Indaga la PGJDF colusión de gerentes de bancos con defraudadores

Humberto Ortiz Ť De común acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Asociación de Banqueros de México, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga a gerentes y jefes de seguridad de todas las instituciones crediticias por su presunta vinculación con bandas de defraudadores que anualmente provocan quebrantos al sistema financiero nacional por mil y hasta mil 500 millones de pesos. Las autoridades buscan a una que en un solo acto efectuó un fraude estimado entre 20 y 30 millones de pesos.

Es un delito al que administraciones pasadas no prestaron atención pero que ha destruido patrimonios enteros y afectado a inocentes, revelan informes de la PGJDF y detalla el modus operandi y los métodos para blanquear el dinero producto de esa ilegal actividad.

De acuerdo con los investigadores, que requieren alto grado técnico para perseguir a estos hampones, la fotocredencial de votante es alterada por maleantes para, en complicidad con ejecutivos bancarios, cambiar cheques falsos.

El problema es que la cámara de compensación verifica la autenticidad o no del documento hasta dos o tres días después de la transacción en la entidad crediticia, lo que da tiempo a los defraudadores de lavar el dinero con la compra de bienes muebles de mayor consumo y fácil comercialización en el mercado, principalmente automóviles y casas que logran colocar rápido.

Según los reportes oficiales, este año hay 800 averiguaciones previas abiertas por falsificación de documentos cobrables e igual número de denuncias por fraude con tarjetas de crédito. En el Distrito Federal, los investigadores tienen detectadas tres o cuatro bandas ``muy perniciosas'' para el sistema financiero y coludidas siempre con personal bancario. Por eso, la nueva administración del procurador Samuel del Villar entró en contacto inmediato con la CNBV y la Subdirección Jurídica de los banqueros organizados, a fin de calcular la magnitud del ilícito y definir medidas para combatirlo, más que con indagatorias policiacas, mediante pesquisas ministeriales de fondo.

El objetivo, señalan los informes, es contar con todos los elementos jurídicos que permitan generar cauces suficientes para inculpar a los responsables, que las averiguaciones previas no carezcan de fundamento suficiente y así el juez dicte formal prisión a los indiciados. Los investigadores señalan que la mayoría de los fraudes contra instituciones bancarias se dan con cheques de 10 mil a 15 mil pesos, pero al profundizar en las indagatorias quedan al descubierto cantidades exorbitantes detrás de bandas bien organizadas, ``pocas pero perjudiciales para la economía''.

No sólo pegan con sus fraudes en esta ciudad, sino que también, y con mayor facilidad, en la provincia. Allá también cuentan con contactos en bancos que conocen a fondo sus formas de operar. Gerentes o jefes de seguridad dan entrada a cheques falsos y admiten fotocredenciales del IFE alteradas. Este es un documento, dicen los expertos, inviolable como acreditación electoral pero alterable como identificación oficial. Sólo es necesario levantarle la película de seguridad que cubre los datos, cambiar la foto por la del sujeto que cobrará, pasarle una plancha caliente y listo.

Agentes han acudido a los domicilios de las personas cuyos datos aparecen en el documento para corroborar que efectivamente corresponda a la persona que aparece en el retrato, pero en 90 por ciento de los casos no es la misma cara.

La credencial de elector con fotografía proviene de robos comunes. Los delincuentes las venden a los grupos de defraudadores y estos le dan un uso quizá más redituable. Sin embargo, pese a la preocupación que ha despertado entre banqueros y autoridades --aseguran las fuentes consultadas--, este ilícito ya llegó a su máximo índice porque ``estamos atacándolo''.

Son tres las vertientes de este delito que, afirman, ha bajado hasta la fecha en 50 por ciento: en promedio diario es detenido un defraudador por falsificación de ventanilla, en flagrancia, cuando en la pasada administración sólo era por tentativa de fraude. En segundo lugar figura la falsificación de documento de la Tesorería, luego el fraude con apertura de cuentas mediante documentación apócrifa. El individuo deposita el cheque falso en una cuenta y la transacción, vía cámara de compensación, abona el dinero sin problemas. El delincuente lo saca de inmediato y el delito es detectado hasta dos o tres días después.

Los informes explican que toda esta red de crimen organizado, corrupción y complicidades empieza en la delincuencia común. Es decir, en el asalto y robo, de donde son obtenidos documentos originales que finalmente sirven para la defraudación.

Actualmente en la Cámara de Diputados, dentro de la iniciativa de reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, se propone elevar este tipo penal a la categoría de grave. ``Esto da a saber la magnitud de lo que hablamos'', dicen fuentes de la PGJDF.

La CNBV y la ABM se comprometieron a proporcionar toda la información necesaria que permita identificar al personal que dentro de las instituciones permite la expansión de este delito. Lo grave del asunto, advierten expertos consultados, es que si bien los bancos tienen sus propios candados de seguridad en toda operación financiera, ``sabemos que están infiltrados...''

Dos casos típicos

Con su ficha de depósito en la mano, un sujeto acudió a una agencia Chrysler y compró cuatro Cirrus de modelo reciente. El gerente checó en Banamex y no hubo problema. El banco liquidó el adeudo y dos días después descubrió, en su cámara de compensación, que el cheque depositado era falso. Tuvo que asumir un quebranto por más de 450 mil pesos.

La averiguación previa C0/NVK/890/97-05 da cuenta de este fraude. La primera línea de investigación consistió en ubicar los vehículos: dos fueron encontrados y en uno más el propietario compareció ante el Ministerio Público para dar pistas y datos de los defraudadores. De momento, el caso queda al criterio de un juez: devuelve el automóvil al comprador o lo entrega al banco.