Riesgo de que el Fobaproa pierda todos sus activos: Ramírez Cuéllar

Antonio Castellanos Ť Existe el riesgo de que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) no recupere ni 30 por ciento de los 350 mil millones de pesos en que están valuados sus activos, afirmó el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, y exigió a la Suprema Corte de Justicia manifestarse contra la capitalización de intereses. Hay elementos para sentar jurisprudencia, subrayó.

La solución de la cartera vencida y acciones para reactivar el crédito a la pequeña y mediana empresa deben ser temas en la discusión del paquete de reformas al sistema financiero, acordaron los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), precisó Ramírez Cuéllar. Luego de una reunión con los dirigentes de la Asociación de Banqueros de México, dijo que estos tienen disposición para analizar las propuestas.

A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Tarjetahabientes (Antac), Francisco Castro, precisó que hay indicios de la existencia de una carta de intención del gobierno federal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para entregar la banca al capital extranjero, y el diputado panista Eduardo Mendoza, en conferencia de prensa, afirmó que las reformas consolidarán la corrupción prevaleciente en el sistema financiero.

Ramírez Cuéllar manifestó que está por comenzar una gran negociación nacional en torno al paquete financiero legal propuesto por el Ejecutivo federal, sin actitudes de confrontación como las del secretario de Hacienda, José Angel Gurría, que cierran toda posibilidad a un acuerdo. Hoy se le presentará la propuesta al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, de quien, apuntó, se espera mayor receptividad.

Dijo que los mecanismos propuestos en los artículos transitorios de la iniciativa para desaparecer el Fobaproa facilitan la transferencia de recursos, que finalmente significarían una mayor pérdida que a 70 por ciento se calculó en 245 mil millones de pesos. Las subastas, además, podrían operar a la baja a partir de que se les considera una cartera de ``muy mala calidad'', según el subsecretario Martín Werner.

El problema de los deudores y la falta de recursos para reactivar la planta productiva de la pequeña y mediana empresa, recalcó, son dos temas que no pueden quedar fuera de la discusión de las propuestas presidenciales. En eso están de acuerdo todos los partidos políticos; también en defender la posición fiscalizadora del Poder Legislativo y acotar la presencia del capital extranjero en la banca.

Castro de la Cruz, dirigente de los tarjetahabientes, dijo que junto con El Barzón se emprenderá una acción legal para exigir la nulidad de los contratos con la banca, porque hay cinco resoluciones consecutivas de los jueces en contra del cobro de intereses sobre intereses, necesarios para sentar jurisprudencia. Ahora sólo falta exigirla.

Al respecto, Ramírez Cuéllar informó haber pedido al titular de la Suprema Corte no vacilar en sentar la jurisprudencia contra los cobros ilegales de la banca; no debe ocurrir, por ningún motivo --sean presiones de los banqueros o de funcionarios públicos--, lo mismo que pasó cuando se declaró ilegal la privatización de la banca.

Hay más, agregó, Castro de la Cruz. Todo parece indicar que el gobierno federal firmó una carta de intención con el FMI para entregar el control de la banca al capital extranjero. Este presionará para que el Fobaproa le venda pesos a menos de 30 centavos. Eso ya lo habían alertado los tarjetahabientes y ahora el gobierno admite que recuperará sólo 30 por ciento, por ser una cartera de ``muy mala calidad''. Se infiere además, por la apertura sin límite al capital foráneo en la banca privada.

La cartera vencida, indicó Ramírez Cuéllar, debe resolverse con la depuración de saldos con tres elementos: declarar ilegales los intereses moratorios, revisar el valor comercial de las garantías y el valor de mercado de la deuda. Como complemento, establecer un esquema de pagos que incluya como tales sólo 30 por ciento del ingreso de las personas físicas y morales.