna para todos, es y será necesario desplegar en Chiapas iniciativas de largo aliento que preparen el camino de la reconciliación y la convivencia.

Se trata de cambiar una realidad marcada por la pobreza y la marginación, por el racismo y la exclusión, por el desgarramiento de la vida comunitaria y el abuso de autoridad. De frenar y revertir la inercia que durante mucho tiempo separó a los poderes públicos de las necesidades ciudadanas. De construir instituciones nuevas para una gobernabilidad radicalmente distinta: con justicia y equidad.

Por ello la reconciliación no puede ser una vuelta a la ``normalidad'', como si nada hubiera ocurrido además de la guerra y la muerte. Las vidas sacrificadas por la violencia o el abandono, la tragedia de los desplazados, la barbarie como símbolo de ruina moral y derrota del espíritu humanitario, reclaman transformaciones de fondo.

No existe otro camino. La reforma del Estado mexicano pasa por Chiapas. Y no solamente por la situación de alto riesgo que hoy distingue a la entidad, sino como emblema doloroso del otro México: el de las culturas negadas, el de los rezagos inmemoriales, el de la sobrevivencia en los límites.

No se cuestiona el carácter prioritario de los temas ``coyunturales'' en la agenda nacional para Chiapas: la negociación que lleva a la paz; el establecimiento de un marco jurídico que impulse una nueva relación con los pueblos indígenas. Pero junto con ello, se hace cada vez más urgente el diseño y la aplicación de una política integral que desborde el cálculo inmediato y la respuesta a ``botepronto'' explicable ante la emergencia, pero insuficiente a mediano plazo.

Hablo de un reto de dimensiones mayores que no puede ser abordado --mucho menos resuelto-- con visiones parciales o mediante recetarios inflexibles. Hace falta imaginación política, apertura, la voluntad de todos para la construcción de consensos, para la convergencia de voluntades. En consecuencia, no es una labor que comprometa sólo a los actores políticos convencionales (gobiernos federal y local, Congreso de la Unión, congreso local, partidos, grupos de poder) sino al conjunto de organizaciones sociales, comunitarias y productivas del estado.

Transformar la realidad, ni más ni menos. Un conjunto de reformas y acciones que, entre otras, modifique sustancialmente el escenario chiapaneco en el más corto plazo y en la perspectiva del nuevo siglo: Reforma político-electoral que amplíe la representatividad del Congreso local y dote de legitimidad democrática a los poderes públicos. Profunda reforma judicial que haga vigente el Estado de derecho, el ejercicio de las garantías individuales y el respeto a los derechos humanos.

Política social que rebase las limitaciones del asistencialismo y la filantropía; que ataque las causas estructurales de la miseria y el atraso (estudios señalan que con el nivel de inversión actual en Tuxtla Gutiérrez se necesitarían 25 años para que esa localidad cubriera sus servicios básicos en un 100 por ciento. Para lugares como Chenalhó transcurrirían 525 años).

Trascendente reforma agraria integral y programa económico que contemple, de manera preferencial, soluciones a la problemática de los grupos más necesitados; que reactive la economía rural, con apoyos especiales a campesinos pobres, ejidos y empresas comunitarias; que fomente la creación de empleos productivos y mejore las condiciones laborales, tanto en zonas rurales como urbanas.

Reforma educativa que sustente, anime y consolide el cambio en los órdenes antes referidos. Una educación de calidad para la democracia y la equidad, para la igualdad entre hombres y mujeres, para la solidaridad y la dignidad. Una educación que descubra vocaciones, genere bienestar y prepare para la vida productiva que reclama una cultura de la calidad y la eficiencia. Una educación para la paz, la tolerancia y el valor civil.

Es verdad que el conflicto latente y la polarización social reducen los márgenes de maniobra. Pero en ello estriba la gran paradoja: si no se actúa con firmeza en esa dirección, estaremos respondiendo parcialmente a un estado de cosas que reclama soluciones de gran envergadura.

Correo electrónico: [email protected]